Durante más de cuatro décadas, economistas, políticos y analistas financieros han atribuido los problemas de competitividad internacional de la Argentina a un fenómeno que parecía inevitable: la denominada "enfermedad holandesa". La premisa era seductora en su simplicidad: cuando un país recibe un flujo abundante de divisas —ya sea por la exportación de recursos naturales o por reformas estructurales— el tipo de cambio se aprecia, encareciendo las exportaciones y desalentando la industria. Sin embargo, un examen detallado de la historia económica reciente del país revela una verdad incómoda que cuestiona esta narrativa dominante. El atraso cambiario sostenido en Argentina no fue consecuencia de un exceso de dólares, sino de decisiones políticas deliberadas para frenar la inflación. Este matiz, que podría parecer meramente académico, tiene implicaciones profundas sobre cómo entendemos nuestras crisis económicas y cómo las prevenimos en el futuro.

El modelo teórico y sus limitaciones en territorio argentino

Cuando el economista australiano Max Corden formuló a comienzos de los años ochenta su teoría sobre la enfermedad holandesa, lo hizo con el objetivo de explicar por qué países ricos en recursos naturales frecuentemente experimentaban estancamiento económico a largo plazo. El mecanismo que describía funcionaba en dos canales simultáneamente. El primero operaba a través del mercado laboral: cuando un nuevo sector de alta productividad comenzaba a generar ganancias extraordinarias, los salarios en dólares subían en ese segmento, efecto que luego se propagaba hacia el resto de la economía, presionando hacia arriba los precios expresados en moneda extranjera. El segundo canal actuaba por demanda: el aumento de ingresos en los sectores dinámicos desviaba el consumo hacia bienes y servicios no comerciables internacionalmente —vivienda, servicios gastronómicos, transportes locales—, provocando que sus precios subieran más que los de los productos exportables.

La teoría de Corden proporcionaba un marco elegante para comprender dinámicas que parecían casi naturales, casi inevitables. Si la apreciación del tipo de cambio era un efecto automático de la prosperidad, entonces los gobiernos que buscaban mantener la competitividad exportadora estaban condenados a fracasar. Esta narrativa tranquilizaba a quienes argumentaban que los problemas estructurales argentinos eran casi imposibles de resolver mediante la política económica deliberada. Sin embargo, cuando se examinan los datos concretos de la economía argentina en los últimos años, el modelo comienza a tambalearse. En abril de 2024, tanto el Índice de Remuneraciones del Personal Transoccupado Estable como los salarios del sector privado formal, medidos en dólares corrientes, eran prácticamente idénticos a los registrados en noviembre de 2023, el último mes completo antes de la asunción de la nueva administración y de la devaluación acelerada que siguió. Si los salarios no habían crecido en dólares, ¿dónde estaba el primer mecanismo que Corden había identificado como generador de apreciación? La respuesta es perturbadora en su sencillez: simplemente no estaba ahí.

Evidencia incómoda: lo que los números cuentan sobre los precios y la demanda

El segundo canal teórico —el del exceso de demanda hacia servicios no comerciables— sí mostraba signos de actividad, pero su interpretación requería mayor cuidado. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor se multiplicó por 4,12. Los servicios privados, ese agregado que incluye restaurantes, hoteles, transporte y entretenimiento, experimentaron una suba aún más violenta: 5,16 veces. Los servicios públicos —agua, electricidad, gas, transporte colectivo— alcanzaron un factor de aumento de 6,62. En conjunto, los servicios como categoría amplia se multiplicaron por 5,54 veces. Las cifras son abrumadoras, casi apocalípticas cuando se las sitúa en la experiencia de una familia promedio. Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿esto es resultado de un exceso de demanda, como la teoría predecía?

Para responder con rigor, conviene observar indicadores de actividad económica real, no solo precios nominales. El sector Comercio y Reparaciones —ese termómetro sensible que registra si las familias están comprando más servicios y bienes— cuenta una historia distinta. En el primer trimestre de 2026, el producto interno bruto a precios constantes de este sector era un 3% más bajo que en el mismo trimestre de 2023. Si se amplía la perspectiva para evitar distorsiones estacionales, comparando el año que cierra en el primer trimestre de 2026 con el que terminaba en el tercer trimestre de 2023, la caída alcanza 4,1%. En otras palabras: mientras los precios de los servicios no comerciables se multiplicaban por cinco o seis, la cantidad de servicios que las personas efectivamente estaban comprando caía. Esto no es exceso de demanda. Esto es algo completamente distinto: es la inflación actuando independientemente de los fundamentales de oferta y demanda, rozando el dominio de lo puramente monetario y político.

Repasando la historia: cuándo y por qué Argentina eligió la ruta del atraso cambiario

La Argentina tiene una larga tradición de utilizar el tipo de cambio como instrumento para combatir la inflación, una práctica que precede ampliamente a cualquier teoría económica formal. Durante los primeros años ochenta, el economista Carlos Rodríguez intentó explicar los problemas de competitividad argentinos apelando a la enfermedad holandesa, señalando como punto de origen el salto en la productividad agrícola que habría traído consigo la expansión de la soja a partir de la campaña 1975-76. La explicación tenía cierta coherencia: una bonanza de productos naturales como punto de partida para el deterioro competitivo. Durante la Convertibilidad de los años noventa, cuando el peso estaba fijo al dólar, el fenómeno se repitió pero con fundamentos distintos: ahora eran las privatizaciones masivas de empresas públicas y las reformas estructurales las que supuestamente generaban productividad y apreciación cambiaria.

