El litigio más costoso que enfrentó la Argentina en suelo extranjero todavía no terminó. A pesar de que la Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió hace un mes la condena que pesaba sobre el Estado argentino por más de 16.000 millones de dólares, el fondo de inversión Burford Capital dejó en claro que no está dispuesto a cerrar el expediente. En las últimas horas, sus representantes le comunicaron a la jueza Loretta Preska cuáles serán los próximos movimientos: apelar la sentencia de segunda instancia y, en simultáneo, abrir un nuevo frente judicial ante un tribunal de arbitraje internacional vinculado al Banco Mundial.

La confirmación llegó a través de Sebastián Maril, de la consultora Latam Advisors, quien señaló que los letrados argentinos ya fueron anoticiados de que en breve se iniciará un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, más conocido por sus siglas CIADI. El anuncio tiene peso propio: se trata de una vía alternativa a los tribunales estadounidenses, con reglas propias y una historia que no juega precisamente a favor del Estado argentino.

Un fallo histórico que no cierra el debate

Para entender el contexto hay que remontarse a lo que ocurrió hace poco más de un mes. La Corte de Apelaciones de Nueva York emitió un dictamen que muchos en el gobierno argentino celebraron como una victoria sin precedentes: la sentencia original de la jueza Preska —que había obligado a la Argentina a desembolsar una cifra millonaria por la expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF en 2012— quedó sin efecto. El tribunal de segunda instancia determinó que Preska había interpretado de manera errónea la legislación argentina al darle la razón a los ex accionistas que reclamaban haber sido perjudicados por la estatización de la petrolera.

El fallo fue, sin lugar a dudas, un hito. No solo porque ponía fin a más de una década de litigio con un resultado favorable al país, sino también porque se trató de la demanda individual más grande jamás presentada ante un tribunal norteamericano contra un Estado soberano. A eso se sumó un dato político de peso: en las semanas previas a la resolución, el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos había presentado un escrito respaldando la posición argentina. Sin embargo, Burford interpretó el fallo como una derrota provisoria, no definitiva, y así lo hizo saber.

La estrategia del fondo es doble. Por un lado, buscarán una revisión de esa sentencia de segunda instancia antes del 8 de mayo. Por el otro, abrirán un nuevo expediente ante el CIADI, con lo que el caso adquiere una dimensión internacional que excede los límites del sistema judicial estadounidense. Esta bifurcación no es casual: se trata de una táctica diseñada para mantener viva la presión sobre el Estado argentino desde distintos frentes, con la esperanza de que alguno prospere.

Qué es el CIADI y por qué es relevante para la Argentina

El CIADI no es un tribunal internacional en el sentido clásico del término. No tiene el perfil de la Corte Internacional de Justicia de la ONU ni el de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Su función específica es servir como mecanismo de arbitraje en disputas que enfrentan a Estados con empresas privadas, generalmente en contextos de incumplimiento contractual o afectación a inversiones extranjeras. Opera bajo la órbita administrativa del Banco Mundial, que a su vez forma parte del mismo sistema institucional que el Fondo Monetario Internacional.

Para la Argentina, el nombre del CIADI no es nuevo ni bienvenido. El país tiene una historia extensa y poco favorable ante ese organismo. Según datos elaborados por el think tank Transnational Institute, en el 86% de los casos en que el Estado argentino participó como demandado, el resultado terminó favoreciendo a la empresa reclamante. Una estadística que no deja mucho margen para el optimismo.

El historial es elocuente: de los 65 expedientes iniciados contra la Argentina desde fines de los años noventa —entre cerrados y en trámite—, el 51% concluyó con un laudo favorable a las compañías, el 35% se resolvió mediante acuerdos extrajudiciales y apenas el 12% terminó con una decisión que benefició al Estado. El 2% restante quedó sin resolución. En términos económicos, el volumen total de los reclamos asciende a unos 36.800 millones de dólares, aunque los casos que efectivamente llegaron a un laudo representan alrededor de 10.046 millones de dólares, según cifras disponibles hasta noviembre del año pasado.

En cuanto al origen de las demandas, el 92% fue presentado por empresas radicadas en Estados Unidos, Canadá y Europa. Los inversores estadounidenses encabezan la lista con 22 casos, seguidos por España con 10, Francia con 8 e Italia con 6. Por sectores, los contratos vinculados a la provisión de energía concentran la mayor cantidad de disputas, con 19 expedientes, seguidos por inversiones financieras con 11 y servicios de agua potable con 10. Construcción y minería aparecen más atrás en el ranking.

Un dato adicional que grafica la magnitud del problema: hasta 2025, la Argentina ocupaba el primer lugar en el ranking mundial de países con más demandas ante el CIADI. Recién este año ese lugar pasó a manos de Venezuela. Lejos de ser un motivo de orgullo, el desplazamiento del podio refleja décadas de conflictos con inversores extranjeros que encontraron en ese organismo una vía para reclamar compensaciones al Estado argentino.

Una pelea que recién empieza su segunda etapa

La decisión de Burford de activar el CIADI transforma lo que muchos consideraban un cierre victorioso en el comienzo de una nueva fase. El gobierno argentino deberá ahora preparar una defensa en un terreno donde las probabilidades históricas no le son favorables, mientras en paralelo afronta la posible revisión del fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York. La combinación de ambos frentes configura un escenario complejo que requerirá recursos legales, estrategia diplomática y, sobre todo, continuidad institucional en la conducción del caso.

Lo que está en juego no es solo dinero, aunque la cifra original de más de 16.000 millones de dólares habla por sí sola. También está en juego la capacidad del Estado argentino para defender decisiones de política soberana —como la renacionalización de YPF— frente a mecanismos de arbitraje diseñados, en muchos casos, con una lógica que privilegia la protección del capital privado por sobre las decisiones de los gobiernos elegidos democráticamente. El partido, en definitiva, sigue en curso.