La necesidad de dólares impulsa al Gobierno a acelerar un proceso de desinversión en empresas estatales que hasta ahora ha avanzado de manera errática. Con apenas dos operaciones concretadas en veinticuatro meses de gestión —la venta de IMPSA y la concesión de represas del Comahue—, la administración nacional se propone ahora obtener aproximadamente US$ 2.000 millones antes del cierre del año calendario mediante la enajenación de ocho activos de propiedad estatal. Esta estrategia forma parte de una arquitectura financiera más amplia que incluye emisiones de obligaciones negociables en mercados locales y gestiones ante organismos multilaterales de crédito. El anuncio realizado por el titular de la cartera económica durante una exposición en el congreso sectorial ExpoEFI marca un punto de inflexión en una hoja de ruta que enfrentó múltiples obstáculos legales y técnicos desde su formulación inicial.

Cuando el mandatario nacional asumió su función, contaba con un universo de cuarenta y una empresas posibles de privatizar. Sin embargo, la Ley Bases aprobada posteriormente redujo significativamente ese universo a tan solo ocho candidatas para ser transferidas al sector privado. A pesar de esta depuración legislativa, los proyectos enfrentaron resistencias judiciales sostenidas y complicaciones de índole operativa que diluyeron el optimismo inicial. Ahora, frente a la urgencia de los compromisos de deuda externa, el Ejecutivo busca dinamizar los procesos mediante presiones administrativas y ajustes procedimentales que permitan cerrar transacciones antes del vencimiento del ejercicio fiscal. Los responsables del diseño político insisten en que los números que respaldan esta meta poseen solidez fundamentada, aunque los antecedentes sugieren cautela respecto de estos pronósticos.

La operación más avanzada: energía bajo nuevo control

Entre las ocho privatizaciones contempladas, la transferencia accionaria de Citelec —empresa controladora de Transener— constituye el único caso donde el mercado privado ha expresado una valoración concreta mediante una oferta vinculante. Un consorcio integrado por Edison Energía y Genneia, dos de los principales generadores de electricidad que operan en territorio nacional, presentó una propuesta de adquisición del cincuenta por ciento del paquete accionario por US$ 356,1 millones. Transener representa una pieza insustituible dentro del andamiaje del sistema eléctrico argentino, toda vez que gestiona la red troncal de transporte de energía, un segmento caracterizado por su naturaleza monopólica y por ingresos regulados por normativa. Aunque la compañía desempeña funciones de operación y conservación de la infraestructura existente, su mandato no incluye la expansión de las líneas de transmisión de alta voltaje, función que permanece bajo responsabilidad estatal.

La adjudicación del paquete accionario se prevé para el quinto mes del año en curso. En paralelo, Transener formalizó esta semana un nuevo instrumento contractual que institucionaliza de manera permanente el esquema de concesión privada que se encontraba en vigencia desde el año pasado. El régimen acordado contempla una extensión de treinta años, revisiones de las estructuras tarifarias cada lustro, compromisos ineludibles de inversión privada sin subsidios del erario público, y la obligación de que el concesionario mantenga el equilibrio financiero de la operación. Tras superar algunos desfases administrativos, la siguiente etapa consistirá en la convocatoria pública para la enajenación del paquete mayoritario estatal, manteniendo el diez por ciento restante bajo propiedad de los trabajadores de la empresa. Diversos actores privados expresaron su interés en participar, entre ellos la familia Neuss —accionista de Edison Energía junto con los dueños de Havanna y Newsan— y Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, una empresa transportista de hidrocarburos.

El agua potable de millones: un negocio regulado en transformación

AYSA, proveedor de agua para consumo humano y tratamiento de residuos cloacales en el área metropolitana bonaerense, abastece a quince millones de habitantes y ocupa la segunda posición en magnitud entre las empresas del rubro en toda América Latina. Su privatización constituye uno de los mayores desafíos administrativos del proceso de desinversión estatal. Para asegurar una valuación técnica rigurosa, el Gobierno encargó al Banco Internacional de Crédito Europeo la evaluación de su patrimonio. En paralelo, el Banco Mundial presta asesoramiento especializado en la estructuración del proceso de transferencia. La Secretaría de Hacienda mantiene la coordinación general de la licitación pública que deberá convocar a potenciales adquirentes. Aunque no trascendieron aún detalles específicos respecto del cronograma exacto ni de los pliegos de bases y condiciones, el Ejecutivo mantiene el propósito de completar esta operación dentro del horizonte temporal establecido.

La privatización de AYSA reviste particular sensibilidad política, puesto que se trata de un servicio esencial cuya calidad y accesibilidad impactan directamente en la vida cotidiana de millones de familias. Los esquemas de regulación que se adopten resultarán determinantes para fijar los equilibrios entre la rentabilidad empresaria y la sustentabilidad económica de los usuarios. Históricamente, los servicios de agua y saneamiento en la región han generado tensiones entre los objetivos de ganancia corporativa y las demandas de equidad social, factor que explica en parte las dificultades que enfrentaron operadores privados en ciclos anteriores.

