La próxima publicación de un decreto que rebajará los impuestos sobre las ventas al exterior de productos agropecuarios marca un punto de inflexión en la estrategia fiscal del Gobierno con vistas al año electoral que se aproxima. Después de semanas de ajustes en los detalles técnicos, el equipo liderado por el ministro de Economía Luis Caputo ultiman los pormenores de una medida que había sido anunciada públicamente hace más de una semana pero que permanecía en la fase de redacción administrativa. La demora respecto a la fecha inicialmente prevista —el 1 de junio— refleja la complejidad de diseñar una estructura tributaria que intente compatibilizar distintos intereses: incentivar la colocación de granos sin erosionar demasiado los ingresos fiscales, una ecuación cada vez más difícil de resolver en el contexto macroeconómico actual.
Una arquitectura diferenciada según el tipo de cultivo
El documento normativo que circulará entre el martes y miércoles no aplica un recorte uniforme, sino que estructura reducciones con ritmos distintos dependiendo del producto de que se trate. Para el trigo y la cebada, la rebaja será inmediata y de mayor magnitud: bajarán del 7,5% al 5,5% en los próximos días. En cambio, la soja —el cultivo de mayor relevancia en términos de divisas— experimentará reducciones más pausadas. Los productores verán disminuir la alícuota en 0,25 puntos porcentuales cada mes durante 2027, proceso que debería llevar el gravamen del 24% actual al 21%, para luego acelerar el ritmo en 2028 con bajas de 0,50% mensuales hasta alcanzar el 15% hacia fin de ese año. El maíz, girasol y sorgo seguirán otro calendario: descensos trimestrales que permitirían al girasol pasar del 4,5% al 3% para finales de 2028, mientras que maíz y sorgo bajarían del 8,5% al 5,5% en el mismo período.
Esta estructura escalonada responde a cálculos sobre cómo influirán los cambios en el comportamiento de los productores. Quienes cotizan en los mercados de futuros y trabajan con horizontes de varios meses adelante calibran constantemente si conviene vender hoy o esperar a que bajen más los impuestos. La gradualidad pretende evitar que los agricultores pospongan indefinidamente sus ventas en la esperanza de que las alícuotas sigan bajando, un efecto que podría paralizar las exportaciones en lugar de dinamizarlas. Sin embargo, responsables de distintas entidades del sector han expresado escepticismo sobre si esta metodología logrará el objetivo buscado.
La presión sobre la liquidación de divisas y el almacenamiento en cuentas
Las razones que impulsan esta medida van más allá del capricho electoral. Durante los primeros meses del año, el Banco Central logró acumular más de 9.800 millones de dólares en reservas, según reconocimiento del propio ministro de Economía. Sin embargo, ese flujo no provino principalmente del agro tradicional, sino del sector energético. Las cosechas —particularmente la de soja— se han liquidado con lentitud preocupante. Hasta el momento, los productores han comercializado apenas 16 millones de toneladas de soja de los aproximadamente 46 millones estimados para la campaña 2025/2026, mientras que el maíz acumula 27 millones de toneladas de casi 67 millones esperados. En total, quedan sin colocar al exterior alrededor de 80 millones de toneladas entre los tres cultivos principales.
Este atraso en las ventas no responde únicamente a factores climáticos o logísticos. Los analistas señalan que parte de la retención de granos obedece a decisiones financieras de los productores. Cuando los plazos fijos en pesos ofrecen rendimientos superiores al 20% anual pero la inflación ronda el 30%, el resultado real es negativo; sin embargo, los depósitos bancarios ofrecen liquidez y certidumbre que los contratos de futuros no garantizan. Especular con que los precios internacionales subirán o que los impuestos bajarán aún más constituye una apuesta que algunos hacen consciente o inconscientemente. El impacto acumulativo de miles de decisiones individuales genera una contracción de la oferta que dificulta la entrada de dólares frescos al sistema.
Una medida que no convence completamente al sector
Si bien la Mesa de Enlace —la estructura que nuclea a las principales organizaciones agrarias— respaldó públicamente los anuncios, la reacción no fue unánime ni entusiasta. Dirigentes de algunas de estas entidades expresaron que la gradualidad de la reducción en la soja deja un sabor amargo. El razonamiento es económicamente coherente: si cada mes baja un poco más la alícuota, los productores tendrán menos incentivos para vender hoy que para esperar al próximo mes, generando un efecto de demora perpetua. Para que alguien se anime a comercializar sus granos antes de que bajen los impuestos, los compradores deberán compensarlo mediante precios más altos en la pizarra de operaciones. Ese juego de oferta y demanda puede resultar en un equilibrio diferente del que persigue la medida original: menos transacciones totales, pero cada una a un precio superior.
