Una transformación de alcances radicales en la arquitectura legal que rige a las empresas argentinas está por presentarse en el Congreso. El Poder Ejecutivo prepara un proyecto que reformaría desde los cimientos la Ley General de Sociedades, un cuerpo normativo que lleva décadas estructurando cómo se constituyen, funcionan y dirimen conflictos las organizaciones comerciales del país. Lo que parece ser una iniciativa técnica de desregulación esconde implicancias profundas: permitiría la existencia de empresas completamente automatizadas, sin trabajadores, operadas íntegramente por sistemas de inteligencia artificial; habilitaría que compañías resuelvan sus disputas en tribunales extranjeros; y reduciría drásticamente la supervisión estatal sobre decisiones internas de las corporaciones. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue quien adelantó los detalles de esta iniciativa, enmarcándola en una apuesta por atraer inversión internacional y posicionar a la Argentina como destino preferente para empresas tecnológicas del mundo.
El fin de la "desconfianza estatal" hacia el sector privado
Según los lineamientos expuestos por el funcionario, el proyecto busca desmantelar lo que caracteriza como un "régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado". Esta caracterización refleja una visión de que la regulación empresarial argentina ha estado históricamente imbuida de una filosofía estatista que limitaba las libertades de decisión corporativa. La propuesta que se enviaría invierte esta lógica: en lugar de que las normas imperativas de la ley establezcan obligaciones uniformes para todas las sociedades, estas pasarían a ser "supletorias", es decir, aplicables solo cuando el estatuto de la empresa no prevea otra cosa. En otras palabras, los fundadores y accionistas tendrían libertad prácticamente absoluta para diseñar cómo funciona su organización, siempre que no viole derechos fundamentales o prohibiciones expresas.
Este viraje conceptual tiene precedentes internacionales. Jurisdicciones como Dubaí han adoptado marcos regulatorios ultraflexibles que permiten a las empresas elegir casi completamente su régimen legal, lo que les ha permitido atraer capitales globales con velocidad. El funcionario estableció precisamente esta comparación, sugiriendo que Argentina podría replicar este modelo. Sin embargo, la flexibilidad regulatoria conlleva una contrapartida: menor protección de trabajadores e inversores menores, mayor riesgo de conflictividad no resuelta por vías estatales, y posibles vacíos legales en situaciones no contempladas. La reforma apunta a un balance donde la libertad contractual prevalece sobre la regulación imperativa.
Empresas sin humanos y jurisdicciones privadas
Entre los cambios más disruptivos figura la habilitación de "Sociedades Automatizadas": organizaciones que operarían íntegramente mediante algoritmos e inteligencia artificial, sin necesidad de empleados para su funcionamiento ordinario. Una empresa de este tipo podría existir legalmente, tener patrimonio, realizar transacciones comerciales, y ser responsable por sus actos, todo sin que una sola persona trabaje en ella de manera tradicional. Esto plantea interrogantes sin precedentes: ¿quién responde por decisiones del algoritmo que causen daño? ¿Cómo se auditan las operaciones de una entidad sin presencia humana? ¿Qué sucede si el sistema de IA toma decisiones que violen normas que el código fuente nunca contempló?
La iniciativa también incorporaría Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), estructuras basadas en tecnología blockchain donde las participaciones son tokenizadas y las decisiones se toman mediante mecanismos criptográficos. Ambas figuras tendrían "personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada", lo que significa que podrían demandar y ser demandadas, pero sus accionistas estarían protegidos frente a pérdidas más allá de sus inversiones. Esto es coherente con principios empresariales clásicos, pero extendidos a entidades que desafían la noción tradicional de "empresa" como un colectivo humano coordinado.
Tan importante como los tipos de empresas es dónde se resuelven sus conflictos. El proyecto permitiría que las sociedades sometan sus disputas internas al derecho extranjero o a normas de comercio internacional, e incorporaría cláusulas arbitrales para resolver controversias fuera de la Justicia ordinaria argentina. En la práctica, esto significa que una empresa constituida bajo ley argentina podría elegir que sus conflictos sean resueltos, por ejemplo, por tribunales de Nueva York, Londres o Singapur, bajo esos ordenamientos legales. Este mecanismo es habitual en comercio internacional de gran escala, pero democratizarlo para todas las sociedades es un paso sin retorno: reduce el poder de la justicia local sobre la vida empresarial del territorio.
