La escena política se reordena sobre un terreno inesperado: la angustia de millones de argentinos aplastados por deudas que crecen sin control. Mientras el Ejecutivo insiste en que todo se normalizará cuando bajen las tasas de interés, una coalición amplísima de legisladores de diferentes extracciones ideológicas ha puesto sobre la mesa catorce proyectos de ley distintos que buscan ofrecer respuestas inmediatas a quienes no pueden pagar sus obligaciones financieras. El fenómeno revela una fractura en la clase política: de un lado, casi todos los bloques parlamentarios —desde radicales hasta kirchneristas, pasando por exmiembros del propio oficialismo—; del otro, solamente La Libertad Avanza, que considera el endeudamiento un asunto de mercado que se resolverá automáticamente. Los números que justifican este giro de la agenda son contundentes: 6,3 millones de personas están endeudadas en condiciones que se consideran críticas, y la morosidad en el sistema financiero alcanzó su nivel más elevado en más de veinte años.

Un diagnóstico que no puede ignorarse

Los datos del sistema financiero pintan un cuadro de deterioro acelerado. Hace apenas un año, en febrero de 2025, la cantidad de créditos en situación de atraso para personas físicas representaba el 2,94% del total. Hoy, ese porcentaje trepó a 11,2%, es decir, se cuadriplicó en doce meses. En el caso de las billeteras digitales y otras entidades no bancarias, la cifra es aún más alarmante: la mora supera el 30%. Estos números no son simples variaciones estadísticas; representan familias que dejaron de pagar porque no pueden, porque sus ingresos se contrajeron o porque el costo real de las obligaciones se hizo insostenible. El contexto es crucial para entender por qué la agenda política ha pivoteado hacia este tema: Argentina atravesó años de inflación extrema que licuó salarios, seguidos de una contracción económica que golpeó empleo y actividad. Los créditos en pesos con cláusula de ajuste por inflación (los famosos créditos UVA), que causaron tanto daño durante la anterior crisis económica, vuelven a ser un foco de tensión. Instituciones que había creído superadas reaparecen como problemas sin resolver.

Dentro de los propios bancos, la inquietud es evidente. Santiago Bausili, titular del Banco Central, intentó relativizar la situación hace poco tiempo asegurando que el sector ya vio el pico de la morosidad. Sin embargo, esta afirmación contrasta fuertemente con lo que expresan privadamente ejecutivos de instituciones financieras, quienes advierten que los atrasos seguirán aumentando al menos hasta junio próximo. Existe una brecha considerable entre el optimismo oficial y la realidad que viven quienes otorgan créditos. La preocupación en los mercados financieros no es trivial: si se aprueban medidas que impliquen quitas significativas de deuda o reestructuraciones forzadas, las ganancias que los bancos esperaban obtener de sus carteras de préstamos se evaporarían, afectando su rentabilidad y, potencialmente, su capacidad de prestar dinero nuevo.

La propuesta más integral: el proyecto del peronismo federal

Entre los catorce proyectos en consideración, uno destaca por su amplitud y por el número de respaldos que ha conseguido: el impulsado por el bloque de Unión por la Patria, que lleva dieciséis firmas incluyendo legisladores como Germán Martínez (titular del bloque), representantes de espacios como Patria Grande —la organización liderada por Juan Grabois—, además de figuras de peso como Hugo Yasky, quien dirige la CTA, y Cecilia Moreau. Este proyecto declara la existencia de una emergencia crediticia de dos años de duración y propone lo que denomina un "régimen de desendeudamiento" que incluye varias capas de intervención. La primera consiste en auditar todas las deudas para detectar irregularidades: cobros indebidos, comisiones abusivas, intereses calculados de forma incorrecta. Donde se encuentren estas anomalías, se procederá a una quita que puede afectar intereses, punitorios, cargos administrativos o incluso parte del capital adeudado.

La arquitectura financiera del plan es compleja. Propone la creación de un fondo fiduciario —una estructura legal común en operaciones de este tipo— que tendría como función comprar deudas del sistema, auditarlas y reestructurarlas. Este fondo se financiaría mediante una contribución extraordinaria que pagarían los bancos y entidades no bancarias, calculada como un porcentaje trimestral del total de créditos de consumo que hayan otorgado. Las alícuotas oscilarían entre el 0,1% y el 2,5% cada tres meses, moduladas según el tamaño de la institución. Por su lado, la propuesta alternativa de la misma bancada establece una reprogramación forzosa de los pasivos en treinta y seis cuotas mensuales, con un tope a la tasa de interés (referenciada a la tasa mayorista conocida como TAMAR), eliminación de multas moratorias acumuladas, un período inicial de noventa días sin pagos y la cancelación de los intereses por atraso. Este fondo se financiaría con el 1% de las utilidades netas anuales de las entidades financieras, incluyendo las fintech. También existe una opción aún más heterodoxa: gravar con el 1% del IVA a todas las operaciones del sistema financiero, usando esos ingresos para el fondo de compensación.

Alternativas que buscan revivir un programa suspendido

Otro segmento significativo de proyectos propone volver a activar los créditos de la ANSeS, el sistema de créditos que otorgaba la administración de pensiones y jubilaciones directamente a los beneficiarios. Esta línea estuvo vigente en períodos anteriores pero fue desmantelada. Bajo esta nueva propuesta, se restablecería con un máximo de 1,5 millones de pesos por beneficiario, accesible para jubilados, pensionados, receptores de asignaciones familiares, trabajadores en relación de dependencia, empleadas de casas particulares y monotributistas que enfrenten problemas de endeudamiento. Los términos incluirían cuotas que no superen el 30% del ingreso mensual neto y una tasa de interés total máxima equivalente a la TAMAR más diez puntos porcentuales, o la tasa que fije el Banco Central. Este enfoque tiene la ventaja de sacar la intermediación del sistema bancario privado, creando un competidor estatal que podría ofrecer condiciones más favorables. Los respaldos para esta línea incluyen a legisladores de diversas procedencias: el massista Guillermo Michel, Miguel Pichetto y Nicolás Massot (ambos procedentes de las filas radicales), Natalia de la Sota representando al peronismo cordobés, y nuevamente Cecilia Moreau por Unión por la Patria.

