La estrategia oficial de contención de precios entra en una fase crítica. El Ministerio de Economía acaba de activar un canal directo de comunicación con los grandes operadores de la distribución minorista, buscando que la moderación salarial sea el escudo contra cualquier presión inflacionaria que pueda surgir en los próximos meses. Lo que suceda en las góndolas de las principales cadenas de supermercados en Argentina durante el tercer trimestre del año será determinante para el éxito o fracaso de los objetivos macroeconómicos que el equipo económico se propuso alcanzar. El encuentro entre el titular de Economía y representantes de la Asociación de Supermercados Unidos es apenas la punta de lanza de una negociación mucho más compleja que involucra salarios, competencia desleal, caída del consumo y presiones empresariales cruzadas.

Las señales desde Hacienda

En el corazón del Palacio de Hacienda, Luis Caputo recibió a los principales exponentes del sector supermercadista argentino. La reunión, que se llevó a cabo en el quinto piso del edificio histórico de la administración pública, contó con la participación del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y del secretario coordinador de Producción, Pablo Lavigne. Del lado empresarial asistieron directivos de las cadenas más relevantes: representantes de Día, Carrefour, La Anónima, Toledo y la misma asociación gremial que aglutina a estos actores. El Gobierno llegó a la mesa con un mensaje explícito: los datos de inflación de alimentos que se están viendo en las góndolas durante junio son prometedores, y esa tendencia debe continuar sin que aumentos salariales desproporcionados la reviertan. Las mediciones de las consultoras especializadas muestran variaciones mensuales en el rubro de alimentos que oscilan entre 0,1 y 0,4%, cifras significativamente inferiores al incremento del índice general de precios. Caputo salió del encuentro enfatizando que existe coincidencia respecto a que "las góndolas están reflejando la baja de la inflación y que esto tendrá un impacto positivo en las ventas del sector".

Sin embargo, la letra chica de esa declaración oficial contrasta con el clima de preocupación que permea al sector. Los empresarios que se sentaron a la mesa transmitieron al ministro y a Cordero un mensaje de cautela: piden moderación en los aumentos salariales. La razón es estructural. Con aproximadamente 1,2 millones de trabajadores en toda la cadena de comercio minorista, los costos laborales representan una variable crítica para la rentabilidad. Pero los empresarios llegan a esta negociación debilitados por una contracción del consumo que, aunque está frenando su caída, aún no ha retomado niveles sanos. Uno de los CEOs que participó de la reunión lo expresó con crudeza en las conversaciones posteriores: "Estamos preocupados porque el consumo sigue cayendo, menos, pero no se terminó de recuperar y la rentabilidad se ve impactada".

La puja por los salarios en un sector tensionado

Las cadenas supermercadistas no integran la mesa tripartita donde se negocia la paritaria de Comercio con el gremio liderado por Armando Cavalieri, la Cámara de Comercio, Came y Udeca. Esta ausencia es reveladora: los minoristas buscan blindarse de compromisos que no puedan asumir. Los números que se manejan en esa negociación colectiva hablan de una propuesta empresarial que contempla un aumento del 5% distribuido en tres tramos —2% en julio, 1,5% en agosto y 1,5% en septiembre—, incorporando al sueldo básico una suma extraordinaria de $120.000. Es una oferta que intenta replicar lo acordado en trimestres anteriores. Pero el sector gremial no está conforme. Cavalieri y su estructura apuntan a recuperar mayor poder adquisitivo en un contexto donde otros sindicatos ponen el listón mucho más alto. Los aceiteros cerraron acuerdos por aumentos del 29,5% anual, apenas por encima de lo que la inflación acumulada de 2025 alcanzó. La Unión Obrera Metalúrgica, por su parte, buscaría recuperar alrededor del 13%, aun cuando el gobierno ha tenido intervenciones en esa estructura sindical.

Lo que une a todos estos actores, tanto a empresarios como a sindicalistas, es una referencia común: la inflación que proyecta el Banco Central de la República Argentina en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Esa proyección ubica la inflación promedio en torno al 2% mensual para el período analizado. Como señaló un abogado especializado en derecho laboral que asesora a empresas: "Todos cuanto menos pretenden la inflación proyectada por el REM del BCRA". Es un termómetro que ambas partes utilizan para fundamentar sus demandas. Para el caso específico de los supermercados, la ecuación resulta más restrictiva. Los precios de alimentos en junio registraron variaciones interanuales prácticamente nulas. La ciudad de Buenos Aires mostró un IPC de 1,8%, pero cuando se desagrega solo el rubro alimentos, los números son aún más comprimidos. Las consultoras privadas estiman para junio un índice inferior al 2% mensual. Bajo este escenario, cualquier aumento salarial sustancial genera una presión insoportable en el margen operativo de las empresas, que no pueden trasladar esos costos a precios sin contradecir la estrategia oficial.