Analistas independientes estiman que existen aproximadamente 14.500 millones de dólares sin comercializar en soja valuada a precios internacionales del 28 de mayo. Aunque algunos consultores sugieren que los incentivos impositivos de administraciones anteriores aceleraron la liquidación de stocks, dudan que esta reducción gradual logre volcar esa cantidad al mercado en el corto plazo. En cambio, pronostican que la oferta podría reducirse en la segunda mitad del año, mientras que la demanda posiblemente crezca cuando se distribuyan aguinaldos, se realicen eventos de compra de divisas para viajes al exterior —como mundiales o vacaciones— y las empresas paguen dividendos aprovechando la mayor flexibilización tributaria de 2025.
La industria recibe su propio paquete de medidas
El Gobierno no circunscribió los cambios impositivos al agro. Simultáneamente, se encuentra en preparación otro decreto que abarcará la reducción de derechos de exportación aplicables a bienes manufacturados. El calendario previsto contempla eliminar por completo los aranceles de exportación para el sector automotor, petroquímico, maquinaria y equipos, así como para el resto de las actividades industriales, bajando del 4,5% actual a cero a partir de junio. Esta medida fue acogida favorablemente por la Unión Industrial Argentina, cuyas autoridades han advertido repetidamente sobre la existencia de "sectores en crisis" que requieren estímulos fiscales para reactivarse.
Los funcionarios responsables de estas iniciativas —particularmente el coordinador de Producción, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta— han enfatizado que el objetivo no es solamente económico, sino también político. En declaraciones de la semana anterior, Iraeta instó explícitamente a los productores a modificar su "actitud" y a comercializar más activamente, argumentando que de no hacerlo, "vendrán otros" —en alusión a potenciales gobiernos de oposición que podrían asumir en 2027. El mensaje dual propone: reconocer los beneficios de la actual administración al reducir impuestos y apoyarla electoralmente, so pena de ver revertidas esas políticas bajo un liderazgo distinto.
Las cuentas fiscales y la tensión con el organismo multilateral
Más allá de los cálculos políticos, las rebajas impositivas generan un impacto concreto en las finanzas públicas. El Gobierno proyecta que la reducción de retenciones implicará un costo fiscal de 1.200 millones de dólares, aunque estima que el efecto negativo sería significativamente menor en 2026. Sin embargo, esa cifra debe contextualizarse dentro de obligaciones presupuestarias más amplias. Para el próximo año, el superávit fiscal primario que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional debe alcanzar al menos 16,34 billones de pesos, equivalentes al 1,4% del Producto Interno Bruto.
El Fondo, aunque considera que los derechos de exportación constituyen un mecanismo "distorsivo" en términos de eficiencia económica, ha recomendado en varias ocasiones que Argentina los incremente antes que reducirlos. En su último reporte sobre el país, advirtió expresamente que la disminución de retenciones ha impactado negativamente la recaudación tributaria. No obstante, el organismo también sugirió que para cumplir los objetivos fiscales de 2026, se realicen ajustes por un total de 5,96 millones de pesos en gasto social, subsidios energéticos, remuneraciones del sector público, inversión en obras y gasto discrecional. Caputo ha señalado hace pocas semanas que ya no es posible seguir comprimiendo el gasto público para alcanzar las metas acordadas, creando una tensión entre los compromisos internacionales y la capacidad política de implementarlos mediante reducciones de programas sociales o salarios estatales.
Reflexiones sobre el horizonte incierto
La publicación inminente del decreto representa una apuesta del Gobierno sobre cuál será el comportamiento de los productores y de los mercados internacionales en los próximos dieciocho meses. Si la estrategia logra su propósito, las mayores exportaciones deberían traducirse en entrada de divisas que refuerce las reservas del Banco Central, estabilice el tipo de cambio y, de paso, genere un ambiente de mayor confianza económica hacia el año electoral. Si, por el contrario, los productores interpretan la gradualidad como una señal de que los impuestos seguirán bajando y retrasan sus ventas, el efecto podría ser el opuesto: menor liquidación de divisas, presión sobre el mercado de cambios y agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos.
Simultáneamente, la reducción fiscal que implica la baja de retenciones entra en tensión con los compromisos sobre déficit primario que el Gobierno asumió con su principal acreedor externo. Las opciones para resolver esa contradicción pasan por lograr aumentos de recaudación en otros rubros, por ejecutar recortes más profundos en gastos que ya han sido comprimidos, o por renegociar los términos del acuerdo con el Fondo. Cada camino presenta dificultades políticas y técnicas distintas, pero todas ellas marcarán el devenir de la política fiscal argentina en los próximos veinticuatro meses, período que incluye no solo las elecciones legislativas sino también la transición hacia un eventual nuevo Gobierno.
