En algún momento de su gestión, todo gobernante enfrenta una encrucijada que define su futuro político: el punto de quiebre donde descubre qué preocupa realmente a quienes votaron por él. En esta semana, mientras se debatía el estado de la economía argentina, una verdad económica centenaria volvió a manifestarse con crudeza. La capacidad de mantener empleos se convirtió en la métrica más valiosa que cualquier indicador de precios. Un presidente que prometió reducir la inflación a través del ajuste ahora enfatiza que el desempleo "no está volando", como si en esa frase residiera la legitimidad de todo lo demás. Lo curioso es que esta no es una observación nueva, ni siquiera novedosa. Es un patrón que se repite cada vez que un líder político descubre que sus prioridades económicas no coinciden con las prioridades de sobrevivencia de la gente común.
Los economistas llevan décadas documentando este fenómeno, aunque la historia real de cómo los políticos lo descubren es mucho más pintoresca. En 1968, Richard Nixon, entonces candidato presidencial estadounidense, hizo una confesión a sus asesores que pasaría a la historia como un acta de pragmatismo brutal: nadie pierde una elección por culpa de la inflación. Lo que sí genera derrotas políticas, según su análisis, es la desocupación. "A la gente le importa más no tener trabajo que ver subir el precio de lo que compra en la tienda", resumió de manera tosca pero efectiva. Años después, cuando ya ocupaba la Casa Blanca y enfrentaba presiones conflictivas, Nixon envió un mensaje al titular de la Reserva Federal, Arthur Burns, que capturaba su verdadera jerarquía de prioridades: independientemente de cómo se combinaran los números, había que equivocarse más a favor de la inflación. Esto significaba, en lenguaje claro, que estaba dispuesto a tolerar alzas de precios si ello garantizaba mantener a los trabajadores en sus empleos. La supervivencia política, en su cálculo, valía más que la coherencia teórica.
La teoría que prometía predecir el futuro
Durante casi un siglo, los economistas creyeron tener una fórmula casi matemática para manejar estas tensiones. En 1958, un investigador neozelandés llamado Alban William Phillips publicó un estudio que se convirtió en piedra fundacional para generaciones de gestores económicos. Después de analizar prácticamente cien años de registros británicos, Phillips propuso algo seductoramente simple: existe una relación inversa entre desempleo e inflación salarial. En otras palabras, cuando sube el desempleo, los salarios suben más lentamente. Cuando baja el desempleo, presionan los salarios hacia arriba. La implicación práctica era que los gobiernos podrían "elegir" su combinación preferida: ¿querés menos desempleo? Acepta más inflación. ¿Querés precios estables? Prepárate para despidos. Era como tener un menú de opciones en un restaurante económico, con la ilusión de que la elección era libre y predecible.
El problema llegó con la realidad, esa mala costumbre de no respetar las predicciones científicas. En 1970, algo que los teóricos consideraban imposible ocurrió sin anunciarse: el desempleo comenzó a crecer y la inflación también se aceleró, rompiendo la relación que Phillips había documentado. Fue como descubrir que el mapa del territorio estaba completamente equivocado. Los economistas ortodoxos que habían construido sus carreras sobre la curva de Phillips vieron derrumbarse el edificio. Incluso Joan Robinson, discípula del economista John Maynard Keynes, describió el momento con lenguaje que rara vez se ve en textos académicos: lo que había sido una "ensoñación" se transformó en una "pesadilla". Milton Friedman y Edmund Phelps, trabajando independientemente desde Chicago y Columbia respectivamente, fueron entre los pocos que anticiparon el colapso de esta relación. Tiempo después, la teoría de las expectativas racionales sofisticó el análisis: en el corto plazo, estimular la demanda podría no crear más empleos, solo inflación.
Cuando los militares tenían miedo a los desocupados
La historia argentina ofrece ejemplos particulares de cómo los gobiernos navegan esta disyuntiva. Durante la última dictadura militar, el ministro de Economía José Martínez de Hoz enfrentó una petición inusual de sus superiores uniformados. El Ejército y la Armada le planteaban un objetivo que, con el tiempo, se revelaría tan imposible como lo que Nixon pedía: reducir la inflación de tres dígitos anuales a dos, pero manteniendo el pleno empleo. Los militares, según cuenta el propio Martínez de Hoz, le tenían "terror a la recesión". No era una preocupación económica abstracta: veían en cada trabajador desocupado un "potencial guerrillero". El miedo institucional de las Fuerzas Armadas a que el desempleo generara inestabilidad social los llevaba a imponer restricciones que complicaban la tarea de "estabilizar" los precios. Era la misma lógica de Nixon, solo que justificada con un vocabulario de seguridad nacional.
