La maquinaria institucional de San Lorenzo volvió a fallar estrepitosamente. Cuando todo parecía encaminado hacia un desenlace definitivo en la batalla interna que consume al club desde hace meses, la Asamblea Extraordinaria convocada para zanjar la situación de Marcelo Moretti colapsó antes de siquiera empezar. Faltó gente. Faltaron números. Faltó el quórum que el oficialismo necesitaba para avanzar con el expediente disciplinario en contra del ex presidente. Y en esa ausencia, Moretti encontró su salvavidas más inesperado. La consecuencia inmediata es clara: el expresidente mantiene intacta su condición de socio y continúa sin inhabilitación formal para ocupar cargos dentro de la estructura dirigencial. Pero la lectura más profunda apunta hacia algo más incómodo para la gestión actual: existe una fracción significativa dentro de San Lorenzo que, al menos por ahora, sigue respaldar al hombre que una vez gobernó la institución.

El intento de sanción se desmoronó por números crudos. La dirigencia liderada por Marcelo Culotta requería que se presentaran 90 asambleístas para legitimar el tratamiento del dictamen que recomendaba expulsar a Moretti e inhabilitarlo de por vida para ejercer cualquier función dentro de la organización. Sin embargo, 38 representantes brillaron por su ausencia. Esa cifra no es un detalle administrativo menor: es la evidencia de una fractura en el consenso que el oficialismo asumía como dado. Quiénes faltaron, por qué faltaron y si lo hicieron de manera deliberada o casual son preguntas que quedarán flotando en el aire, pero el resultado es inequívoco. Los números no alcanzaron. La sesión no pudo celebrarse. El expediente quedó congelado. Y Moretti, lejos de amedrentarse, salió del encuentro con una conclusión que resumía su análisis de los hechos con la brevedad de quien sabe leer entre líneas: "Todavía tengo leales", soltó ante los medios presentes.

El origen del conflicto: dinero, cámaras ocultas y denuncias penales

Para entender la envergadura de lo que ocurrió en la Asamblea fallida, es necesario retroceder hasta abril del año anterior, cuando un video grabado en secreto circuló por los pasillos del club como pólvora. En esas imágenes, Moretti aparecía recibiendo 25.000 dólares en una situación que, según la acusación, estaba directamente vinculada con la incorporación de un jugador juvenil a las divisiones inferiores sanlorencistas. El entonces presidente negó categóricamente cualquier irregularidad y argumentó ser víctima de una operación política en su contra. Pero la justificación no frenó el curso de los eventos. La oposición, bajo la bandera de César Francis, quien se desempeñaba como vocal, presentó una denuncia penal que activó la maquinaria judicial.

Desde ese momento, la situación de Moretti dejó de ser un asunto puramente institucional para convertirse en un caso que atraviesa sistemas distintos. La jueza Laura Bruniard, tras los trabajos investigativos de la fiscal Mónica Cuñaro, tomó la decisión de procesar a Moretti y dispuso un embargo por 38 millones de pesos sobre su patrimonio. Estos movimientos legales fueron los que motivaron que el Tribunal de Disciplina y Ética de San Lorenzo, trabajando sobre el expediente 02/2025, recomendara la "inhabilitación absoluta" y la "expulsión en su calidad de socio". La intención era clara: cerrar de una vez la participación del ex presidente en la vida institucional del club mientras avanzaba el proceso penal.

El argumento de Moretti contra la sanción disciplinaria

Pero aquí es donde la defensa de Moretti encuentra un resquicio legal que, al menos por ahora, le permite respirar. El ex presidente sostiene una posición que, aunque cuestionada por sus detractores, tiene cierta solidez estatutaria. Argumenta que San Lorenzo no puede avanzar con una expulsión o inhabilitación mientras no exista una sentencia judicial firme en su contra. "No pueden sacarme el carnet sin que la Justicia haya tenido una sentencia firme en mi contra. Es anti estatutario", afirmó con énfasis. Esta defensa apunta hacia una tensión fundamental en cualquier institución: ¿puede una entidad civil sancionar internamente a un afiliado antes de que la justicia penal haya dictado sentencia definitiva? La pregunta es pertinente y toca aspectos de derecho administrativo y garantías procesales que van más allá de los muros de San Lorenzo. Moretti cuestiona entonces el procedimiento mismo, no solo los hechos que lo sustentan.

Mientras la batalla institucional se congela temporalmente, el ex presidente se dedica a reivindicar su gestión desde otro flanco. Mantiene una presencia activa en redes sociales donde destaca una de las operaciones que considera su mayor acierto: la incorporación de Orlando Gill, arquero paraguayo cuya trayectoria lo catapultó como figura decisiva en su selección nacional durante el torneo mundial. San Lorenzo adquirió una porción de los derechos deportivos de Gill por 500.000 dólares, una inversión que podría traducirse en ganancias significativas si la transferencia se concreta. Para Moretti, Gill encarna exactamente aquello de lo que lo acusan sus críticos de descuidar: la búsqueda de jugadores con potencial que puedan generar valor económico futuro. El arquero se ha convertido, irónicamente, en uno de los activos más valiosos del club y representa un argumento tangible de que no todas las decisiones de su gestión resultaron contraproducentes.

El panorama institucional hacia adelante

Lo cierto es que el conflicto está lejos de resolverse. La dirigencia encabezada por Culotta deberá decidir en los próximos días cuál será el siguiente movimiento estratégico. ¿Intentar nuevamente convocar a Asamblea esperando mejor participación? ¿Buscar consensos adicionales para ganar votos que faltaron? ¿Avanzar exclusivamente en el frente penal esperando una sentencia que facilite después los procesos disciplinarios internos? Todas esas opciones están sobre la mesa, pero ninguna es sencilla. El fracaso del quórum dejó en evidencia que no existe un acuerdo cerrado dentro de San Lorenzo respecto a la expulsión de Moretti, al menos no uno que se traduzca en presencia física en una Asamblea convocada con ese propósito específico.

Por su parte, Moretti conserva intacta su posición dentro de la estructura de afiliados y espera el veredicto de la justicia penal, que podría cambiar las reglas del juego completamente. Si la sentencia en su contra llega a ser firme, entonces el camino para una expulsión disciplinaria se simplificaría enormemente. Si, por el contrario, obtiene un veredicto favorable o los cargos se desmorona ante los tribunales, su capacidad para retornar a la disputa política interna del club se vería potenciada exponencialmente. Las implicancias de cualquiera de estos escenarios rebasan la cuestión meramente deportiva y tocan aspectos profundos sobre cómo las instituciones civiles dialogan con la justicia penal, cuáles son los márgenes éticos del poder en estructuras asociativas, y cuánta influencia debería tener la opinión pública en decisiones que afectan a personas procesadas pero aún no condenadas definitivamente.