Hay conflictos que se gestan en silencio durante meses, se filtran en susurros por los pasillos y, en algún momento, terminan estallando a la vista de todos. Lo que ocurre hoy dentro de la Sociedad Rural Argentina (SRA) responde exactamente a ese patrón. Un enfrentamiento de fondo entre sus dos principales autoridades, que involucra la desaparición funcional de uno de los servicios más antiguos e irreemplazables que ofrece la institución, ya trascendió los límites de lo interno: un grupo de cabañeros de peso acaba de poner su firma en una carta que exige explicaciones, transparencia y una auditoría independiente. Lo que está en juego no es menor: tres millones de dólares invertidos en un sistema informático que colapsó, y el deterioro de los registros genealógicos que la entidad lleva desde hace más de siglo y medio.
Un servicio centenario puesto en jaque
Para entender la gravedad del asunto hay que comprender qué son los registros genealógicos y por qué su existencia resulta vertebral para la ganadería argentina. Desde su fundación en 1866, la Sociedad Rural se encargó de documentar los antecedentes de las distintas razas: bovinas, ovinas y equinas, entre otras. No se trata de un mero trámite burocrático. Esos registros son la herramienta que permite certificar el linaje de un animal, su pedigree, y por lo tanto determinar su valor reproductivo y comercial. Un toro de raza sin ese respaldo documental pierde buena parte de su cotización. Una cabaña sin acceso al sistema no puede acreditar la pureza genética de sus ejemplares. Es, en pocas palabras, la columna vertebral del negocio ganadero de alta genética en el país.
Argentina tiene una larga trayectoria en mejoramiento bovino. Razas como el Hereford, el Aberdeen Angus, el Shorthorn y el Brahman encontraron en las pampas condiciones únicas para su desarrollo, y la SRA fue históricamente la institución encargada de resguardar esa información. La digitalización de esos registros era, en principio, una oportunidad para modernizar un servicio esencial. El problema es que la transición tecnológica, lejos de mejorar el sistema, lo dejó peor de lo que estaba.
Según surge de la carta que firmaron referentes del sector, los nuevos sistemas adoptados para gestionar esos registros "colapsaron" y las quejas de los usuarios no hicieron más que multiplicarse. Registros que "durante toda la vida de la SRA han funcionado correctamente hoy ya no prestan el servicio confiable", advierten los firmantes. El diagnóstico es contundente: la modernización fallida dejó a la entidad en un estado de "precariedad" en una de sus funciones más antiguas y distintivas.
Tres millones de dólares y una mediación judicial
El monto que se menciona en torno a este conflicto no es menor: tres millones de dólares habrían sido destinados a la contratación e implementación del sistema que terminó sin funcionar. Ese número es el que divide aguas dentro de la conducción de la Rural y el que los cabañeros exigen que sea auditado con lupa. El contrato ya derivó en una instancia de mediación judicial, lo cual indica que el problema superó cualquier posibilidad de resolución interna y tiene consecuencias legales concretas.
La fractura entre el presidente de la entidad, Nicolás Pino, y el vicepresidente, Marcos Pereda Born, es el telón de fondo de todo este escándalo. Los sectores que responden a cada uno se acusan mutuamente. Desde el entorno de Pino se señala que fueron personas vinculadas a Pereda quienes pusieron al frente del proyecto fallido a los responsables técnicos. Desde el campo de Pereda, en cambio, la crítica apunta a que Pino concentró todas las decisiones vinculadas al proceso y que ahora nadie da cuenta de adónde fueron a parar esos tres millones. Una pelea de cúpula, sin duda, pero con consecuencias directas sobre miles de productores que dependen del correcto funcionamiento del registro.
La carta enviada por los cabañeros al presidente Pino no deja lugar a interpretaciones ambiguas. Piden "una explicación llana, transparente y honesta de la situación actual de los registros genealógicos". Pero van más allá: solicitan que se contrate "una firma independiente de auditoría forense, seleccionada con criterios de objetividad y en un marco de licitación que asegure competencia", que informe a todos los asociados sobre los contratos celebrados, sus costos originales, los sobrecostos incurridos y la calidad real de los sistemas instalados. No es un pedido de reunión informal: es una demanda formal de rendición de cuentas.
Las firmas que firmaron: no son cualquiera
El peso específico de los firmantes es un dato que no puede pasarse por alto. No se trata de pequeños productores descontentos, sino de propietarios de algunas de las cabañas más reconocidas del país, muchas de las cuales son presencia obligada y habitual en los remates y exposiciones de Palermo. Entre los nombres que suscribieron la carta aparecen Juan Pablo Cebey, Guillermo Estrugamou, Enrique Wilson Rae, Andrew Murchinson, Facundo García Robin y otras figuras igualmente relevantes del sector, como María Clara Busquet, Patricia Loret, Carlos Vila Moret, Cristina Cayol de Gibelli, Adrián Barbieri William, Mercedes Elissondo, María Susana Azzi, Adela Nores e Hijas, Carlos Bianciotti Hnos., Sucesión de Pedro Lloret y María Inés Bosisio, entre otros.
Que este conjunto de referentes haya decidido salir del silencio y plasmar su malestar en un documento formal dirigido al presidente de la entidad habla de un nivel de hartazgo que no surgió de un día para el otro. En el mundo de la ganadería de pedigree, donde las relaciones institucionales tienen un peso enorme y los conflictos se suelen resolver en privado, este tipo de intervención pública es inusual y significativa. Significa que el problema lleva tiempo, que fue ignorado en instancias previas y que quienes más dependen del servicio ya no están dispuestos a esperar.
Una institución bajo presión
La Sociedad Rural Argentina es una de las entidades agropecuarias más antiguas y emblemáticas del país. Fundada hace más de 150 años, históricamente ha representado a los grandes productores y ha tenido una influencia notable en la política agropecuaria nacional. Su exposición anual de Palermo es uno de los eventos más importantes del calendario ganadero de la región. Pero esa tradición y ese peso institucional también implican que los conflictos internos, cuando salen a la luz, tienen una resonancia que va mucho más allá de sus propias paredes.
La disputa entre Pino y Pereda no es la primera tensión que atraviesa la conducción de la entidad, pero sí parece ser una de las más profundas en los últimos años. La coexistencia de dos líneas internas con visiones distintas sobre cómo gestionar la institución ya venía generando roces. El episodio del sistema de registros genealógicos fue, aparentemente, la chispa que hizo explotar una tensión que venía acumulándose. El hecho de que el conflicto haya llegado a instancias judiciales y que ahora un grupo de socios prominentes exija intervención externa refuerza la idea de que la grieta interna es profunda y que no hay señales de que vaya a cerrarse en el corto plazo.
Lo que viene para la Rural depende de varios factores que aún no están resueltos. Si la auditoría forense que reclaman los cabañeros se concreta, sus conclusiones podrían tener consecuencias institucionales severas, dependiendo de lo que encuentre. Si no se concreta, el malestar del sector podría escalar y derivar en presiones más formales dentro de la estructura asociativa. La mediación judicial en curso agrega otra variable: cualquier resolución en ese ámbito podría iluminar u obscurecer las responsabilidades internas según cómo se desarrolle. Entre tanto, el servicio de registros genealógicos sigue sin funcionar correctamente, y cada día que pasa representa un perjuicio concreto para los productores que dependen de él. Las distintas lecturas del conflicto convergen, al menos, en un punto: algo falló, costó caro, y todavía nadie asumió públicamente la responsabilidad.