Las experiencias de estabilización que vivió Argentina en momentos posteriores confirmaron que no existe un almuerzo gratis en economía. Cuando se implementó el Plan Austral en 1989, o posteriormente el régimen de convertibilidad en los años noventa, sí hubo logros en la reducción de la inflación. Pero los "trade-offs" no tardaron en hacerse visibles. Con el gobierno de Carlos Menem, mientras los precios se estabilizaban y la moneda se ancla a paridad con el dólar, la desocupación superó el 15 por ciento. Fue exactamente lo que Milei descalificaría ahora al decir que el desempleo "volaba". La Historia económica demuestra que estos dilemas no tienen soluciones mágicas: cada decisión en una dirección implica costos en la otra. Incluso casos de relativo éxito mantienen esa tensión irresuelta.
En el contexto actual, cuando un funcionario enfatiza que "el desempleo no está volando", insiste en que está en torno al 7,8 por ciento, y compara esa cifra favorablemente con gestiones anteriores, está realizando un cálculo político que trasciende lo meramente técnico. Está diciendo: "Elegí este camino porque créo que es lo que ustedes, la gente, realmente necesitaba". El dato que presenta sobre el empleo total —formal más informal— en los últimos años muestra incremento según las cifras oficiales. Pero esta narración encuentra contestación desde otros ángulos: la crítica que levanta la oposición se centra en la caída del trabajo privado formal, es decir, ese empleo de blanco que tradicionalmente se consideraba más estable y mejor remunerado. Dos narrativas sobre los mismos números revelan que el debate sobre empleo no es solo estadístico, sino sobre qué tipo de empleo cuenta como "empleo real".
El dilema que Nixon nunca resolvió
Larry Summers, quien se desempeñó como secretario del Tesoro estadounidense, expresó hace poco algo que suena casi como una confesión del sistema: los economistas aún no encuentran otra vía para reducir la inflación que no sea enfriar la economía. En otras palabras, no hay escapatoria de la vieja disyuntiva. Helmut Schmidt, ministro de Economía de Alemania Federal, fue más provocador cuando afirmó que su población podía tolerar mejor un cinco por ciento de inflación que un cinco por ciento de desempleo, a pesar de que Alemania cargaba con el recuerdo traumático de la hiperinflación de los años veinte. Era como decir que ciertos miedos económicos se olvidan con las generaciones, mientras que otros —la falta de trabajo— permanecen siempre presente en la memoria colectiva.
Lo que está ocurriendo en la arena política actual cuando se enfatizan cifras de desempleo responde a un reconocimiento tácito de esta jerarquía de miedos. Un gobierno que llega al poder prometiendo ajuste y reducción de la inflación eventualmente descubre que su legitimidad depende de algo diferente: de que la gente tenga un lugar donde ir a trabajar por las mañanas. Es el momento que Borges podría haber llamado el "instante" en el que un político sabe para siempre quién es realmente, más allá de sus promesas iniciales. En esa encrucijada, algunos gobiernos ajustan su narrativa, otros su política, y muy pocos logran hacer ambas cosas sin pagar un precio significativo. La pregunta que emerge es si una gestión que privilegia el combate a la inflación pero mantiene tasas moderadas de desempleo habrá resuelto el dilema o simplemente lo habrá redistribuido entre distintos grupos sociales: aquellos que mantuvieron sus trabajos versus aquellos que perdieron ingresos reales por inflación anterior.
Las consecuencias de esta reconfiguración discursiva pueden interpretarse desde múltiples perspectivas. Algunos analistas argumentarían que es pragmatismo necesario: un gobierno que escucha lo que la ciudadanía realmente necesita y ajusta sus prioridades en consecuencia. Otros verían en este cambio de énfasis una falta de coherencia o una capitulación frente a realidades económicas que se rehúsan a cooperar con los planes originales. Lo cierto es que el fenómeno tiene raíces profundas en cómo las sociedades procesan sus preocupaciones económicas y en cómo los líderes políticos leen esas prioridades. El hecho de que un discurso enfatice el desempleo sobre la inflación señala dónde están los reales puntos de vulnerabilidad política, independientemente de cuáles sean las cifras que se presenten. La historia demuestra que este tipo de correcciones de curso no ocurren por capricho, sino porque la experiencia política de décadas ha mostrado una y otra vez quién es derrotado en las urnas: no quien permitió que los precios subieran, sino quien dejó a sus ciudadanos sin empleo.
