En octubre de este año, cuando millones de personas mayores de edad abren sus cuentas bancarias para verificar si llegó el pago mensual, se encuentran con una realidad que se repite con cruda consistencia: el dinero depositado representa apenas una cuarta parte de lo que necesitan para vivir con dignidad. Los números no mienten, y los relevamientos especializados que se realizan semestralmente confirman una brecha que no deja espacio para interpretaciones optimistas. Mientras la canasta básica exigida para que un jubilado cubra sus necesidades elementales alcanza los $ 2.090.646, los haberes que perciben ronda los $ 505.748 en el mejor de los casos. Esta distancia de casi cuatro veces menos dinero no es un simple dato estadístico: representa la materialización cotidiana de una crisis estructural que afecta a millones de compatriotas en su vejez.

El documento que sustenta esta realidad proviene de un monitoreo exhaustivo llevado a cabo por la Defensoría de la Tercera Edad, organismo que cada seis meses analiza minuciosamente cómo evolucionan los costos de vida para los adultos mayores. El relevamiento abarca ciudades donde se concentra mayor densidad de población envejecida: la Capital Federal, los municipios del Conurbano bonaerense, además de Mendoza, Córdoba y Rosario. Este relevamiento no es abstracto ni académico; refleja gastos reales, concretos, que atraviesan cada hogar donde viven personas mayores. Según señaló Eugenio Semino, funcionario responsable de la Defensoría, el contraste resulta aún más dramático cuando se considera que en la ciudad de Buenos Aires el umbral de indigencia se establece en $ 903.930. En otras palabras, miles de jubilados están por debajo de ese piso mínimo que marca la pobreza extrema.

Medicinas y alimentos: los depredadores del bolsillo

Cuando se desglosa cómo se distribuyen esos $ 2.090.646 mensuales necesarios, emerge un patrón que resulta casi predecible en su crueldad. Los medicamentos se llevan $ 518.708 (24,8%) del total. La alimentación requiere $ 457.742 (21,9%). Entre estas dos categorías básicas para la supervivencia, desaparecen casi el 47% de los ingresos que debería tener un adulto mayor. No se trata simplemente de comprar comida o pastillas; la composición de estos gastos refleja patologías crónicas, dietas especiales, medicinas cada vez más caras. En el caso de la farmacología, el cálculo ya incorpora descuentos que otorgan las obras sociales, lo que significa que sin esos beneficios la cifra sería aún más catastrófica.

El problema se intensificó durante los últimos meses por decisiones administrativas que se fueron acumulando. El PAMI, la institución que atiende a la mayoría de los jubilados del sistema nacional, amplió considerablemente la lista de medicamentos de venta libre sin cobertura. Simultáneamente, redujo los porcentajes de descuento que aplicaba sobre medicamentos de prescripción médica. Para un adulto mayor con diabetes, hipertensión, artritis o las decenas de dolencias que caracterizan la vejez, esto no es un ajuste burocrático menor: es la diferencia entre acceder a la medicación o dejarla de lado. La vivienda, ya sea el mantenimiento de un inmueble propio o el pago de alquiler, consume $ 364.959 (17,5%) de lo necesario. Servicios de limpieza e higiene personal requieren $ 130.509 (6,2%). La suma de todos estos rubros básicos dispara la cifra muy por encima de lo que las arcas gubernamentales están dispuestas a transferir.

El congelamiento que no termina: una política de larga duración

Existe un factor que amplifica la tensión entre ingresos y gastos: el esquema de actualización de haberes. Aproximadamente cinco millones de jubilados y pensionados quedaron sujetos a un congelamiento que comenzó en marzo de 2024 del bono de hasta $ 70.000. Este bono, originalmente diseñado como una prestación extraordinaria y temporaria, se transformó en un componente regular del ingreso, pero su actualización se detiene mientras el resto de la economía sigue inflándose. En octubre, ese bono continúa congelado en la misma cifra. El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 no contiene ninguna previsión para incrementarlo. El esquema de reajuste de haberes, en tanto, se basa en la inflación de los dos meses previos, pero esta mecánica presenta variaciones según la condición de cada jubilado. Los aumentos menor oscilan dependiendo de la categoría de beneficiario, generando un sistema donde algunos logran mantener un poco más de poder adquisitivo mientras otros ven erosionarse aún más rápidamente sus ingresos.