Despapelización total y flexibilidad sin límites
Otro pilar de la reforma es la digitalización completa de la vida societaria. El proyecto prevé domicilio electrónico para las empresas, libros contables en formato digital, asambleas de accionistas realizadas a distancia, y constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica. Esta modernización tiene evidentes beneficios: reduce costos burocráticos, acelera trámites, facilita que emprendedores operen desde cualquier lugar. Sin embargo, también implica que el estado pierde capacidad de fiscalización presencial y que la información corporativa fluye en entornos virtuales potencialmente más vulnerables a fraudes o manipulaciones.
En cuanto al objeto social de las empresas, la propuesta eliminaría restricciones. Hoy, la ley obliga a que el objeto sea específico y que exista "conexidad" entre actividades si una sociedad hace múltiples cosas. La reforma haría que el objeto sea "amplio, plural y sin obligación de conexidad". Más radicalmente, si el estatuto no fija un objeto determinado, "se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita". Esto significa que una empresa podría cambiar de giro sin modificar su estructura legal, creando empresas verdaderamente multidisciplinarias y ágiles en mercados dinámicos. Pero también aumentaría la incertidumbre regulatoria, ya que nadie sabría de antemano en qué negocio estará el capital invertido.
La apuesta por atraer al ecosistema tecnológico global
El ministro vinculó explícitamente estos cambios con una estrategia de atracción de inversión internacional. El objetivo declarado es posicionar a la Argentina como "polo de radicación para empresas de inteligencia artificial". Esto responde a una realidad mundial: los desarrolladores de IA, las startups de tecnología profunda y las organizaciones blockchain buscan jurisdicciones amigables con la innovación. Hong Kong, Singapur, El Salvador y Dubaí han competido ferozmente por atraer estos capitales, ofreciendo marcos regulatorios permisivos. Argentina buscaría ahora insertarse en esa carrera.
La propuesta incluye además medidas complementarias: instrumentos de inversión convertibles que faciliten financiamiento de startups; simplificación de reorganizaciones empresarias (fusiones, escisiones, transformaciones); y renovación automática de la duración de las sociedades, eliminando la necesidad de trámites periódicos. Todos estos cambios apuntan en la misma dirección: reducir "controles arbitrarios de los burócratas, costos de transacción" y otorgar "más libertad para competir en el mundo", como sintetizó el ministro. En términos de competitividad regulatoria, esto es un cambio de paradigma para un país que históricamente ha privilegiado la intervención estatal.
Implicancias y escenarios posibles
La aprobación de una reforma de esta magnitud desencadenaría múltiples consecuencias, algunas previsibles y otras emergentes. Desde una perspectiva optimista, la desregulación podría efectivamente atraer empresas tecnológicas, generar empleo en sectores de alta calificación, producir innovación en modelos empresariales, y posicionar a Argentina en la economía digital global. La reducción de costos y trabas burocráticas facilitaría el emprendimiento doméstico, particularmente para pequeños negocios que hoy enfrentan procesos lentos y costosos. Desde la perspectiva inversa, los críticos podrían advertir sobre riesgos de regulación fragmentada, pérdida de capacidad de recaudación fiscal estatal (si empresas operan sin trabajadores regulares), potencial para fraudes corporativos en contextos de poca supervisión, y debilitamiento de derechos de trabajadores que historicamente ha buscado mantener el derecho empresarial argentino. La vigencia de conflictos bajo leyes extranjeras podría también generar situaciones donde argentinos enfrenten procesos legales en jurisdicciones que desconocen, potencialmente con costos económicos y riesgos de indefensión. La existencia de Sociedades Automatizadas sin empleados planteará desafíos sin precedentes en relación a cómo recaudar impuestos sobre la renta, cómo garantizar que los algoritmos respeten derechos de terceros, y qué ocurre si esas máquinas causan daño. El resultado concreto dependerá de cómo el Congreso recepte la iniciativa, qué enmiendas introduzca, y cómo efectivamente se implemente en la práctica regulatoria posterior.
