La Ciudad de Buenos Aires enfrentará este viernes un punto de quiebre en una iniciativa legislativa destinada a socorrer a miles de porteños atrapados en ciclos de endeudamiento. Apenas cuatro entidades bancarias han decidido hasta ahora participar en el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal: Banco Ciudad, Santander, ICBC y Superverville. La cifra genera interrogantes sobre la efectividad de una herramienta que pretendía convertirse en salvavidas para sectores de la población en vulnerabilidad financiera, pero que depende de la voluntad del sistema financiero para prosperar. Esto importa porque define cuántas personas realmente podrán acceder a condiciones menos opresivas para sus deudas contraídas.
Un mecanismo legislativo para frenar el endeudamiento descontrolado
Durante este año, la Legislatura porteña sancionó una norma con propósitos específicos: ofrecer a ciudadanos con dificultades económicas la posibilidad de refinanciar obligaciones crediticias que se encuentran en situación de mora. El alcance abarca préstamos personales y deudas generadas mediante tarjetas de crédito, siempre que estas hayan sido registradas con anterioridad al 1° de junio. No se trata de una condonación de deudas ni de un perdón: implica reorganizar el pasivo bajo nuevas condiciones de pago que resulten más viables para los deudores.
Los términos propuestos por esta iniciativa legislativa establecen parámetros que buscan equilibrar los intereses en conflicto. El período mínimo de devolución se fija en 24 meses, lo que alarga el cronograma de pagos y reduce cuotas mensuales. Simultáneamente, la tasa de interés queda limitada a un máximo de 35% de Tasa Nominal Anual (TNA), cifra que aunque sigue siendo elevada por estándares internacionales, representa un piso más bajo que las tasas vigentes en el mercado crediticio local, donde muchas operaciones superan ampliamente ese porcentaje. El contraste con las condiciones actuales subraya por qué este programa podría resultar atractivo para deudores en apuros: la posibilidad de reducir la presión de pagos mensuales y acceder a una tasa predeterminada.
Quiénes entran y quiénes quedan fuera del esquema de alivio
La legislación no es universal ni indiscriminada. Establece criterios de elegibilidad que filtran a los postulantes, persiguiendo el objetivo de alcanzar a quienes realmente atraviesan dificultades y no a sectores con capacidades de pago latentes. Así, acceden al programa aquellos que logren demostrar condiciones de vulnerabilidad financiera específicas, aunque la norma no detalla exhaustivamente cuáles son esos requisitos en la información disponible. Pero sí especifica con claridad quiénes quedan fuera: los propietarios de múltiples propiedades inmuebles se encuentran excluidos, reflejando la lógica de que quienes poseen activos inmobiliarios diversos tienen alternativas de solución a su alcance.
Las restricciones se extienden hacia otros rubros. Quedan descalificados quienes sean dueños de vehículos con menos de cinco años de antigüedad —con la excepción de aquellos que demostratrablemente utilizan esos rodados para actividades laborales—, los titulares de embarcaciones, aeronaves o artículos de lujo sujetos a registros públicos, y aquellos que posean activos financieros cuyo valor total supere el monto de la deuda que reclaman. Una categoría adicional de exclusión apunta a comportamientos recientes: quedan afuera quienes hayan realizado compras de divisas extranjeras durante el período en el cual acumularon esas deudas. Esta última cláusula resulta particularmente relevante en el contexto de una economía argentina históricamente marcada por ciclos de volatilidad cambiaria y donde la dolarización de ahorros responde a patrones de desconfianza en la moneda local.
El incentivo fiscal para que los bancos se sumen: la mitad del impuesto desaparece
La participación de las entidades financieras no es altruista ni surge de una convicción ideológica. El programa contempla un incentivo económico directo: las instituciones que adhieran reciben una reducción del 50% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable específicamente a los intereses que perciban por estas operaciones de refinanciación. Se trata de un descuento tributario que modifica el flujo de ganancias netas de cada transacción. En un contexto donde los márgenes operativos del sector financiero son objeto de escrutinio regulatorio, esta exención representa un alivio significativo.
Sin embargo, el hecho de que apenas cuatro bancos se hayan anotado hasta ahora sugiere que el incentivo podría resultar insuficiente para motivar una participación masiva. Es posible que las entidades evalúen el costo-beneficio considerando factores adicionales: el riesgo crediticio de los deudores en vulnerabilidad, el volumen esperado de operaciones, o simplemente la preferencia por continuar con sus estrategias comerciales existentes. Otra hipótesis apunta a que algunos bancos podrían esperar hasta el último momento para decidir, mientras otros pueden haber hecho evaluaciones internas que las llevaron a desestimar la participación en términos económicos. El banco más grande de la Ciudad, junto a tres de las entidades privadas más relevantes del país, forman el núcleo actual de adhesiones.
El reloj avanza: viernes cierra la convocatoria
La ventana para que nuevas entidades se sumen cierra este viernes. Desde ese momento, el programa funcionará exclusivamente con quienes ya hayan formalizado su participación. El plazo acotado genera presión sobre dos frentes distintos. Por un lado, sobre los ciudadanos que aún no han sido informados adecuadamente y que desconocen la existencia de esta alternativa. Por otro, sobre los bancos que aún deliberan si sumarse o no. Una vez vencido el plazo, la decisión quedará cristalizada, y modificarla implicaría nuevos trámites legislativos o administrativos que pueden tomar meses o años.
Esta arquitectura temporal también plantea dudas sobre la efectividad comunicacional de la iniciativa. Un programa legislativo de estas características requiere que su existencia y beneficios lleguen a la población objetivo. Sin embargo, no está claro cuán masivos han sido los esfuerzos de difusión desde el gobierno local o desde el Poder Legislativo. Muchos porteños en situación de vulnerabilidad financiera podrían desconocer completamente que una herramienta así existe, perdiendo la oportunidad de acceder a ella.
Lo que se juega en los próximos días y el panorama post-viernes
Si la participación bancaria no se expande significativamente, el programa quedará limitado en su alcance territorial y sectorial. Los clientes de los cuatro bancos participantes tendrán oportunidades que los de otras entidades no poseerán. Esto crearía fragmentación en el acceso a beneficios y generaría situaciones de inequidad: dos deudores con perfiles económicos similares recibirían tratamientos radicalmente distintos según dónde tuvieran sus cuentas. Por el contrario, si más bancos se suman en las horas finales antes del cierre, el esquema se amplificaría y afectaría a un universo mucho más extenso de personas.
Las implicaciones económicas de este programa, independientemente de cuántos bancos finalmente participen, trascienden el nivel microeconómico de los deudores individuales. Un esquema exitoso de refinanciación reduce la morosidad en el sistema, mejora indicadores de solvencia, y potencialmente reinserta a personas en ciclos de consumo formal. Alternativamente, si fracasa por baja adhesión bancaria, refuerza narrativas sobre la dificultad de diseñar políticas públicas que alineen incentivos entre actores privados y objetivos de bienestar social. Las próximas horas definirán qué historia contará Buenos Aires sobre su capacidad de proteger a quienes enfrentan crisis de endeudamiento.
