La Cámara de Diputados le dio el visto bueno a una iniciativa legislativa que revoluciona la arquitectura de un sistema de subsidios energéticos que lleva casi una década estructurando el acceso al gas en distintas regiones del territorio nacional. Se trata de una reformulación profunda del régimen de "Zona Fría", mecanismo creado mediante ley para garantizar tarifas diferenciadas en gas natural y propano en áreas caracterizadas por temperaturas extremadamente bajas. El proyecto, impulsado desde el Ejecutivo, busca reordenar un esquema que el Gobierno considera financieramente insostenible, pero que afectaría directamente el bolsillo de más de 1,69 millones de hogares que actualmente acceden al beneficio. La iniciativa ahora transita hacia el Senado, donde deberá obtener aprobación antes de convertirse en ley. Lo que cambia es nada menos que la geografía del subsidio: se contrae drásticamente el alcance territorial, se introduce un mecanismo de selección basado en ingresos y se redefine quién puede acceder a los descuentos que hoy oscilan entre el 30% y el 50% sobre las tarifas plenas.
El punto de quiebre: 2021 y su expansión territorial
Hace cuatro años, durante la administración anterior, se sancionó la Ley 27.637, que amplió significativamente el alcance del régimen de Zona Fría. Hasta ese momento, el beneficio cubría automáticamente a usuarios de la Patagonia histórica, la región de Malargüe en Mendoza y la Puna. Esas áreas —caracterizadas por condiciones climáticas severas— recibían el subsidio simplemente por el hecho de habitar en esos territorios. Pero la ampliación de 2021 transformó el panorama. Se incorporaron localidades y departamentos de nueve provincias diferentes: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy y La Rioja. El interior bonaerense ganó acceso al régimen especial, junto con ciudades costeras como Mar del Plata, además de centros urbanos como Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Tres Arroyos, Pergamino y Junín. Esa expansión geográfica benefició a millones de nuevos usuarios, pero también transformó la estructura de costos del sistema de subsidios. El mecanismo de financiamiento se basa en un recargo del 7,5% sobre el precio mayorista del gas que pagan todos los hogares de zonas "no frías", además de la industria, las centrales termoeléctricas y otros grandes consumidores. Ese porcentaje fue subiendo año a año: comenzó en 4,46% en 2021, escaló a 5,44% ese mismo año y creció hasta el nivel actual. A pesar de esos aumentos en la alícuota, el sistema generó déficit, que debió ser financiado mediante aportes directos del Estado.
La contracción: vuelta a la geografía original con filtro de ingresos
El proyecto aprobado en Diputados propone un doble movimiento. En primera instancia, restablece el esquema territorial original del régimen, lo que implica volver a beneficiar automáticamente sólo a las zonas que estaban incluidas antes de 2021: la Patagonia, Malargüe y la Puna. Los usuarios de esas regiones seguirían accediendo al descuento en la tarifa de gas por el simple hecho de vivir en esos espacios geográficos. No hay criterio adicional, no hay evaluación de ingresos. La residencia en esas zonas es suficiente.
Sin embargo, para las regiones incorporadas en 2021 —es decir, todas las nuevas áreas que ganaron acceso durante esa ampliación— la lógica cambia radicalmente. El proyecto introduce un filtro de índole socioeconómica. Los hogares de esas zonas sólo podrán mantener el subsidio si sus ingresos no superan tres Canastas Básicas Totales para un "hogar tipo 2", según la medición que realiza el Indec. A la fecha de abril de este año, ese umbral correspondía a 4,4 millones de pesos mensuales. Es un cambio de paradigma: se pasa de un criterio territorial automático a uno basado en la capacidad económica de cada familia. Los descuentos del 30% y del 50% que contempla la ley actual seguirían en pie para quienes continúen dentro del régimen. Pero la cantidad total de usuarios beneficiados se contraería de manera significativa.
Números que hablan: el recorte en cifras
Las estimaciones que circularon durante el debate en la Cámara revelan la magnitud del cambio. Más de cien municipios dejarían de estar incluidos automáticamente en el régimen de Zona Fría. De los hogares actualmente alcanzados por la ampliación de 2021, 1,69 millones perderían los subsidios porque sus ingresos superarían el umbral de las tres canastas básicas. En contraparte, 1,8 millones de hogares ubicados en las zonas de severidad climática reconocida mantendrían el beneficio automático. La provincia de Buenos Aires emerge como la principal perjudicada por esta reforma. La ampliación de 2021 había incorporado a usuarios del interior bonaerense distribuidos a lo largo de un territorio extenso: desde Mar del Plata en la costa hasta ciudades como Bahía Blanca, Tandil y Olavarría en el interior. Todas ellas enfrentan inviernos rigurosos que justificaban, en criterio de entonces, la inclusión en el régimen. Con los cambios aprobados, esos usuarios quedarían subordinados a evaluaciones de ingresos, perdiendo el carácter automático de la cobertura.
El argumento del Ejecutivo: la insostenibilidad financiera
El Gobierno fundamenta la necesidad de esta reforma en términos de sostenibilidad fiscal. Según la posición oficial, la ampliación de 2021 volvió "insustentable" la estructura de subsidios energéticos. El Estado, que ya enfrenta presiones presupuestarias significativas en múltiples frentes, no puede continuar financiando indefinidamente los déficits acumulados del fondo fiduciario. Desde esta perspectiva, la contracción del régimen representa un ajuste inevitable dentro de un esquema más amplio de racionalización del gasto público. El financiamiento mediante recargos sobre los usuarios de zonas no frías y grandes consumidores industriales alcanzó puntos de tensión: los porcentajes crecieron año a año sin resolver el problema de fondo. La alternativa presentada es redefinir quién accede al subsidio, priorizando a quienes viven en contextos climáticos extremos y limitando la cobertura a hogares con capacidad económica restringida en el resto de las áreas.
Implicancias y perspectivas divergentes
Las consecuencias de esta transformación legislativa serán heterogéneas según la geografía y la composición socioeconómica de cada región. Para las localidades de la Patagonia y zonas de severidad climática histórica, la modificación significará estabilidad y certidumbre: sus usuarios mantienen el acceso automático. Para millones de hogares en Buenos Aires, el interior de Córdoba, Santa Fe y otras provincias, la realidad será otra. Aquellos que superen el umbral de ingresos enfrentarán tarifas de gas sin subsidio, lo que impactará directamente en sus presupuestos familiares durante los meses de invierno. Las familias cuyos ingresos se ubiquen por debajo de las tres canastas básicas tendrán que gestionar trámites de acreditación para mantener el beneficio, lo que introduce un elemento de complejidad administrativa. Desde una óptica centrada en la carga fiscal, la reforma busca aliviar la presión sobre las finanzas públicas y racionalizar el gasto en subsidios energéticos. Desde otra perspectiva, concentrada en el impacto distributivo, el cambio representa una reducción de beneficios para familias que experimentan inviernos rigurosos fuera de la geografía patagónica y que podrían sufrir dificultades económicas adicionales en materia de servicios básicos. La aprobación en Diputados no cierra la discusión: el trámite en el Senado permitirá nuevas negociaciones, posibles modificaciones y ajustes a un proyecto que toca una dimensión fundamental del presupuesto de los hogares argentinos.
