Un movimiento de 246 promociones laborales ejecutado en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero marca un punto de inflexión en las prácticas de selección dentro del organismo estatal. La magnitud de esta operación —que afecta directamente el destino de trabajadores en una institución que suma alrededor de veinte mil agentes— ha generado interrogantes sobre los mecanismos mediante los cuales se toman decisiones de ascenso en estructuras gubernamentales. Lo que sucedió en ARCA no representa un episodio aislado en la historia administrativa argentina, pero sí reaviva debates sobre equidad, meritocracia y los procedimientos que rigen el mundo del empleo público en momentos en que la administración pública atraviesa transformaciones significativas.
Números que generan preguntas
El instrumento normativo que habilitó los cambios —la resolución 59/2026, firmada por el titular de ARCA, Andrés Vázquez— contempló el ascenso de 207 agentes pertenecientes a la Dirección General Impositiva y 38 funcionarios del área de Aduana. Estas cifras corresponden a una fracción de la planta total, pero su concentración temporal en un único acto administrativo genera particularidades que merecen análisis. En el caso específico de la DGI, la cifra de 165 ascendidos representa el 80 por ciento del grupo que recibió promoción en esa dirección. Entre estos movimientos, muchos implicaron saltos hacia categorías de mando medio y jefaturas, posiciones que según los marcos regulatorios del sector exigen formación de nivel universitario como requisito formal. El escalafón de la DGI va desde el nivel 1 —identificado como chofer— hasta el nivel 26, reservado para directores. La estructura salarial que acompaña estos cambios no resulta menor: los ingresos brutos en ARCA oscilan entre 1,3 millones de pesos en los tramos inferiores y hasta 6 millones de pesos en los superiores, con algunos casos excepcionales que alcanzan los 9 millones.
Lo que distingue este acontecimiento de operaciones anteriores radica en su escala y en el tiempo transcurrido desde que se ejecutó una maniobra similar. La última vez que ARCA —antes conocida como AFIP— realizó una promoción de tal envergadura fue durante la gestión de Carlos Castagneto, quien dirigía la institución cuando gobernaba Alberto Fernández. Esto significa que transcurrieron varios años sin un movimiento equivalente, lo que otorga a la actual decisión un carácter excepcional dentro de los ciclos administrativos recientes.
Requisitos formales versus realidades documentadas
El convenio colectivo que rige para los trabajadores de ARCA establece con claridad que los ascensos no pueden sobrepasar dos categorías en un mismo movimiento. Adicionalmente, para acceder a posiciones de mando medio y jefatura, el marco normativo vigente estipula la obligatoriedad de poseer título universitario. Estas condiciones operan como filtros que, teóricamente, garantizan que quienes ascienden cumplen con estándares mínimos de preparación académica y experiencia. Sin embargo, surgen interrogantes cuando se revisan ciertos casos particulares dentro de la nómina de ascendidos.
Un ejemplo que ha concentrado atención es el de Daiana Soledad Venier, empleada con trece años de trayectoria en la DGI que habría transitado desde el nivel 11 —categoría de profesionales— al nivel 22, clasificado como mando medio. Según información disponible, esta persona no ostentaría los títulos universitarios que el marco normativo requiere para ocupar una posición de esa jerarquía. Lo singular del caso se acentúa al considerar que Karina Venier, quien desempeña el rol de subdirectora general de operaciones impositivas metropolitanas, es su hermana. La posición de Karina Venier dentro de la estructura de ARCA ha sido descrita por observadores como influyente en procesos de toma de decisiones relacionados con recategorizaciones y definiciones de criterios de selección. El apodo informal con el que se la conoce en los espacios de circulación de poder —vinculado a figuras prominentes de la administración actual— refuerza percepciones sobre su gravitación en la estructura.
