La economía argentina atraviesa un punto de inflexión que trasciende los números que publicará el Instituto Nacional de Estadística y Censos este jueves. Lo que se espera conocer mañana no es simplemente un dato mensual más, sino la confirmación de un cambio radical en la trayectoria del desempeño productivo nacional. Mientras el año pasado la actividad económica registró una expansión cercana al 6% anual durante los primeros seis meses, en idéntico período de 2024 esa cifra se desplomó hacia el entorno del 1,5%. En términos simples: la economía está creciendo una cuarta parte de lo que lo hacía hace doce meses. Este fenómeno no responde a coyunturas particulares ni a factores aislados, sino que refleja un agotamiento de los impulsos iniciales que alimentaban la recuperación posterior a la devaluación de 2023.

Las consecuencias de esta desaceleración ya asoman en datos complementarios que el Ministerio de Economía divulgó en las últimas jornadas. El superávit primario, descontada la erosión inflacionaria, experimentó una caída de 17,6% en el acumulado hasta julio. Esta contracción fiscal no obedece a un incremento del gasto público sino precisamente a lo contrario: es el resultado directo de una menor recaudación tributaria provocada por la reducción de la base imponible. Menos actividad económica genera menos ingresos fiscales, un círculo vicioso que complica la estrategia de consolidación fiscal que el Gobierno ha prometido mantener como eje de su política macroeconómica. En los pasillos del Fondo Monetario Internacional, quienes siguen de cerca la evolución argentina han desplazado el foco de sus preocupaciones: no es el comportamiento del dólar lo que genera alarma, sino justamente esta variable de actividad económica que se resiste a despegar.

Las promesas de Vaca Muerta y el desafío fiscal

Semanas atrás, durante una visita a los yacimientos de Vaca Muerta, la directora del FMI recibió una promesa clara de parte de funcionarios argentinos: aquellas reservas de hidrocarburos serían la fuente de divisas para honrar los compromisos de la nación con el organismo internacional. La apuesta es concreta: para el próximo año, Argentina exportará gas natural hacia los mercados europeos, particularmente hacia Alemania, mientras que el consumo doméstico de combustible será abastecido con apenas la mitad de la producción petrolera actual, dejando el resto disponible para exportación. La respuesta fue escueta pero reveladora: "Los dólares no me preocupan", manifestó la funcionaria. Sin embargo, la realidad que emerge de los datos económicos recientes sugiere que debería preocuparse, aunque sea por razones indirectas.

El Fondo Monetario comprende un mecanismo que la mayoría de los analistas locales suele pasar por alto: si la actividad económica continúa desacelerándose al ritmo actual, el cumplimiento de las metas fiscales no podrá sostenerse únicamente mediante ingresos extraordinarios de privatizaciones o exportaciones de energéticos. El Gobierno ha manifestado una resistencia clara a incrementar la presión tributaria, lo que significa que cualquier ajuste fiscal deberá provenir exclusivamente del lado del gasto público. Y aquí reside el punto de fricción política más delicado: un recorte de gasto muy pronunciado en un contexto de contracción económica genera resistencias políticas y sociales que podrían comprometer la gobernabilidad del plan. Un cálculo realizado por analistas independientes revela que sin los ingresos derivados de las privatizaciones, el superávit fiscal hasta julio sería 26,6% inferior en términos reales respecto a 2026. Esto demuestra cuánto depende el equilibrio fiscal de variables extraordinarias y no de una mejoría sustentable de la base económica.

La montaña rusa de julio: brotes verdes y alarmas simultáneas

Los datos que corresponden a junio, que se conocerán mañana, son en cierto sentido información pasada de fecha. Las cifras de julio, por su parte, dibujaron un panorama ambiguo que no permite extraer conclusiones claras sobre el rumbo de los próximos meses. Existen signos positivos que merecen atención: la recaudación tributaria vinculada directamente a la actividad económica rebotó por segundo mes consecutivo, las compras desde Brasil hacia Argentina repuntaron, las ventas relevadas por la CAME mostraron recuperación y el patentamiento de motocicletas aceleró su ritmo. Simultáneamente, indicadores de la construcción retrocedieron con persistencia, los despachos de cemento cayeron, la producción automotriz local se contrajo y sus patentamientos bajaron, las exportaciones hacia Brasil decrecieron y el crédito al consumo también registró un desempeño negativo.

Este mosaico contradictorio deja expuesta la fragilidad del crecimiento actual. Para agosto, la proyección de muchos economistas privados apunta hacia una aceleración de la desaceleración, particularmente en el sector industrial, como respuesta directa al incremento de los costos energéticos que comenzó a regir. Los pronósticos del sector privado para el crecimiento del año oscilan entre 1,9% y 3%, cifras que revelan un consenso sobre una economía que crece lentamente pero de manera incierta. El funcionario a cargo de la Tesorería del Estado expresó públicamente hace poco su preocupación respecto a que la actividad está expandiéndose por debajo de lo que el Gobierno consideraría como un escenario deseable. Los analistas económicos del sector privado han caracterizado la situación como "un panorama muy exigente" para poder cumplir con las metas fiscales pactadas con Washington, mientras que el responsable de la cartera de Economía admitió que prácticamente no existe margen adicional para reducir el gasto público sin afectar funciones críticas del Estado.

