La industria bonaerense atraviesa un momento crítico que traspasa los simples números de una planilla contable. Desde mayo de 2023, la provincia ha perdido 1.306 plantas industriales—más de un tercio de los cierres nacionales— y con ellas se esfumaron 41.975 empleos, representando el 45% de la destrucción de puestos de trabajo en todo el país. Estas cifras constituyen el telón de fondo sobre el cual se mueve la nueva conducción de la Unión Industrial bonaerense, que acaba de asumir con propuestas concretas y un diagnóstico contundente sobre las causas de este deterioro. No se trata únicamente de una coyuntura económica compleja; se trata de decisiones de política pública que moldean la viabilidad o no de empresas que generan valor agregado en la provincia que concentra el 50% de la actividad manufacturera argentina.
Alejandro Gentile, ingeniero industrial formado en la Universidad Tecnológica Nacional, asumió recientemente la presidencia de la entidad que agrupa a los industriales del interior bonaerense. Su trayectoria profesional lo vincula desde hace décadas con uno de los principales grupos empresariales del país: ingresó como pasante durante sus años de estudiante y fue escalando posiciones hasta convertirse en parte de la dirección de Relaciones Institucionales. A los 50 años, llega a este cargo con una visión que intenta alejarse de la retórica del lamento, buscando en cambio presentar alternativas que se sostengan en análisis comparativos con otras jurisdicciones. La UIPBA, que nuclea alrededor de 200 empresas socias de distinto tamaño, tenía la necesidad de una conducción que articulara la demanda de un sector que va desde grandes corporaciones hasta pequeñas y medianas empresas en estado de vulnerabilidad.
El tributo que mata en cascada
Entre los problemas que ocupan la agenda de Gentile, el impuesto sobre Ingresos Brutos aparece como el más acuciante. Este tributo, que se aplica en cascada a lo largo de la cadena productiva—es decir, gravando múltiples veces el mismo valor según avanza en los eslabones de producción y comercialización—genera una presión fiscal que no tiene comparación en el territorio nacional. Según datos aportados por la propia entidad, la carga efectiva de Ingresos Brutos sobre el valor agregado industrial en Buenos Aires alcanza el 4,7%, mientras que en Córdoba desciende al 3,5% y en Santa Fe al 3,6%. Estas diferencias, que podrían parecer marginales en un análisis superficial, representan en realidad miles de pesos anuales de diferencia para cada empresa, especialmente en rubros que operan con márgenes ajustados.
La proposición que la dirigencia industrial bonaerense presentó ante el gobierno provincial busca replantear esta estructura de manera progresiva. El plan contempla, en una primera etapa, elevar el piso de facturación anual a partir del cual se cobra el tributo, pasando de 1.800 millones a 3.600 millones de pesos. Para las empresas catalogadas como medianas, se propone un horizonte de tres años para reducir progresivamente el tributo, mientras que para las grandes se estima un período de cinco años. La aspiración final es alcanzar una alícuota de cero, como sucedía antes de 2008, cuando fue reintroducido. Este enfoque gradual pretende evitar shocks tributarios bruscos en las arcas provinciales, permitiendo al mismo tiempo que las empresas reorienten recursos hacia inversión, empleo y expansión.
Cuando los números hablan más que las palabras
Lo que da peso específico a los reclamos de la industria bonaerense es la sustentación comparativa del argumento. Los estudios realizados por la UIPBA revelan que el aporte de Ingresos Brutos a la recaudación provincial total apenas alcanza el 1,4%—una cifra que sugiere que el impacto tributario no es proporcional a la recaudación que genera. Más aún: cuando se compara la presión fiscal total en la provincia con economías competidoras regionales, las diferencias se amplían dramáticamente. La carga impositiva sobre la industria bonaerense es 2,5 veces superior a la de México y 1,6% más alta que la de Brasil, según los análisis compartidos. Estas comparaciones internacional no son menores: Argentina compite por inversiones, talento y decisiones de localización de plantas con otros territorios, y un diferencial tributario de esa magnitud puede resultar decisivo.
La propuesta del sector industrial tampoco se limita a reclamar reducciones sin ofrecer compensaciones. Existe la expectativa de que una menor presión vía Ingresos Brutos pueda ser compensada—al menos parcialmente—con mayores ingresos por el tributo a las Ganancias, siempre que la reducción de la carga fiscal estimule el crecimiento empresarial, la formalización laboral y la ampliación de la base tributaria. En el contexto provincial, donde la informalidad ha trepado a casi el 20%—un nivel alarmante para una zona industrializada—cualquier medida que incentive la formalización y el crecimiento de empresas viables representa una oportunidad de ingresos futuros. Los sectores que más han sufrido los cierres—cuero y calzado, textiles, tabaco, confecciones—históricamente generadores de empleo masivo, podrían comenzar a recuperarse bajo un régimen tributario menos asfixiante.
Industria y futuro: más allá de lo fiscal
Gentile también presentó una visión de la organización industrial que va más allá de las demandas puntuales. La UIPBA está incorporando herramientas de inteligencia artificial para recolectar, procesar y analizar datos del sector, permitiendo una caracterización más precisa de dónde están parados sus socios, cuáles son sus desafíos específicos y dónde residen las oportunidades. Este cambio metodológico sugiere que la entidad busca transitar desde un modelo de reclamo reactivo hacia otro de análisis prospectivo y propositivo. Además, la entidad tiene planificado un evento en noviembre que incluye una obra de teatro escrita por el dramaturgo Santiago Viola, de 24 años, que busca transmitir a la sociedad qué significa ser industrial en la Argentina actual. Esta iniciativa apunta a un objetivo estratégico: recuperar la valoración social de la actividad industrial, que en los últimos años ha sufrido un deterioro considerable en la percepción pública.
El contexto histórico en el que se inscribe este reclamo no es menor. Buenos Aires fue la provincia que albergó el proceso de industrialización del país en el siglo XX, convirtiéndose en el centro neurálgico de la manufactura nacional. Aunque esa primacía relativa se ha erosionado, la provincia sigue concentrando casi la mitad de la producción industrial argentina. Los cierres de plantas y la pérdida de empleos no representan únicamente un problema económico coyuntural, sino una erosión de capacidades productivas que, si se profundiza, podría comprometer la viabilidad futura de ciudades y regiones enteras que dependen de esa actividad. Las perspectivas que abren estas decisiones de política tributaria trascienden lo meramente recaudatorio para tocar aspectos de desarrollo territorial, empleo sostenible y competitividad sistémica.
Las implicancias de las decisiones que se tomen en los próximos meses resultan significativas tanto para la provincia como para el equilibrio fiscal provincial. Por un lado, existe el argumento de quienes plantean que una reducción en la presión tributaria sobre Ingresos Brutos podría generar un efecto expansivo que, con el tiempo, aumente la base tributaria y compense la recaudación inicial perdida—un mecanismo conocido en economía como efecto elasticidad. Por otro lado, están quienes argumentan que cualquier reducción en ingresos tributarios enfrenta al gobierno provincial con restricciones presupuestarias inmediatas que podrían impactar en servicios públicos o en otras prioridades de gasto. Entre ambas posiciones, la realidad sugiere que el costo de mantener el status quo tributario—en términos de cierre de empresas, desempleo y erosión de capacidades productivas—también es un costo fiscal y social que merece ser sopesado en el análisis de política pública. Las decisiones que emerjan de estos debates moldearan, sin dudas, el perfil productivo y laboral de Buenos Aires en la próxima década.
