La realidad de los bolsillos porteños dibuja un escenario económico distinto al que reflejan los números que circulan a nivel nacional. Mientras el país mide de una manera, la Ciudad de Buenos Aires propone sus propios cálculos, y entre ambas metodologías emerge una brecha considerable que afecta directamente a las familias con hijos. Los datos que surgieron hace poco tiempo muestran que mantener a un niño o niña en la capital representa un costo mensual que oscila entre $1.041.381,76 y $1.684.494,41, dependiendo de la edad. Estas cifras casi duplican lo que los organismos nacionales estiman como gasto de crianza, planteando interrogantes sobre cómo conviven estas dos realidades en un mismo país.
El contraste entre metodologías revela mucho más que una simple discrepancia numérica. Mientras que el Instituto de Estadística y Censos porteño calcula el costo total de crianza considerando tanto los gastos en bienes y servicios como las horas de trabajo de cuidado directo e indirecto, la medición nacional utiliza un enfoque radicalmente diferente. El organismo federal toma como referencia la línea de pobreza de un adulto varón con actividad moderada y aplica coeficientes matemáticos para extraer de allí el costo de crianza. Esta diferencia fundamental en la construcción de indicadores explica por qué los resultados divergen de manera tan significativa. La Ciudad, en cambio, construye canastas específicas a partir de patrones de consumo reales relevados entre 2017 y 2018, diferenciando no solo por edad sino también por género, reconociendo que las necesidades de niños y niñas pueden variar.
El trabajo de cuidado: la variable invisible que cambia todo
Uno de los aspectos más reveladores de la medición porteña es cómo incorpora el costo del trabajo de cuidado, algo que trasciende la simple compra de alimentos y servicios. El instituto capitalino asume que el trabajo de crianza ocurre los siete días de la semana durante las veinticuatro horas del día, una premisa que refleja la realidad de cualquier padre o madre. Para los menores de dos años, esto se traduce en 360 horas mensuales de dedicación, lo que lleva a un costo total de crianza de $1.151.144,37 solo en concepto de cuidado. A medida que los niños crecen y aumentan su independencia, estas horas descienden: 240 mensuales para los de tres a cinco años, 120 para los de seis a doce, y 90 para adolescentes entre trece y diecisiete años. Cada franja etaria genera un costo diferenciado en tareas que van desde la atención sanitaria y el apoyo escolar hasta los traslados, la preparación de alimentos, el lavado de ropa y las compras.
La metodología nacional reconoce estas tareas, pero con magnitudes distintas. El Indec calcula 147 horas mensuales de cuidado para menores de un año, 168 para los de uno a tres años, 105 para los de cuatro a cinco y 85 para quienes tienen entre seis y doce años. Además, su medición no se extiende más allá de los doce años. Estos números más bajos en horas de trabajo de cuidado impactan directamente en los totales finales: mientras la Ciudad estima que mantener a un varón de dieciséis a diecisiete años cuesta $1.338.845,51 mensuales, el Indec sitúa el máximo de su rango en $728.850. La diferencia no es menor, y plantea una pregunta incómoda: ¿cuál de estas mediciones refleja realmente lo que las familias gastan?
La canasta alimentaria: consumo diferenciado versus fórmulas matemáticas
La forma de construir las canastas de alimentos también marca una diferencia sustancial entre ambas instituciones. Los estadísticos porteños relevaron datos sobre qué, cuánto y cómo consumen efectivamente los menores de diferentes edades y géneros, construyendo así canastas específicas basadas en consumo real. Para el grupo de cero a cinco años, la canasta alimentaria y de servicios alcanzó $403.529,54 en septiembre, mientras que para adolescentes varones de dieciséis a diecisiete años llegó a $915.995,23. Este enfoque parte de la premisa de que un bebé no come lo mismo que un adolescente, una obviedad que merece ser mencionada porque el método nacional opera de otra forma. El Indec utiliza una aproximación matemática indirecta: toma el consumo de un adulto de referencia y mediante coeficientes ajusta esa cifra hacia abajo para estimar qué comerían los menores. Es un método más económico en términos de relevamiento de datos, pero menos preciso en términos de realidad cotidiana.
Más allá de lo alimentario, la Ciudad calcula de manera separada los gastos en bienes y servicios no alimentarios, reconociendo que indumentaria, esparcimiento, educación, transporte y salud no escalan proporcionalmente con la comida. El Indec, en cambio, multiplica la canasta alimentaria por un coeficiente fijo asumiendo que los requerimientos no alimentarios varían al mismo ritmo que los alimentarios. Esta suposición simplificadora puede funcionar en algunos casos, pero desconoce realidades como que un adolescente puede necesitar ropa nueva con mayor frecuencia que un niño pequeño, o que los gastos en educación pueden incrementarse significativamente en ciertos períodos. El incremento registrado en septiembre de 2024 entre el costo de agosto amplifica esta diferencia: mientras que la inflación general en la Ciudad fue del 1,8%, el costo de crianza creció entre el 2,5% y el 2,7% según los tramos de edad, es decir, por encima de la inflación general. Esto sugiere que los componentes específicos de la crianza suben a velocidades distintas que el promedio de precios.
Los datos reflejan que en la Ciudad viven aproximadamente un 22,5% de menores de diecisiete años, una población considerable que representa tanto un desafío de política pública como una realidad económica para millones de hogares. Los cálculos porteños consideran específicamente a hogares propietarios de su vivienda, lo que significa que no incluyen gastos en alquiler o servicios habitacionales; aun así, los montos resultan considerables. Esto abre la posibilidad de que para familias que alquilan, los costos totales de crianza sean significativamente superiores. La base de datos utilizada para los patrones de consumo data de 2017 y 2018, un período anterior a la pandemia, lo que sugiere que cambios en hábitos de gasto derivados de confinamientos, educación virtual y nuevas formas de cuidado podrían no estar totalmente capturados en estas cifras.
Implicancias y perspectivas divergentes sobre la medición del bienestar
La existencia de estas dos métricas tan distintas genera consecuencias que trascieden lo meramente estadístico. Cuando se establecen políticas de transferencias de ingresos, asignaciones familiares o planes de apoyo a la infancia, la base sobre la cual se calcula qué es "suficiente" determina cuánto dinero efectivamente reciben las familias. Si la medición nacional subestima los costos reales, entonces las transferencias también pueden estar por debajo de lo necesario para que los hogares cubran sus gastos. Por el contrario, desde otra perspectiva, algunos argumentarían que la medición porteña podría estar sobreestimando el costo al asignar un valor monetario a todo el trabajo de cuidado, incluyendo aquellas horas que las familias realizan sin salida comercial. Ambos enfoques tienen mérito y limitaciones. Lo cierto es que mientras no exista una metodología única y consensuada, las familias continuarán enfrentando realidades económicas que no se alinean completamente con ninguna de estas mediciones, y los responsables de diseñar políticas tendrán que tomar decisiones basadas en información que siempre será imperfecta y sujeta a interpretación.