Infraestructura de transporte y servicios aeroportuarios en la mira

El Ejecutivo finalizó la definición de términos para la privatización total de la compañía estatal responsable de servicios de asistencia en tierra, operaciones de rampa y traslado de pasajeros hasta la puerta de las aeronaves en la mayoría de las terminales aéreas del territorio nacional. Sin embargo, aún no se divulgaron los documentos licitatorios definitivos ni se abrieron los sobres con propuestas de compra. Analistas del sector privado estiman que esta empresa podría alcanzar un valor de entre US$ 150 millones y US$ 400 millones, un rango que refleja la incertidumbre respecto de la viabilidad financiera y la demanda efectiva por parte de potenciales compradores.

En el ámbito ferroviario, la transformación es aún más ambiciosa. Durante el curso del año en proceso, se decretó la privatización íntegra del sistema ferroviario argentino, iniciándose paralelamente la preparación de licitaciones destinadas a concesionar las vías, los talleres de mantenimiento y el material rodante —locomotoras y vagones—. El modelo contempla múltiples concursos independientes para cada una de las tres líneas troncales: Belgrano, San Martín y Urquiza, utilizando un esquema de acceso abierto que permitiría a múltiples operadores utilizar la infraestructura de transporte. Esta semana, las autoridades establecieron que los ingresos provenientes de remates públicos de material rodante serán canalizados hacia la modernización de la infraestructura ferroviaria, mientras que las vías continuarán siendo propiedad estatal. El interés privado proviene de importantes agroexportadoras —entre ellas la Asociación de Cooperativas Argentinas, Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus— así como de empresas mineras. También participa el Grupo México, que opera ferrocarriles en su país de origen mediante Ferromex y Ferrosur, entidad asociada con el empresario Carlos Slim.

Energía térmica y astilleros: debates sobre la reprivatización

El Gobierno intenta transferir al sector privado sus participaciones accionarias en dos centrales de generación eléctrica de origen térmico emplazadas en el norte bonaerense y en Santa Fe. En estos complejos, la empresa estatal ENARSA controla el sesenta y cinco por ciento del capital, mientras que el restante se distribuye entre productores privados de energía tales como Central Puerto, AES, Enel, Pampa Energía y Orazul Energy. A mediados de marzo, la controlante activó el procedimiento de liquidación definitiva de los fideicomisos propietarios de estas centrales, cuya valuación privada se aproximaría a US$ 300 millones por cada usina. Posterior a esta operación inicial, el Gobierno planifica nuevas concesiones privadas en provincias como Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut, en línea con lo realizado anteriormente con las represas del Comahue.

El astillero representa un caso de particular complejidad política e histórica. A diferencia de otros activos incluidos en la Ley Bases, esta empresa fue excluida del listado, aunque el Ejecutivo persiste en su intención de avanzar mediante un proyecto legislativo específico. La institución fue privatizada en 1991, reestatizada en el año 2007, y en 2024 la Corte Suprema consideró fraudulenta la transacción de venta previa. Se trata de una de las mayores instalaciones de reparación y construcción naval de Sudamérica, especializada en buques de gran porte, barcazas y embarcaciones complejas. Su ubicación en la dársena sur de Puerto Madero, en el corazón de Buenos Aires, confiere valor estratégico adicional. La infraestructura y capacidad técnica del astillero atiende a importantes navieras y compañías petroleras de alcance mundial. El Gobierno prevé una estructura accionaria con noventa por ciento en manos privadas y diez por ciento en poder de sus trabajadores.

Cambios en instituciones centenarias y resolución de pendientes

La Casa de la Moneda, institución con ciento cincuenta y seis años de trayectoria dedicada a la impresión de billetes y acuñación de moneda de curso legal, experimentó una reestructuración profunda. Los cambios implementados incluyeron la paralización de la impresión nacional de papel moneda, función que ahora se subcontrató mayoritariamente a productores chinos, así como la reducción de la plantilla de personal a la mitad de su volumen previo. Persisten pendientes significativos en el traspaso de funciones hacia ARSAT —la empresa estatal de tecnología y telecomunicaciones— y RENAPER —el organismo responsable del registro de personas—. Adicionalmente, la institución mantiene deudas contraídas con proveedores nacionales e internacionales de insumos críticos que superan los US$ 200 millones.

El conjunto de estas operaciones de desinversión refleja una estrategia integral de financiamiento que busca resolver urgencias de corto plazo mediante la enajenación de activos de largo plazo. Los resultados concretos hasta el momento sugieren que los obstáculos técnicos, legales y de demanda de mercado son más sustanciales de lo que los pronósticos iniciales contemplaban. La conclusión exitosa de estas ocho operaciones antes del cierre del año calendario enfrenta desafíos múltiples: desde la obtención de precios competitivos que reflejen el valor real de estas empresas hasta la resolución de conflictividades sociales y políticas inherentes a la enajenación de servicios esenciales. Distintos analistas observan con interés cómo el Gobierno logrará conciliar sus metas de recaudación de divisas con la necesidad de estructurar transacciones que resulten atractivas para inversores privados, considerando que algunos de estos activos operan bajo regímenes regulados que limitan significativamente sus márgenes de rentabilidad.