El drama de la licitación de la Vía Navegable Troncal no terminó con la preadjudicación. A apenas veinticuatro horas de que el gobierno comunicara su decisión a favor del consorcio Jan De Nul-Servimagnus, la empresa belga Deme enviaba una misiva dirigida al ministro de Economía Luis Caputo que echaba por tierra la idea de que el proceso estaba cerrado. Con un gesto que combina la persistencia comercial y la diplomacia de alto nivel, la compañía perdedora no solo cuestionaba la evaluación técnica que la dejó fuera, sino que además movilizaba apoyos políticos y financieros desde Washington para presionar por una reconsideración. Lo que comenzó como una batalla técnica por puntos en la evaluación se transformaba en un pulso geopolítico donde el acceso a crédito internacional y la validación política de reformas económicas se entrecruzaban con los intereses de quién controlaría una de las arterias comerciales más importantes del país.
La carta que no aceptó la derrota
Deme no vino a llorar su mala suerte. En el escrito enviado el 5 de junio, la compañía especializada en dragado presentó un análisis minucioso de por qué consideraba injusta su exclusión de la carrera por la privatización de la hidrovía. Pero lo verdaderamente notable fue la estrategia desplegada para entregarla. No bastó con dirigirse al ministro argentino. La carta tuvo múltiples destinatarios de peso: llegó a manos del presidente de la nación, del canciller, pero también cruzó el Atlántico hacia Washington, donde recibieron copia el secretario de Estado Marco Rubio, el subsecretario Christopher Landau, y directivos del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense encargados de asuntos hemisféricos. Incluso alcanzó al embajador norteamericano en Buenos Aires, además de sus colegas destacados en Bruselas y la ONU. Esta arquitectura de distribución de la comunicación revelaba algo fundamental: Deme no estaba jugando solo en el tablero argentino, sino que movilizaba la estructura diplomática estadounidense para respaldar su posición.
El contenido de la misiva giraba en torno a un punto nodal: la desigualdad en la evaluación técnica. Mientras que ambas empresas competidoras habían presentado la misma oferta económica, fijada en el piso mínimo establecido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) de US$ 3,80 por tonelada de registro neto, la brecha técnica entre ellas resultó abismal. Jan de Nul cosechó 66,20 puntos en esa instancia, mientras que Deme apenas alcanzó 42,14 puntos. Una diferencia de veinticuatro puntos que resultó determinante. Sin embargo, la belga argumentaba que ese piso tarifario impuesto por las autoridades argentinas le había impedido desplegar la totalidad de su propuesta más competitiva. En otras palabras: el reglamento del juego la había maniatado.
El ajedrez de las tarifas y los ahorros prometidos
Lo más intrigante de la estrategia de Deme fue que no se limitó a impugnar lo sucedido, sino que llegó con una propuesta alternativa sobre la mesa. En lugar de simplemente protestar por la decisión, la empresa presentó la idea de una iniciativa privada conforme a lo previsto en la Ley Bases, que le permitiría participar en una nueva licitación bajo condiciones distintas. Y aquí es donde el argumento económico se volvía imposible de ignorar para cualquier funcionario con responsabilidades sobre el erario público.
Deme ofrecía una tarifa máxima de US$ 4,77 por tonelada de registro neto, lo que representaba un descuento del 17,4 por ciento respecto del piso tarifario que había fijado la ANPYN para la licitación en curso. Esto, según sus cálculos, se traduciría en un ahorro de al menos US$ 2.500 millones durante los veinticinco años de la concesión. Un número que, si era correcto, superaría ampliamente los ahorros prometidos por el consorcio ganador. El ministerio de Economía había comunicado que la adjudicación a Jan De Nul permitiría una reducción del 13,5 por ciento en el costo logístico para los exportadores. Pero Deme iba más allá: no solo prometía un 15 por ciento de reducción respecto de las tarifas vigentes en ese momento, sino que además aseguraba que su propuesta implicaría un ahorro del 30 por ciento comparado con la situación actual. Los números, si resultaban verificables, eran contundentes.
Pero hay un detalle que no puede soslayarse: el piso tarifario que Deme denunciaba como perjudicial para los usuarios era el mismo que ella misma había aceptado al momento de presentar su oferta original. Su argumento era que el pliego de bases y condiciones no le permitía mostrar la viabilidad de sus tarifas más bajas dentro del proceso en marcha. Esto revelaba una tensión inherente al mecanismo: si el reglamento estaba mal hecho, ¿por qué ambas empresas lo aceptaron sin cuestionamientos públicos antes de conocer el resultado de la evaluación técnica? La cronología sugería que la protesta surgía después de saber que había perdido.
El respaldo que viene desde el norte
Quizás el elemento más revelador de la estrategia de Deme fue su énfasis repetido en el apoyo estadounidense. La empresa belga dedicó párrafos completos de su carta a destacar que contaba con el respaldo directo del gobierno de Estados Unidos a su oferta, respaldo que aseguraba ya había sido comunicado a las autoridades argentinas. Además, mencionaba el interés específico de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) en participar directamente en la iniciativa. Este último dato era particularmente relevante: la DFC es una agencia federal estadounidense que financia proyectos de inversión en el exterior, y su participación directa significaría que no solo había dinero en juego, sino también legitimidad institucional emanada de Washington.