Otro de los casos que generó repercusión corresponde a Juan Ignacio Waissman, profesional con formación de abogado que cuenta con antigüedad dentro de la DGI pero que actualmente se desempeña en un rol diferente: asesor en la secretaría general de Presidencia. Este funcionario fue ubicado en el escalafón 26, la máxima categoría de la DGI, lo que implica acceso a remuneraciones que en términos brutos pueden alcanzar los 9 millones de pesos, con cifras netas aproximadas a los 6 millones. La trayectoria de Waissman incluye vínculos con integrantes del círculo cercano a la conducción actual. En el área de Aduana, Nicolas Andrés Velis, hijo del director de ese organismo, fue ascendido al nivel 3 —uno de los peldaños más elevados de la jerarquía aduanera— sin contar, de acuerdo a investigaciones, con los títulos universitarios que reglamentiamente deberían exigirse. Hasta antes de que Vázquez asumiera la conducción de ARCA a principios de este año, Velis ocupaba una posición de relevancia operativa: la dirección del área de Control y Fiscalización en la Aduana de Ezeiza. Su posterior rebajamiento a un puesto "acorde a su categoría" fue seguido por el ascenso que ahora genera debate.
Posiciones divergentes sobre procedimiento y legitimidad
Desde la dirección de ARCA, cuando se consultó sobre estos movimientos, no se emitieron declaraciones públicas. Sin embargo, fuentes vinculadas al organismo sostienen que en el proceso se respetaron la totalidad de los requisitos formales y legales establecidos. Esta afirmación contrasta con las interpretaciones que circulan en espacios gremiales y entre sectores de la administración. Los sindicatos que agrupan a trabajadores de ARCA han expresado perspectivas críticas sobre los criterios aplicados. La Unión de Personal Superior de AFIP caracterizó la decisión como carente de "razonabilidad y sustento administrativo", acusando que se asignaron ascensos de manera discrecional, vulnerando lo pactado en el convenio colectivo y otorgando ventajas basadas en relaciones de proximidad política más que en evaluaciones objetivas de desempeño o preparación. Desde el gremio AEFIP, que representa a empleados de base, señalaron que el convenio prevé promociones fundadas en "mérito", concepto que debería evaluarse mediante criterios definidos por las jefaturas. Esta organización también subrayó que históricamente los ascensos en ARCA han operado bajo dinámicas discrecionales, aunque observó que el descontento público se intensifica cuando las oportunidades se concentran en un número limitado de beneficiarios. Desde ese mismo espacio gremial agregaron una reflexión sobre costumbres enraizadas en la institución: "Internamente siempre pasó lo mismo y siempre fue discrecional, la gente protesta porque es para pocos".
El contexto macroeconómico en el que se ejecutan estos ascensos agrega capas de complejidad al análisis. Las negociaciones paritarias entre el Estado y los sindicatos del sector público se encuentran estancadas, mientras que los salarios reales de los trabajadores estatales han registrado caídas significativas. En este panorama, la decisión de otorgar ascensos a un número acotado de empleados, potencialmente sin cumplir criterios uniformes, genera fricciones adicionales. Los trabajadores que no fueron incluidos en la nómina de promocionados permanecen en sus categorías originales, con remuneraciones que han perdido poder adquisitivo. Los sindicatos han señalado que este movimiento mezcla "justos y pecadores", expresión que refleja la percepción de que la selección carecería de principios transparentes y equitativos.
Implicaciones futuras y perspectivas divergentes
La aprobación de estas 246 promociones mediante resolución administrativa abre interrogantes sobre precedentes que podrían marcarse para decisiones similares en el futuro. Desde ciertos análisis, se sostiene que la operación responde a criterios técnicos y que quienes cuestionan el procedimiento desconocen pormenores de evaluaciones internas. Desde otras perspectivas, se argumenta que los mecanismos aplicados carecen de transparencia suficiente y que los ascensos habrían beneficiado desproporcionadamente a personas con vínculos de parentesco o proximidad con funcionarios de rango superior. Las consecuencias que deriven de esta decisión podrían materializarse en múltiples direcciones: erosión de la confianza de empleados que no fueron promovidos, demandas legales presentadas por trabajadores que reclamen criterios de selección más objetivos, generación de antecedentes que otras agencias gubernamentales podrían replicar, o bien consolidación de prácticas que, aunque formalmente ajustadas a marcos normativos, cuestionen la sustancia de lo que significa equidad en la administración pública. Habrá quienes consideren que aplicar discrecionalidad en ascensos es una facultad inherente de la gestión, y quienes sostengan que procesos de tal escala requieren niveles mayores de accountability institucional. El tiempo dirá si esta operación marca un punto de quiebre en las dinámicas de ARCA o si simplemente confirma patrones que han persistido en la administración estatal argentina durante décadas.
