La trama judicial que rodea al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, acaba de ganar un capítulo adicional de complejidad. Durante esta semana, el fiscal Gabriel Pérez Barberá, integrante de la Cámara especializada en asuntos penales económicos, presentó un escrito pidiendo que se endurezca significativamente el procesamiento que ya pesa sobre ambos personajes. La solicitud apunta a incorporar un monto colosal: seis mil millones de pesos desviados bajo el concepto de derechos publicitarios que legítimamente corresponden a los clubes de fútbol del país.
Importante aclarar que este movimiento del fiscal no implica la apertura de una nueva causa criminal. Se trata, en cambio, de una estrategia procesal destinada a fortalecer y ampliar la acusación ya existente. Al incluir esta suma adicional en el expediente, Pérez Barberá busca demostrar la magnitud total del perjuicio patrimonial generado por las acciones de los imputados. El procesamiento inicial, dictado por el juez Amarante, se basaba en la evasión de aportes por un monto de diecinueve mil millones de pesos. Además de esa cifra, los funcionarios fueron objeto de medidas cautelares por trescientos cincuenta millones de pesos en embargos.
Otros acusados en la misma investigación
La investigación no se limita exclusivamente a Tapia y Toviggino. El expediente también involucra a Víctor Blanco, ex presidente del club Racing; Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors; y Gustavo Lorenzo, gerente de la AFA. La inclusión de estos personajes responde a su participación en una trama que, según la teoría fiscal, habría implicado la retención de recursos que debían ser transferidos obligatoriamente hacia terceros, particularmente clubes afiliados a la entidad rectora del fútbol profesional argentino. Estos fondos, que corresponden a derechos de publicidad y otras fuentes de ingresos contractuales, nunca fueron girados en los plazos establecidos por la normativa legal aplicable.
El argumento central del fiscal es rotundo: existe una obligación legal inexcusable de que ciertos recursos y tributos sean depositados en las arcas del Estado dentro de términos perentorios. En este caso específico, los fondos que ingresaban a la AFA por concepto de derechos publicitarios constituían recursos que debían ser transitados hacia sus legítimos beneficiarios, los clubes de fútbol. La detención de estos giros, según la acusación, configuraría el delito de apropiación indebida de recursos vinculados a obligaciones tributarias y de seguridad social. Aunque técnicamente el tipo penal permanecería igual, la inclusión de la cifra adicional de seis mil millones de pesos otorga una dimensión mayor al caso y refuerza la posición acusatoria respecto de la responsabilidad penal de cada uno de los procesados.
Calendario procesal y próximos pasos en la Cámara
El tribunal especializado ha fijado una fecha crucial para debatir la cuestión: el 5 de mayo próximo será la jornada asignada para que la Cámara Penal Económica atienda las apelaciones presentadas por los abogados defensores de los acusados. En esa audiencia, los letrados podrán articular sus argumentos en contra de los procesamientos vigentes, buscando que se modifiquen, anulen o desestimen. Luego de escuchar todas las posiciones, los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio serán quienes adopten la decisión final respecto del destino de estas imputaciones.
Tienen ante sí tres opciones: confirmar íntegramente lo resuelto en primera instancia, introducir modificaciones en los términos de la acusación, o rechazar completamente los procesamientos. Cada alternativa presenta consecuencias significativas para los imputados. Si la Cámara resuelve ratificar los procesamientos, la causa continuaría su avance hacia la etapa de juicio oral ante un tribunal de sentencia, donde se produciría el debate probatorio completo y se dictaría una sentencia definitiva sobre culpabilidad o inocencia. Este escenario colocaría a Tapia, Toviggino y los demás acusados en una posición judicial considerablemente más delicada, especialmente si la cifra de seis mil millones de pesos logra ser incorporada con éxito.
Es crucial subrayar que esta causa penal económica representa solo una arista del complejo entramado judicial que rodea actualmente a los máximos funcionarios de la AFA. Existen investigaciones paralelas, igualmente graves, que avanzan por otras jurisdicciones y con diferentes acusaciones. El fiscal Pedro Simón, con asiento en Santiago del Estero, ha solicitado en reiteradas oportunidades la detención de Tapia y Toviggino con argumentos completamente distintos: presunta participación en una asociación ilícita y blanqueo de capitales. Según esa investigación, bienes y empresas vinculadas al tesorero habrían sido financiados mediante la desviación de fondos de la institución. A eso se suman denuncias sobre transferencias sospechosas hacia el exterior, que habrían circulado a través de estructuras offshore o sociedades comerciales de difícil trazabilidad. Finalmente, existe una causa dedicada a investigar una propiedad ubicada en Pilar que figura registrada a nombre de Ana Conte, jubilada, y su hijo Pantano, monotributista, en circunstancias que sugieren operaciones de ocultamiento de bienes y origen de fondos cuestionable.