Entre las medidas más específicas figuran iniciativas que buscan prevenir el sobreendeudamiento futuro. Una de ellas obliga a los emisores de tarjetas de crédito a fijar límites de gasto que los consumidores puedan autocontrolar, con alertas cuando se alcance el 50% de ese límite y bloqueo automático de nuevas compras una vez superado. Otra propuesta, impulsada por la exintegrante de La Libertad Avanza Marcela Pagano, introduce lo que se conoce como un "test de capacidad de pago": antes de otorgar un crédito, las entidades deberían evaluar fehacientemente si el solicitante puede pagarlo; además, se establecería un límite al ratio de endeudamiento del cliente (no podría superar el 35% en relación a sus ingresos), con un techo en la tasa total a cobrar. También se garantizaría el derecho de los deudores a revocar la autorización de descuentos automáticos de sus cuentas bancarias que realicen los acreedores.

El nudo gordiano de los créditos UVA

Un problema específico que atraviesa varios de estos proyectos es el de los créditos hipotecarios ajustables por inflación. Estos productos —que dieron origen a una crisis social monumental hace poco más de una década cuando la inflación disparó las cuotas a niveles imposibles de pagar— vuelven a ser preocupación legislativa. El proyecto más reciente, presentado por la legisladora del Frente de Izquierda Myriam Bregman, propone suspender ejecutivamente los embargos derivados de estos créditos cuando el deudor enfrente desempleo o caída significativa de ingresos. La propuesta incluye períodos de gracia, reestructuración de plazos y ajuste de cuotas. Es una respuesta directa a un segmento de la población que vive bajo la espada de Damocles de poder perder su vivienda en cualquier momento si la economía se contrae.

Más ambiciosa aún es la propuesta de condonación parcial o total de intereses y punitorios acumulados, con reprogramación en treinta y seis cuotas a tasas equivalentes al rendimiento de los depósitos bancarios a plazo fijo. Bajo este esquema, también se suspenderían automáticamente los embargos que hayan sido iniciados. Otra línea busca prohibir directamente la capitalización de intereses en deudas contraídas con tarjetas o plataformas virtuales, es decir, que los intereses no se sumen al capital adeudado generando intereses compuestos. Asimismo, se propone la suspensión de cobros por mora, lo que significa que los atrasos no generarían sanciones adicionales más allá de los intereses ordinarios.

El silencio calculado del oficialismo

Frente a esta batería de iniciativas, la posición del Gobierno es de rechazo. Sus voceros sostienen que el endeudamiento es fundamentalmente un asunto de mercado que se autorregula mediante precios relativos: cuando bajen las tasas de interés —premisa en la que el Ejecutivo basa toda su estrategia macroeconómica— automáticamente dejará de ser atractivo endeudarse, las familias pagarán lo que deben, y el ciclo se cerrará. El énfasis oficial está puesto en la inminente reglamentación de la reforma laboral, considerada por el Ejecutivo como la verdadera solución a los problemas de empleo e ingresos. No hay espacio en esa visión para intervenciones que alteren los términos de los contratos entre deudores y acreedores. Sin embargo, existe una contradicción incómoda: las tasas reales de los préstamos personales hoy son más elevadas que hace un año, el financiamiento a familias se ha contraído, y la reactivación económica sigue postergándose. Mientras el Gobierno aguarda que la baja de tasas sea tan profunda que resuelva todo, el deterioro de la morosidad continúa acelerándose.

Los bloques de oposición, a su vez, comienzan a coordinar esfuerzos. Desde el espacio de Unión por la Patria ya anunciaron que en los próximos días mantendrán reuniones con legisladores de otros bloques para buscar una unificación de las propuestas, con el objetivo de presentar una iniciativa consensuada que tenga mayores posibilidades de avanzar. La coalición es inusual: incluye a radicales, exmiembros del PRO que se desprendieron del oficialismo, la Coalición Cívica, espacios peronistas de diferentes tendencias y la izquierda. Solo falta el bloque libertario, que permanece aislado en su posición.

Cálculos en juego y perspectivas abiertas

Las implicancias de que se apruebe alguna de estas iniciativas serían profundas y alcanzarían a múltiples actores. Para el sistema financiero, la aprobación de proyectos que impliquen quitas significativas, reestructuraciones forzadas o impuestos extraordinarios representaría una transferencia de recursos desde el sector hacia los deudores. Esto podría afectar la rentabilidad de bancos y fintech, lo que a su vez podría desincentivar nuevos otorgamientos de crédito o llevar a un encarecimiento adicional de las tasas para nuevos clientes. Para las familias endeudadas, la aprobación de estos proyectos significaría alivio inmediato: cuotas más bajas, eliminación de intereses acumulados, autoridades de gracia, acceso a fondos de ANSeS. Para la economía agregada, el efecto es ambiguo: por un lado, liberaría poder adquisitivo de los hogares, permitiendo mayor consumo; por otro, podría desincentivar el crédito privado, afectando la inversión y la dinámica económica a mediano plazo. La cuestión central que permanece abierta es si el Gobierno conseguirá sellar el tema mediante la efectiva caída de tasas —algo que aún no ocurre de manera significativa— o si la presión política de una coalición legislativa tan amplia terminará forzando la aprobación de medidas que alteren el panorama financiero.