La grieta del consumo que no termina de cerrarse

Más allá de la negociación salarial, existe otra variable que inquieta profundamente a los directivos de las grandes cadenas: la retracción sostenida del consumo masivo. Los datos de tráfico en tiendas y compras en supermercados que recopilan las consultoras especializadas pintan un cuadro desolador. En mayo, el indicador de consumo registró una caída del 1,6% interanual, aunque mostró una leve recuperación mensual del 0,1% con respecto a abril. Para junio se espera una pequeña mejora ligada a factores estacionales —el pago del aguinaldo y la celebración del Día del Padre suelen dinamizar las compras—, pero la medición interanual probablemente siga en territorio negativo. Un ejecutivo del sector describió la situación con una frase demoledora: "No se vende". El ministro Caputo ha argumentado que el consumo se encuentra en "niveles récord" y que la aparente caída en retail obedece a un desplazamiento de compras hacia plataformas de comercio electrónico. Los supermercadistas, sin embargo, rechazan esta interpretación. Su visión es distinta: el consumo real de alimentos y artículos de primera necesidad está contraído, lo que se refleja directamente en sus números de caja.

Las evidencias que citan los empresarios del sector son contundentes. La cadena Toledo tuvo que regularizar hace poco el pago de haberes de la mayoría de sus 1.700 trabajadores, después de haberlos abonado en cuotas. Cencosud, una de las principales empresas distribuidoras del país, cerró 18 sucursales en Argentina durante el último trimestre de 2025. Estos no son números menores. Son señales de que la retracción del consumo está generando una presión financiera en las operaciones que amenaza con quebrar la viabilidad de algunos jugadores, especialmente los más pequeños. La competencia desleal que genera la informalidad agrava el problema. Las cadenas denuncian que la pérdida de ventas hacia canales no registrados, operadores informales que no pagan impuestos ni cargas sociales, está impactando directamente en su rentabilidad. Por eso reclamaron durante la reunión en Hacienda que las autoridades intensifiquen los controles y aumenten el poder de vigilancia sobre estos actores irregulares que erosionan la base tributaria y competitiva del comercio formal.

Existe una contradicción implícita en el modelo que el Gobierno está promoviendo. Para lograr la desinflación, es necesario que los precios de los alimentos bajen o crezcan a tasas mínimas. Eso requiere que los márgenes empresariales se achiquen o que los costos laborales no exploten. Pero si los costos laborales se contienen mientras el consumo se retrae, la rentabilidad de las empresas cae. Si la rentabilidad cae, las empresas pueden quebrar o reducir inversión. Si caen empresas del sector formal, crece la informalidad. Si crece la informalidad, se pierde recaudación tributaria. Es un círculo vicioso que ninguno de los actores siente que puede romper unilateralmente, por eso todas las miradas convergen en que el Estado debe hacer algo. Los mayoristas incluso pidieron hace tres semanas que sean incorporados en la negociación paritaria. La lógica detrás de este pedido es que el gobierno podría permitir incrementos salariales marginalmente superiores a la inflación si los distribuidores también son considerados en la mesa, pero no todos en el sector comparten esta visión optimista.

Las perspectivas abiertas

De aquí en adelante, los próximos meses resultan críticos para evaluar si la estrategia de desinflación que comanda el Ministerio de Economía puede convivir con una economía de supermercados viable. Si los salarios se moderan como el Gobierno pretende, pero el consumo continúa deprimido, es probable que la presión sobre márgenes aumente aún más, acelerando cierres de sucursales y consolidación de jugadores. Si los salarios suben por encima de lo que Caputo considera tolerable, los precios de los alimentos pueden experimentar presiones alcistas que reviertan los logros logrados en desinflación. Si el consumo repunta gracias a mejoras en el empleo y los ingresos reales, entonces la ecuación podría equilibrarse, pero eso requeriría una recuperación que hoy no está garantizada. Cada uno de estos escenarios genera dinámicas diferentes que impactan en cadena: empleabilidad, ingresos, precios, recaudación tributaria y poder adquisitivo de las familias. Las próximas semanas definirán si esta negociación multiactoral logra un punto de equilibrio o si, por el contrario, las tensiones terminan generando quiebres en alguno de los eslabones de la cadena.