El sector del trabajo doméstico en Argentina vivió un nuevo punto de quiebre en las negociaciones salariales luego de que empleadores y representantes sindicales llegaran a un acuerdo sobre los haberes que regirán durante los próximos cuatro meses. La definición de estos números cobra particular relevancia porque involucra a casi 1,7 millones de trabajadores cuya realidad económica refleja, en líneas generales, la vulnerabilidad de una de las categorías laborales más golpeadas por el proceso inflacionario que atraviesa el país. Las cifras negociadas, aunque representen movimiento en la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares, revelan un cuadro más complejo cuando se analiza en perspectiva temporal y en relación con la erosión del poder de compra que afecta a este colectivo.
Según lo establecido en el acuerdo alcanzado entre ambas partes, los salarios mínimos del ramo experimentarán incrementos en cuatro oportunidades consecutivas. El calendario de ajustes comprende una suba del 1,8% en abril, seguida por aumentos del 1,6% en mayo, 1,5% en junio y finalmente 1,4% en julio. Esta estructura escalonada responde a una estrategia de negociación donde las partes buscaron distribuir los aumentos de manera gradual a lo largo de un trimestre y medio. Sin embargo, más allá de estos porcentajes, el acuerdo incluye una medida adicional que requiere desagregación: la incorporación a los salarios básicos de porciones de lo que fuera abonado como suma no remunerativa durante febrero y marzo.
La reconfiguración de los montos no remunerativos
La segunda arista del acuerdo remite a una cuestión técnica pero sustancial en términos de cómo se estructura la remuneración. Durante los meses de febrero y marzo, el sector doméstico recibió un plus no remunerativo cuyo monto varió según la dedicación horaria de cada trabajador. Para quienes prestaban servicios 16 o más horas semanales, el bono ascendió a $20.000. En tanto, para el segmento que trabajaba entre 12 y menos de 16 horas semanales, la cifra fue de $11.500, mientras que para quienes laboraban menos de 12 horas semanales se fijó en $8.000. El acuerdo contempla que la mitad de estos montos se incorpore al básico en abril, mientras que la otra mitad lo hará en julio. Esta operatoria no constituye, técnicamente, un aumento salarial adicional, sino un cambio en la modalidad de pago de un concepto que ya estaba siendo percibido.
Conviene subrayar que el personal de categoría "tareas generales con retiro" —la más numerosa dentro del universo doméstico— alcanzaría un haber de $428.347 mensuales más $10.000 no remunerativos luego de los aumentos de abril, lo que equivale a aproximadamente $3.491 en términos de salario diario. Para contextualizar esta cifra resulta pertinente remontarse a noviembre de 2023, cuando ese mismo puesto se pagaba en $160.791. El movimiento acumulado en ese lapso de poco más de 29 meses representa un incremento nominal del 172,6%. Pero aquí emerge la verdadera complejidad: durante el mismo período, la inflación acumulada trepó al 303%. La brecha resultante indica que el poder adquisitivo de este colectivo experimentó una caída significativa, una erosión que supera incluso la que enfrentó el sector público nacional durante la actual administración.
Una caída de poder adquisitivo mayor a la de gobiernos anteriores
Los números revelan que el personal doméstico acumularía, con los incrementos pactados, una merma en su capacidad de compra equivalente a poco más de una tercera parte. Traducido en términos simples: por cada tres unidades de poder de compra que tenía hace menos de dos años y medio, hoy retiene apenas dos. Esta degradación resulta particularmente dramática si se la compara con lo sucedido durante gestiones gubernamentales anteriores. El trabajo doméstico constituye el sector laboral más extenso del país, superando en cantidad de ocupados a la construcción y a muchas otras ramas consideradas estratégicas. Al mismo tiempo, más del 75% de informalidad caracteriza a este universo, lo que implica que la mayoría de estas trabajadoras carece de protecciones básicas como jubilación, cobertura médica previsional o prestaciones por desempleo.
En paralelo al acuerdo sobre aumentos y reconfiguración de bonificaciones, la Comisión también actualizó el adicional por zona desfavorable, elevándolo de un 30% a un 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría. Se trata de un reconocimiento marginal a los costos diferenciales que enfrenta quien trabaja en regiones de menor desarrollo relativo, aunque su incidencia en la masa salarial total resulta secundaria. El comunicado oficial que acompañó el acuerdo enfatizó que los salarios convenidos representan únicamente los mínimos establecidos legalmente y que, bajo el concepto de salario dinámico, empleadores y trabajadores pueden negociar condiciones más ventajosas. Esta cláusula abre teóricamente la puerta a mejoras individuales, aunque en la práctica, dado el grado de informalidad y la fragilidad de la posición negociadora de la mayoría de las domésticas, tales espacios de negociación superior resultan limitados.
Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos ubican al personal doméstico con una tasa de empleo no registrado del 78%, la más elevada entre todas las actividades económicas. Le sigue la construcción con un 73,8% de informalidad. Esta realidad institucional implica que la mayoría de quienes realizan tareas de limpieza, cuidado y asistencia en hogares ajenos carece de registro laboral, lo que las coloca en una posición de máxima vulnerabilidad frente a decisiones empresariales, cambios de política tributaria o crisis económicas. La próxima reunión de la Comisión está fijada para julio, momento en el cual se evaluarán los efectos de los acuerdos alcanzados y eventualmente se negociarán nuevas pautas.
El desenlace de estas negociaciones abre múltiples interpretaciones. Desde una óptica, los incrementos pactados reconocen la necesidad de actualizar haberes en un contexto inflacionario y evitan un deterioro aún más acentuado. Desde otra perspectiva, los porcentajes acordados resultan insuficientes para recuperar poder de compra perdido y perpetúan una brecha entre la inflación nominal y los ajustes salariales. La incorporación de bonificaciones no remunerativas a los básicos puede interpretarse como una formalización progresiva de ingresos, pero también como un mecanismo que reduce la flexibilidad de la estructura salarial. Lo cierto es que la situación del trabajo doméstico permanece como uno de los indicadores más sensibles de la desigualdad laboral argentina, reflejando tanto las limitaciones del mercado de trabajo nacional como los desafíos que enfrenta la negociación colectiva en sectores con predominio de informalidad y baja sindicalización efectiva.
