En el conurbano bonaerense sopla un viento de desconfianza que huele a malversación. Baradero, un municipio que responde a las órdenes de Esteban Sanzio bajo la bandera de Unión por la Patria, quedó en el medio de una tormenta de números que no cierran. Los documentos que debió exhibir ante un tribunal revelan una brecha desconcertante entre lo que entra por las arcas municipales y lo que realmente se gasta donde debería gastarse. Los campos siguen esperando mientras el dinero desaparece en las catacumbas presupuestarias.

La Sociedad Rural local no se quedó cruzada de brazos. A través de un amparo que llegó hasta la Cámara en lo Contención Administrativo de San Nicolás, logró obligar al intendente a poner las cartas sobre la mesa. Lo que encontraron fue preocupante: de una recaudación total que rondaría los $1.100 millones destinada específicamente para caminos rurales durante 2025, apenas se invirtieron $320 millones hasta el mes de octubre. El abogado Pablo Torres Barthe, quien representa a los productores rurales, fue directo al punto: "Si pensás recaudar $500 millones y vas a recibir $500 millones más de la provincia para caminos rurales y me informas que gastaste $320 millones al 31 de octubre, a menos que hayas hecho una inversión sublime en el último trimestre, no te cierran los números".

El desglose de una recaudación enigmática

Los números que circulan en los pasillos judiciales pintan un cuadro peculiar. El municipio baradereño presupuestó ingresos provenientes de dos fuentes diferentes pero complementarias. Por un lado, la coparticipación impositiva provincial relacionada con el Inmobiliario Rural alcanzaría los $453.849.600, más otros $106 millones en conceptos afines. Por el otro lado, la recaudación directa a través de la tasa vial —ese aporte que hacen los productores rurales con la promesa explícita de que se destinará al mejoramiento de caminos— ronda los $555 millones. En teoría, ambas fuentes deberían confluir en un único objetivo: mantener la red vial rural en condiciones transitables.

Pero la realidad, según lo que emerge de los documentos oficiales, cuenta una historia distinta. Hasta el cierre de octubre, el gasto registrado para mantenimiento vial apenas superaba los $318 millones. Con proyecciones que incluyan el cuarto trimestre, Torres Barthe estima que podrían llegar a $450 millones en el mejor de los casos. El desfasaje es descomunal: si se recaudaron cifras cercanas a los $1.100 millones, el municipio estaría dejando sin ejecutar entre $600 y $700 millones. Eso representa apenas entre el 29 y el 40 por ciento del total comprometido.

La sospecha que mantiene despiertos a los ruralistas

Lo que verdaderamente genera inquietud en la Sociedad Rural no es solo la magnitud del dinero no invertido, sino el destino probable de esos fondos. Torres Barthe sostuvo una hipótesis que circula entre los productores: "Lo único que usan para caminos rurales es lo que reciben de provincia, pero lo que reciben de tasa vial se lo destinan a gastos generales". Si esta apreciación fuera correcta, significaría que mientras los campos esperan caminos reparados, la administración municipal estaría financiando otras prioridades con un dinero que fue cobrado bajo una promesa específica y diferente. Es un esquema que, de confirmarse, rozaría la ilegalidad: cobrar una tasa asignada especialmente para un propósito y desviarlo a otro constituye, en los términos legales, un incumplimiento de la función pública.

El propio presidente de la entidad ruralista, Pablo Roller, fue tajante en su evaluación: "Si damos por válido los números que ellos están dando, de $1.100 millones que entraban al municipio y que tenían que ir destinados a la red vial, en el mejor de los casos fueron $450 millones". Roller agregó un matiz importante pero preocupante: "Los gastos no llegan ni al 40 por ciento de lo recaudado por la tasa y lo recibido por ley provincial. No obstante, ahí están metiendo caminos urbanos y otras cosas". Esa mezcla de conceptos es exactamente lo que genera sospechas sobre la administración presupuestaria. ¿Cómo se justifica que un recurso coparticipado para zonas rurales termine financiando infraestructura urbana?

La batalla legal apenas comienza. Torres Barthe es abogado de causas similares en Henderson, Azul, General Alvarado y Necochea, lo que sugiere que el problema de la mala aplicación de fondos viales no es exclusivo de Baradero, sino que podría ser endémico en varios municipios bonaerenses. Su próximo paso será profundizar en lo que denominó "los números finos": planillas presupuestarias, órdenes de compra, certificados de ejecución de obras. La intención es clara: comparar lo que efectivamente ingresó durante 2025 completo con lo que salió destinado a caminos rurales. Si la auditoría confirma el desajuste, las consecuencias podrían ser graves. Torres Barthe ya anticipó el camino: pedirá la devolución de la tasa a los productores y, si corresponde, elevará denuncias penales. La tasa vial no es un impuesto caprichoso; es un compromiso municipal que dice explícitamente: "Te cobro esto para hacer esto". Cuando el municipio cobra pero no hace, la confianza se quiebra.

Mientras tanto, los caminos rurales de Baradero siguen esperando. Las máquinas no avanzan, los pozos no se rellenan y los productores siguen viendo desaparecer sus recursos en un laberinto administrativo. Lo que una vez fue una promesa de mejora se transformó en un enigma fiscal que ahora deberán desentrañar los tribunales. La nota judicial que obligó a exponer los números fue solo el primer acto de una novela que recién comienza, pero que ya huele a escándalo administrativo de dimensiones considerables.