La arquitectura de la paciencia: ¿puede una economía bimonetaria estabilizarse sin crecer?

Quienes se encuentran cerca del proceso de toma de decisiones presidencial identifican dos directrices que parecen gobernar las acciones del Ejecutivo. Primero, la prioridad fundamental es alcanzar y consolidar la estabilización de la economía—una meta que ya muestra algunos logros, como la notable caída de la inflación mayorista celebrada recientemente. Segundo, existe una cautela deliberada respecto de medidas que, aunque provengan de buenas intenciones, podrían realimentar la tendencia de los argentinos a dolarizar sus portafolios. Esto explicaría la resistencia a programas de crédito de corto plazo, reducciones en los encajes bancarios o emisión de deuda en pesos que genere liquidez excesiva circulando sin destino claro. Un economista de origen uruguayo que funciona como asesor informal del ministro no otorga declaraciones públicas, pero participó recientemente en un encuentro privado entre especialistas del mercado y académicos, donde fue ovacionado por su disposición tanto para escuchar como para ser escuchado. Durante ese almuerzo, ratificó una tesis que ha sostenido junto con otros colegas desde hace años: la estabilización argentina replica el patrón que Uruguay atravesó durante los noventa, cuando ambas economías operaban con sistemas bimonetarios, bajos niveles de reservas y déficits fiscales crónicos como punto de partida.

Lo relevante es que Uruguay logró superar esa etapa y transitar hacia una economía sustentable. El mismo asesor ha insistido públicamente sobre la necesidad de blindar los procesos de estabilización con una arquitectura política robusta que contenga las transiciones entre gobiernos, evitando que cambios de administración generen reverberaciones que destruyan lo construido. Esto se podría lograr mediante coaliciones amplias o consensos sobre reglas fiscales de largo plazo. Una empresa de envergadura del sector energético, con planes ambiciosos de exportación en los próximos años, reveló que la pregunta más frecuente de los inversores internacionales es si existe la posibilidad de un giro de 180 grados en la política económica en 2027, cuando venza el mandato presidencial. Esta preocupación se traduce directamente en la tasa de riesgo que los mercados financieros exigen para financiar al Estado argentino, la cual nuevamente superó los 500 puntos básicos.

No obstante, estos temores sobre discontinuidad política no derivan de las especulaciones que circulan sobre la presencia o ausencia del Presidente en sus actividades cotidianas, ni de consideraciones sobre su estado de salud, ni del papel que pudiera cumplir su hermana en la gestión gubernamental. Tampoco provienen del impacto macroeconómico que genera el aumento de la mora crediticia, que alcanza el 9% del stock total de créditos, concentrada mayormente en billeteras virtuales donde casi dos millones de personas mantienen deudas cuyo promedio ronda el millón de pesos, aunque la mitad está por debajo de los quinientos mil pesos. El verdadero interrogante que despierta estas aprehensiones es estructural: ¿cómo logrará una economía expandirse significativamente bajo un modelo que ha establecido límites defensivos precisamente para prevenir una crisis financiera? Un especialista en macroeconomía planteó recientemente que el actual modelo económico "encontró un límite dados los recaudos defensivos para evitar una crisis financiera que ha tomado el Gobierno".

La escasez de liquidez en los mercados financieros se presenta como un obstáculo sistémico. Los analistas coinciden en que será el comportamiento del crédito al sector privado la variable decisiva para revitalizar la demanda agregada y retornar a tasas de crecimiento comparables a las que se observaron inmediatamente después de la devaluación de 2023, cuando la economía experimentó un rebote espectacular. Pero esa reactivación crediticia depende de que los bancos tengan confianza en la capacidad de repago de los deudores, lo que a su vez requiere de una mejora sustancial en la actividad económica. El círculo vicioso es evidente: se necesita crédito para que la economía crezca, pero el crédito no fluye mientras la economía no crece. Romper ese círculo mediante intervenciones de corto plazo es precisamente lo que el Gobierno parece estar evitando deliberadamente, consciente de que tales medidas podrían generar desequilibrios mayores en el futuro.

Los próximos meses definirán si la estrategia de paciencia y disciplina fiscal puede compatibilizarse con una expansión económica de magnitud suficiente para mantener la legitimidad social del plan. Si la actividad continúa desacelerándose, las presiones sobre el gasto público se intensificarán, forzando decisiones políticas difíciles que podrían generar fracturas tanto en la coalición de gobierno como en el apoyo de la ciudadanía. Inversamente, si los yacimientos de Vaca Muerta comienzan a generar divisas en los volúmenes esperados y los mercados externos mejoran su demanda por productos argentinos, la economía podría encontrar un nuevo piso de crecimiento sin necesidad de abanderar políticas que el Gobierno considera riesgosas. También existe el escenario intermedio: una estabilización consolidada pero con crecimiento moderado, que mantendría la gobernabilidad pero generaría insatisfacción gradual entre sectores que esperaban una recuperación más vigorosa. Cada uno de estos futuros posibles contiene implicancias distintas para la política partidaria, la cohesión social y la capacidad del país para atraer inversión extranjera en los próximos años.