Lo particularmente perverso de este mecanismo radica en que, aunque se registren períodos de expansión económica, aunque los salarios formales crezcan, aunque la recaudación tributaria aumente, los haberes de los jubilados permanecen ajustados únicamente por el criterio inflacionario. No hay cláusula que permita que se beneficien del crecimiento, del mejoramiento de las finanzas públicas o de la recuperación del nivel de actividad. Es un ajuste defensivo, no progresivo. Mantiene a la población envejecida en valores deprimidos, año tras año, década tras década. Para entender la magnitud, conviene recordar que Argentina atravesó ciclos expansivos durante el período 2003-2008 donde la economía creció dobles dígitos, pero los jubilados no participaron de esa prosperidad salvo por el efecto indirecto de la inflación que el sistema capturaba.

Una crisis trifocal: alimentaria, sanitaria y habitacional

El déficit de ingresos no existe en el vacío. Los especialistas en gerontología y geriatría que integran la Sociedad Iberoamericana de esta disciplina vienen alertando desde 2022 sobre una crisis de triple naturaleza que golpea a los adultos mayores en Argentina. La crisis alimentaria se expresa en la imposibilidad de acceder a proteína animal suficiente, a frutas y verduras variadas. La crisis sanitaria se manifiesta en medicinas que no se compran, controles médicos que se postergan, tratamientos que se interrumpen. La crisis habitacional impacta en viviendas que no se reparan, servicios que se cortan, desalojos de personas que no pueden pagar alquileres. Estos tres ejes se entrelazan de manera que uno agrava al otro. Un jubilado que come mal enferma más. Un jubilado que no accede a medicinas se deteriora. Un jubilado sin vivienda digna sufre estrés que impacta en su salud física y mental.

La población adulta mayor en Argentina suma más de cuatro millones de jubilados y pensionados que dependen de prestaciones sociales, más casi un millón de personas con discapacidad que perciben la prestación universal, más beneficiarios de pensiones por viudez y otras modalidades. Estos millones de personas ingieren medicamentos recetados, necesitan lugares donde dormir, requieren alimentos. Sus demandas no son caprichos de lujo; son requisitos elementales para no morir. Y sin embargo, el sistema de ingresos que financian sus necesidades está estructurado de manera que garantiza un déficit permanente. Alguien debe comer menos, dejar de comprar medicinas, o vivir en condiciones de hacinamiento y deterioro.

Las implicancias futuras de este escenario presentan múltiples aristas. Desde una perspectiva demográfica, Argentina envejece aceleradamente: la proporción de personas mayores de 65 años se incrementa año tras año, lo que implica que el universo afectado crece constantemente. Desde una óptica fiscal, ampliar significativamente los haberes requeriría redistribuciones presupuestarias o incrementos de ingresos tributarios que generan resistencias políticas. Desde una perspectiva social y sanitaria, mantener indefinidamente esta brecha genera consecuencias en salud pública, morbilidad, mortalidad y demanda de servicios de emergencia. Distintos sectores ofrecen diagnósticos diferentes sobre qué hacer: algunos sugieren que el sistema previsional requiere una reforma estructural; otros plantean que la solución pasa por elevar la presión tributaria sobre sectores de mayor ingreso; terceros proponen revisar la matriz de gasto público en otras áreas. Lo que permanece inalterado es la realidad cotidiana de millones de personas que cada mes abren una brecha cada vez más profunda entre lo que necesitan y lo que tienen.