La administración nacional decidió aplicar los frenos a uno de sus planes de mayor alcance económico: la transferencia de la operatoria de compra de Gas Natural Licuado (GNL) hacia el sector privado. El anuncio llegó esta semana desde la cartera de Economía, que controla la Secretaría de Energía, y marca un viraje táctico en momentos en que el conflicto bélico en Medio Oriente disparó los valores del combustible en los mercados globales a máximos históricos. La postergación regirá hasta al menos 2027, período en el cual la administración espera que se normalicen las cotizaciones internacionales y las condiciones macroeconómicas mejoren para retomar la iniciativa de privatización.

Las razones detrás de esta decisión se anclan en una realidad incómoda: los precios del GNL alcanzaron niveles insostenibles para las arcas fiscales y, más importante aún, para los bolsillos de los ciudadanos. En el pico más agudo de la confrontación entre Irán contra Israel, Estados Unidos y sus coaligados —ocurrido hace aproximadamente un mes— el costo del combustible escaló hasta superar los 23 dólares por millón de BTU en operaciones puntuales del mercado spot. Para dimensionar la magnitud de esta suba, basta comparar con los valores registrados durante 2023, cuando Argentina importó 25 cargamentos de GNL a un precio promedio cercano a los 12,50 dólares por millón de BTU. La duplicación de costos habría representado una carga imposible de trasladar íntegramente a tarifas sin generar un estallido social.

El precio de la privatización en tiempos de guerra

Las propuestas que llegaron la semana anterior desde operadores comerciales especializados como Natu y Trafigura evidenciaban esta dinámica crítica. Ambas empresas presentaron ofertas que superaban los 4,50 dólares por millón de BTU exclusivamente por sus servicios de intermediación. Este monto se sumaría al costo volátil del combustible en el mercado internacional, generando una cadena de precios que abarcaba la adquisición de la materia prima, el alquiler de buques metaneros, los servicios de agenciamiento marítimo, el aprovechamiento de la terminal ubicada en Escobar —infraestructura controlada conjuntamente por la estatal Energía Argentina (Enarsa) y YPF—, los procesos de regasificación y la inyección final en los sistemas de gasoductos. La acumulación de estos costos habría significado un incremento tarifario que las autoridades temían trasladar durante los meses de invierno, cuando la demanda de calefacción se dispara y la población es más sensible a aumentos en sus servicios básicos.

Desde el Ministerio de Economía reconocieron que la prioridad inmediata es contener nuevas presiones inflacionarias, aunque sea de manera transitoria. En un comunicado de tono cauteloso, funcionarios de la cartera explicaron que "la decisión obedece al incremento y la volatilidad observados en los precios a nivel mundial, fenómeno que se agravó considerablemente por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio. Este no es el momento adecuado para formalizar acuerdos que puedan incrementar la carga sobre el sistema energético, especialmente cuando Argentina está reduciendo su dependencia de importaciones de GNL". La declaración evidencia una tensión entre los objetivos de largo plazo —la liberalización de esta actividad— y las restricciones de corto plazo impuestas por la realidad macroeconómica.

¿Un cambio de rumbo o un aplazamiento táctico?

Sin embargo, funcionarios del área aclararon que este freno no representa un abandono de la filosofía privatizadora que caracteriza al actual Gobierno. Según sus propias palabras, "la estrategia fundamental permanece incólume; continuamos convencidos respecto de la necesidad de transferir esta operatoria hacia el sector privado y avanzar hacia un modelo competitivo, transparente y con indicadores de precio que permitan que la población conozca cuál es el costo verdadero de la energía". Esto sugiere que se trata de una pausa estratégica, no de un cambio de dirección. El Estado nacional, por su parte, continuará subsidiando la brecha entre el costo real del GNL y los montos que finalmente se trasladan a los usuarios residenciales, comerciales e industriales.

La continuidad de Enarsa en la administración de estas funciones hasta al menos 2027 representa, entonces, una victoria táctica para quienes argumentaban que ciertos servicios de carácter estratégico requieren mantener control estatal en períodos de inestabilidad. La empresa estatal ha desempeñado estas labores desde 2008, acumulando experiencia operativa y logística que, según los defensores de esta postura, garantiza eficiencia en momentos turbulentos. Paralelamente, el Gobierno mantiene abierta la puerta para retomar la privatización una vez que las condiciones del mercado internacional se normalicen y la coyuntura geopolítica pierda volatilidad.

Lo que queda en evidencia es que, independientemente de las convicciones ideológicas sobre el rol del Estado en la economía, la realidad de los mercados globales y sus perturbaciones geopolíticas imponen límites pragmáticos a las ambiciones de reforma. La guerra en Medio Oriente, en este caso, no solo afecta a los actores directamente involucrados, sino que se filtra a través de los canales del comercio internacional de energía, influyendo en decisiones de política económica en el extremo opuesto del planeta.