El miércoles se escribió el último capítulo de una historia que comenzó a deteriorarse hace dos décadas. El juez Marcelo Gelcich, al frente del Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, declaró formalmente la quiebra de SanCor Cooperativas Unidas Limitada. No fue una sorpresa: la propia empresa había solicitado ese desenlace la semana anterior, amparada en la Ley de Concursos y Quiebras 24.522. Pero la resolución judicial le puso nombre oficial a lo que el sector ya daba por descontado desde hace meses: la cooperativa que alguna vez dominó la industria láctea argentina no tiene retorno posible.

Sin salvataje posible: el fallo que cierra todas las puertas

El fallo de Gelcich es contundente en un punto que no deja margen para la especulación: descartó de manera expresa la aplicación del procedimiento de salvataje contemplado en el artículo 48 de la ley concursal. Eso significa que no habrá terceros que puedan presentarse a rescatar la cooperativa como unidad. El camino que queda es la liquidación ordenada de los activos. Para ejecutar ese proceso, la sindicatura —compuesta por los contadores Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat— deberá actuar con celeridad y bajo amenaza de remoción si no cumple con los plazos y obligaciones que impone la resolución. En los próximos cinco días, la sindicatura junto con la coadministración designada por el juzgado tendrán que presentar un análisis técnico de cada unidad productiva y definir cuáles seguirán en funcionamiento durante la etapa de transición.

La resolución también aclara el destino de las plantas que permanezcan activas: su operación será estrictamente transitoria, limitada al período que transcurra hasta que se concreten las ventas de activos. Una vez que eso ocurra, las actividades y contratos vigentes cesarán de forma automática, a menos que el comprador decida absorberlos. Para los establecimientos que ya no registren actividad productiva, la orden es preservar los bienes y evitar su deterioro hasta que puedan ser transferidos. En cuanto a los trabajadores que continúen en funciones durante esta etapa, el fallo establece que sus salarios serán clasificados como gastos del concurso, con la prioridad de cobro que marca la legislación vigente.

Una deuda descomunal y años de sangría

Los números que rodean la caída de SanCor son elocuentes. Según lo establecido por el propio juzgado a partir del procesamiento de 1.519 pedidos de verificación sobre un universo de 2.702 acreedores, la cooperativa acumula una deuda de US$ 120 millones y tiene ocho meses de sueldos impagos. Esa cifra se desglosa en US$ 90 millones y $40.000 millones en pesos, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fondos financieros internacionales entre los acreedores más relevantes. A eso se suma una deuda adicional de aproximadamente $6.350 millones generada con posterioridad a la presentación del concurso. La cooperativa llegó a este punto luego de que en febrero de 2025 se formalizara el concurso preventivo de acreedores, proceso que derivó rápidamente en la certeza de que no había margen para una reestructuración viable.

El propio Consejo de Administración de SanCor fue quien tomó la decisión de solicitar la quiebra, y convocó a una asamblea para el 30 de abril con el objetivo de ratificar esa resolución. Desde el sindicato del sector, el secretario general de Atilra, Héctor Ponce, interpretó el momento de una manera particular: lejos de verlo como un final, lo planteó como el inicio de una etapa nueva. "La marca SanCor, despojada de la estructura que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores de Atilra elaboran", sostuvo el dirigente. Una visión optimista que choca con la dureza de los balances, pero que refleja el apego emocional que genera una empresa con más de ochenta años de historia.

De líder indiscutida a duodécima en el ranking: el declive en números

Fundada en 1938 por 16 cooperativas de las provincias de Santa Fe y Córdoba —de donde surgen las sílabas que forman su nombre—, SanCor llegó a ser la empresa láctea más importante del país. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en 1994 procesaba 4,6 millones de litros diarios, liderando la industria junto a La Serenísima, la firma de la familia Mastellone que hace menos de un mes fue transferida a un joint venture entre Danone y Arcor. Pero el declive fue sostenido e implacable: en 2009 procesaba 3 millones de litros diarios y ya había cedido el primer puesto; en 2022 había caído al lugar 12° del ranking nacional, con apenas 533.000 litros diarios. Hoy, entre producción propia y elaboración para terceros, mueve alrededor de 700.000 litros diarios en seis plantas distribuidas entre Santa Fe y Córdoba, tres en cada provincia. Una sombra de lo que fue.

Las seis plantas siguen operando, aunque con volúmenes variables. La leche propia se destina a los productos de mayor rentabilidad, mientras que una parte del negocio se sostiene mediante acuerdos con otras empresas para la elaboración de productos específicos bajo distintas modalidades: algunos a fasón, otros con distribución porcentual de ingresos y otros con reconocimiento de costos. Un esquema precario que permitió sobrevivir un tiempo más, pero que no alcanzó para torcer el rumbo. Un empresario del sector, que prefirió el anonimato, fue lapidario al respecto: "Fue demasiado tiempo el que siguió operando, pero con un esquema que era totalmente inviable". Y agregó que, con la quiebra consumada, "es probable que aparezcan interesados por algunas plantas". La liquidación, paradójicamente, podría ser el primer paso real hacia una reactivación parcial.

Venezuela, los sindicatos y el largo camino al abismo

Entre los factores que aceleraron la caída, dos se destacan por su peso específico. El primero es el conflicto comercial con Venezuela, cuyas raíces se remontan a los acuerdos bilaterales firmados a partir de 2006 entre los entonces presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner. SanCor participó del Fondo Fiduciario Bilateral Argentina-Venezuela, un mecanismo de intercambio de combustible venezolano por productos argentinos, y además concretó ventas adicionales a empresas estatales venezolanas. El problema llegó cuando Venezuela entró en default en 2017 y dejó de pagar. La deuda que quedó pendiente llegó a superar los US$ 30 millones, aunque las estimaciones actuales la ubican en torno a los US$ 18 millones. La cooperativa intentó durante años que distintos gobiernos argentinos intercedieran para recuperar esos fondos, sin ningún resultado concreto.

El segundo factor fue la escalada del conflicto sindical con Atilra durante 2023 y 2024, que derivó en bloqueos de plantas y una acumulación de atrasos salariales que terminó de agotar la capacidad operativa de la empresa. Esa tormenta perfecta —deuda externa impagable, acreedores financieros internacionales sin paciencia, el Estado como acreedor privilegiado y trabajadores sin cobrar— empujó a SanCor a presentar el concurso preventivo en febrero de este año. Apenas dos meses después, la propia conducción de la cooperativa reconoció que no había salida y pidió la quiebra. El fallo de este miércoles no hizo más que confirmar lo que el mercado, los trabajadores y los propios directivos ya sabían: el capítulo SanCor, tal como se lo conoció durante décadas, llegó a su fin.