La dirigencia de San Lorenzo tomó una decisión que clausura una etapa de turbulencias internas al convocar formalmente a sus asociados para que se pronuncien sobre el futuro del ex presidente Marcelo Moretti. El organismo que preside Culotta anunció a través de sus canales oficiales que la reunión se llevará a cabo el próximo 20 de agosto, con un temario específico: analizar el dictamen emanado del Tribunal de Ética institucional que exige tanto la inhabilitación permanente como la expulsión definitiva de Moretti de la institución. Este movimiento representa un punto de inflexión en una crisis que ha sacudido los cimientos del club durante meses, exponiendo fracturas profundas en su estructura de gobierno y en el vínculo entre la dirigencia y la base asociativa.

El documento oficial que circuló entre los socios establece con precisión las acusaciones que sustentan la medida disciplinaria. Según la fundamentación, Moretti habría incurrido en infracciones calificadas como muy graves conforme a lo estipulado en el Estatuto Social del club. Específicamente, se lo señala por supuestas transgresiones contempladas en dos artículos: el inciso D, que refiere a condenas dictadas por autoridad competente que generen daño patrimonial o reputacional a la institución; y el inciso H, que abarca cualquier acción u omisión contraria a la ley, el estatuto o las resoluciones asamblearias que revistan trascendencia pública notoria. Esta última categoría adquiere relevancia cuando el hecho trasciende el ámbito puramente asociativo y obtiene difusión en medios masivos de comunicación, llegando así al conocimiento general de la población.

El origen de la crisis y sus manifestaciones públicas

Todo comenzó cuando circuló un video que mostraba a Moretti guardando dólares en un bolsillo interno de su saco mientras se encontraba en las oficinas de la institución. El material audiovisual desencadenó una reacción en cadena que transformó el panorama político del club. Ante la presión creciente y las reacciones adversas, el entonces presidente optó por solicitar licencia en sus funciones, buscando probablemente evitar el escalamiento del conflicto. Sin embargo, lejos de apaciguar las tensiones, esta medida no logró contener la indignación que se propagaba entre los afiliados. Moretti experimentó episodios de considerable hostilidad: manifestaciones públicas en su contra, insultos dirigidos durante encuentros deportivos tanto de fútbol como de básquet, e incluso situaciones que lo obligaron a abandonar apresuradamente la sede social para evadir potenciales actos de violencia protagonizados por seguidores molestos. La atmósfera enrarecida reflejaba una desconexión profunda entre la conducción y sectores significativos de la membresía.

Moretti presentó un descargo en el cual argumentó que la suma de dinero constituía una donación privada destinada a beneficiar las arcas del club. Con esta explicación intentó desactivar la controversia, sosteniendo que su gestión nunca estuvo motivada por intereses personales sino por el bien de la institución. No obstante, su versión no resultó suficiente para revertir la percepción negativa que se había consolidado en amplios sectores de la comunidad azulgrana. El relato alternativo que circulaba en redes sociales y conversaciones informales presentaba una narrativa radicalmente distinta, donde prevalecían dudas sobre la procedencia y destino real de esos recursos. La diferencia entre la explicación oficial y la interpretación que se popularizó en la base social evidenciaba un problema de credibilidad que traspassaba lo meramente factual.

El procedimiento estatutario y la presión de los asociados

Un aspecto central en esta trama institucional radica en cómo se activó el mecanismo formal de control. El espacio político interno denominado Encuentro Sanlorencista logró compilar 6.998 firmas de socios, cifra que superaba ampliamente el umbral mínimo de 5.000 suscritos requerido por la normativa para convocar a Asamblea Extraordinaria. Este hito sugiere que la disconformidad trascendía a grupos reducidos y expresaba un sentimiento distribuido entre una porción sustancial de la membresía. El ex secretario Martín Saiz certificó la autenticidad de esas rúbricas y procedió a tramitar la convocatoria conforme a los protocolos vigentes. La actual Comisión Directiva, una vez asumida, continuó con el curso legal de la iniciativa, aunque con retrasos en los tiempos que llevaron a que ciertos plazos se cumplieran parcialmente vencidos. El comunicado institucional enfatizó que la directiva actuó en cumplimiento del Estatuto, delegando finalmente en la asamblea la responsabilidad de adoptar una resolución vinculante y definitiva sobre la materia.

La mención explícita a que "los plazos ya están vencidos" introduce un elemento de complejidad procesal que no debe pasarse por alto. En las instituciones deportivas argentinas, los tiempos administrativos frecuentemente generan debates sobre su legalidad y eficacia. El hecho de que la Comisión Directiva haya reconocido públicamente esta situación denota una intención de transparencia, pero también plantea interrogantes sobre si ello podría repercutir en la validez de lo que se resuelva en la Asamblea. Algunos observadores podrían interpretar que la conducción intenta blindar la decisión mediante una exposición preventiva de los hechos procedimentales, mientras que otros podrían cuestionar si los tiempos corridos invalidan o relativizan lo que se va a votar.

Moretti ha mantenido una presencia activa en redes sociales, particularmente en la plataforma X (antiguamente Twitter), donde periódicamente comparte mensajes de socios que lo apoyan o repostea contenido de figuras políticas del fútbol como el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia. Esta estrategia comunicacional sugiere que el ex presidente no piensa renunciar pasivamente a su condición asociativa ni aceptar un destierro sin resistencia. Sus intervenciones públicas mantienen viva su narrativa alternativa y le permiten conectar con sectores que eventualmente podrían votar en la Asamblea. La dinámica entre la acusación institucional y la defensa mediática configura un escenario donde la opinión pública interna del club se ve interpelada de múltiples formas antes de que se concrete la votación.

Implicancias institucionales y perspectivas futuras

Lo que ocurrirá en la Asamblea del 20 de agosto proyectará consecuencias que van más allá del destino personal de Moretti. Una expulsión confirmada establecería un precedente sobre la capacidad de la institución para hacer valer sus códigos disciplinarios contra figuras de alto perfil que han ejercido responsabilidades ejecutivas. Simultáneamente, un rechazo de los cargos podría interpretarse como una falta de credibilidad del Tribunal de Ética o como una reafirmación de ciertos sectores que consideran que la investigación careció de fundamentos sólidos. Ambos escenarios trasladarían mensajes distintos a la membresía sobre qué se tolera y qué no en la conducción del club. La polarización observable en torno a Moretti refleja divisiones más profundas sobre qué modelo de liderazgo desean los socios: si uno más vinculado a gestiones con perfil empresarial o uno orientado hacia estructuras más tradicionales. Las próximas semanas serán decisivas para entender cómo se distribuyen esas preferencias cuando llegue el momento de la votación nominal en asamblea.