El mensaje implícito pero cristalino era: adjudicarle a Deme sería validar las reformas del presidente Mileiy fortalecería la relación bilateral con Estados Unidos. Una compañía con sede en Bélgica, pero respaldada por la potencia occidental más importante, estaba ofreciendo condiciones económicas superiores a las del consorcio ganador, y lo hacía con el aval de Washington en la mochila. Para cualquier gobierno buscando consolidar su relación con Estados Unidos, fortalecer su credibilidad internacional y demostrar resultados económicos tangibles, este era un triángulo difícil de ignorar. Deme no solo quería ganar; quería que perdiera pareciera un error geopolítico.
Las reglas del juego y sus interpretaciones
Un aspecto técnico pero fundamental de la carta radicaba en cómo Deme se posicionaba respecto del proceso en marcha. Afirmaba explícitamente que su presentación de una iniciativa privada no debía interpretarse como un retiro de su oferta en la licitación actual, sino como la propuesta complementaria de un nuevo proyecto. Era una forma de mantener todos sus frentes abiertos: seguía compitiendo en la licitación vigente, pero simultáneamente proponía un mecanismo legal alternativo que le permitiera entrar de nuevo en juego con mejores armas. Esto evidenciaba un conocimiento profundo de la Ley Bases y de cómo el decreto 713/2024 regulaba las iniciativas privadas. Deme estaba aprovechando los intersticios legales para crear una segunda vía de acceso.
La empresa incluso llegó a cuestionar si la ANPYN había tenido en cuenta la integridad de su propuesta al momento de evaluar el sobre técnico. Argumentaba que los términos del pliego no le habían permitido que la agencia considerara el alcance integral de lo que ofrecía. Era una acusación velada contra el proceso, no solo contra sus resultados. Si el mecanismo estaba mal diseñado, entonces nadie debería estar satisfecho, ni siquiera el ganador, porque la legitimidad del resultado quedaría manchada.
Contexto de una infraestructura vital
Para entender la magnitud de esta pulseada, es necesario recordar qué está realmente en disputa. La Vía Navegable Troncal sobre el río Paraná es, desde hace décadas, una de las arterias comerciales más críticas de la economía argentina. Por allí transitan millones de toneladas de commodities, especialmente granos y productos derivados, que luego llegan a los puertos del Río de la Plata para ser exportados. El costo del peaje en esta ruta impacta directamente en la competitividad de las exportaciones argentinas. Cada décima de dólar de reducción en la tarifa por tonelada representa millones en la ecuación final de los productores agrícolas y las empresas exportadoras. Es por eso que la pregunta por quién controla esta infraestructura y bajo qué condiciones trasciende lo meramente administrativo: toca la rentabilidad de sectores económicos enteros.
La licitación había sido cancelada una vez antes, en 2025, cuando el gobierno decidió replantear las bases. Cuando se abrió nuevamente el proceso, las expectativas de cambio eran altas. Los empresarios, los productores y los especialistas en logística esperaban que las nuevas reglas permitieran una mayor eficiencia y menores costos. Deme llegaba con promesas de mayores reducciones; Jan de Nul se llevaba los puntos técnicos. La batalla entre ambas encapsulaba la tensión clásica en licitaciones complejas: ¿qué es más importante, la excelencia operativa o el precio más competitivo?
Las consecuencias en expansión
Lo que suceda a partir de ahora con esta situación abrirá varios senderos posibles. Si el gobierno decide mantener la adjudicación a Jan De Nul y rechaza formalmente la iniciativa privada de Deme, estará mandando un mensaje de que los procesos licitatorios, una vez concluidos, se respetan sin importar las presiones posteriores o los respaldos diplomáticos. Esto fortalecería la previsibilidad institucional, aunque podría generar tensiones con Washington si efectivamente la Casa Blanca había avalado la oferta de Deme. Por el contrario, si decide reconsiderar y abrir una nueva licitación con bases modificadas, estaría reconociendo implícitamente que las reglas anteriores fueron deficientes, pero también enviaría señales de que las decisiones pueden revertirse bajo presión, lo que podría desincentivar la confianza en futuros procesos de este tipo.
Hay también una tercera posibilidad: que el gobierno busque alguna forma de negociación entre ambas partes o de aprovechamiento de lo mejor de cada propuesta. Aunque esto sería más complejo desde el punto de vista legal y contractual. Lo cierto es que Deme ha puesto en la mesa un escenario que no puede ignorarse facilmente: si sus números son correctos, los usuarios de la hidrovía estarían dejando de ahorrar miles de millones de dólares solo por la forma en que se diseñó el proceso licitatorio. Una afirmación así, especialmente cuando viene respaldada por agencias financieras estadounidenses y diplomáticos de alto nivel, requiere una respuesta sólida desde la administración pública, no solo una reivindicación de los procedimientos seguidos.