Pero cuando Cristina Fernández asumió la presidencia en 2003 —y más explícitamente cuando Mercedes Marco del Pont asumió en el Banco Central— el enfoque cambió radicalmente. El atraso cambiario que se mantuvo durante esos años no fue resultado de una enfermedad holandesa, sino de una decisión política e ideológica deliberada de mantener un tipo de cambio deprimido para contener la inflación y proteger el salario real de la población. Nadie en ese entonces argumentaba que sobraban dólares; al contrario, la preocupación era la escasez de divisas, lo que eventualmente condujo al establecimiento de controles de cambios para evitar una nueva cesación de pagos. El modelo funcionó durante años, brindando cierta estabilidad relativa, pero acumuló desequilibrios que terminaron siendo su perdición: empresas que no invertían porque sus márgenes se comprimían, una inflación que los números oficiales no reflejaban adecuadamente, y un desajuste creciente entre el valor oficial de la moneda y el que el mercado estaba dispuesto a pagar por ella.

Macri, el sorprendido, y las lecciones olvidadas

Cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia en 2015, heredó un tipo de cambio crónicamente deprimido. Lo que ocurrió luego fue, según los registros disponibles, una sorpresa para el gobierno: el atraso cambiario acumulado durante años cobró factura de manera abrupta. El proceso de normalización del tipo de cambio que la nueva administración impulsó —parcialmente por convicción ideológica, parcialmente por necesidad— desencadenó una crisis económica y social de magnitud considerable. Esa crisis allanó el camino para el retorno de la coalición de centroizquierda en 2019. El ciclo político se cerraba sobre sí mismo, demostrando que las decisiones cambiarias no son simplemente tecnicismos para economistas, sino variables que estructuran trayectorias políticas enteras.

Un nombre para lo que sí sucede: la enfermedad argentina

Quizá sea hora de proponer una categoría distinta para describir lo que realmente le ocurre a la economía argentina. Si la enfermedad holandesa es lo que se espera que suceda pero eventualmente no sucede, entonces existe otro fenómeno que sí sucede repetidamente en el país: una enfermedad puramente argentina, caracterizada por ciclos de atraso cambiario deliberado seguidos por ajustes abruptos, todo orquestado por decisiones políticas antes que por fuerzas mecánicas de mercado. Esta enfermedad es generada por gobiernos que utilizan el tipo de cambio como amortiguador para presiones inflacionarias internas, sabiendo que eventualmente el esquema se tornará insostenible. Los economistas posteriores heredan un pasivo cambiario que debe resolverse, frecuentemente de manera traumática. La diferencia fundamental radica en que la enfermedad holandesa es algo que sucede a un país como consecuencia de su riqueza, mientras que la enfermedad argentina es algo que un país se autoinflige mediante sus propias decisiones políticas.

El reconocimiento de esta distinción tiene consecuencias prácticas significativas. Si el problema fuera verdaderamente una enfermedad holandesa, entonces los gobiernos estarían relativamente indefensos ante ella, condenados a buscar paliativos estructurales de largo plazo. Si el problema es una elección política deliberada, entonces existe responsabilidad, y las decisiones pueden analizarse no simplemente como respuestas a fuerzas impersonales, sino como opciones que priorizan algunos objetivos sobre otros: la inflación visible sobre el crecimiento, la redistribución de corto plazo sobre la competitividad de largo plazo, el control político sobre el equilibrio fiscal. Esto no significa que tales opciones sean necesariamente equivocadas, pero sí significa que deben ser evaluadas como lo que son: opciones con costos y beneficios distribuidos de manera desigual en la sociedad, no como destinos inevitables.

Implicancias presentes y escenarios futuros

La forma en que se interprete el origen del atraso cambiario argentino tendrá repercusiones directas sobre cómo se aborden los desafíos económicos presentes y futuros. Si predomina la narrativa de la enfermedad holandesa, entonces la conclusión es que los problemas de competitividad internacional son casi estructurales, casi imposibles de resolver, y que el país debe resignarse a ser un proveedor de materias primas cuyos precios fluctúan según dinámicas globales. Si en cambio se reconoce que el atraso cambiario fue resultado de decisiones de política pública deliberadas, entonces emerge la posibilidad de replantear esas decisiones, de establecer reglas de juego más claras, de construir instituciones que eviten los ciclos repetidos de ajuste abrupto. El camino elegido determinará si las próximas crisis económicas serán vistas como calamidades inevitables o como consecuencias predecibles de elecciones políticas específicas. En cualquier caso, la realidad de las últimas décadas argentinas sugiere que el país ha estado escribiendo su propia tragedia económica, capítulo tras capítulo, mediante una enfermedad fundamentalmente autoinducida.