La semana pasada ocurrió en el Senado un movimiento político de alcance mayor al que sugiere su superficie institucional. El interbloque legislativo alineado con el Gobierno —compuesto por 44 legisladores coordinados por Patricia Bullrich— decidió descartar completamente el apartado dedicado a proteger la inviolabilidad de la propiedad privada, una sección que amenazaba con enterrar todo el proyecto sobre regularización de barrios populares. Lo que en apariencia fue una negociación parlamentaria rutinaria revela, en realidad, cuáles son las verdaderas estructuras de poder que operan en el territorio argentino y dónde se ejerce influencia real sobre las decisiones legislativas.

Cuando la Iglesia tira más fuerte que la retórica oficial

Es sintomático que el Gobierno haya comenzado a tomar conciencia sobre las auténticas fuerzas que moldean su capacidad de gobernar. Esta comprensión llegó tarde, pero llegó. La iniciativa de entregar títulos de propiedad a los ocupantes de más de 6.000 villas distribuidas en todo el territorio nacional no era un capricho administrativo: provenía de un acuerdo entre el papa Francisco y la gestión macrista, gestado a través de las organizaciones sociales vinculadas a Juan Grabois —hoy diputado del bloque Unión por la Patria— que formaban parte de lo que se conoció como el tridente cayetano. Se trataba de una iniciativa con marca papal, un proyecto cargado de simbolismo religioso y moral.

Sin embargo, la administración actual ha permitido que ese programa se desfinancie de manera sostenida, dejándolo languidecer sin recursos. Fue necesario que la Iglesia Católica dedicara una semana completa de encuentros —coincidiendo estratégicamente con el primer aniversario de la muerte del papa Bergoglio— para que el interbloque gubernamental escuchara el mensaje con claridad. La comunicación fue directa: no era el momento de avalar estas medidas. El resultado fue inmediato. Los legisladores que responden a Bullrich no tuvieron dudas. Es una derrota que golpea especialmente donde más vulnerabilidad tiene el oficialismo: en el terreno de la llamada guerra cultural. Es una derrota que, además, subraya una verdad incómoda: cuando se trata de elegir entre enfrentar a la jerarquía eclesiástica o mantener la gobernabilidad, la opción está clara. Algunos analistas sugieren que es simplemente insoportable para un Gobierno debilitado iniciar una disputa abierta con la institución religiosa más poderosa del país, especialmente cuando el proyecto que se rechaza lleva la firma de un Papa que dejó una huella tan profunda en la conciencia colectiva.

Rediseños tácticos en la propiedad privada y el control territorial

Las modificaciones al proyecto no se limitaron a suprimir el capítulo sobre inviolabilidad de la propiedad privada. El interbloque de Los 44 también reconfiguró de manera significativa los apartados que regulan la venta de tierras a ciudadanos extranjeros, con énfasis especial en zonas de frontera. La redacción original del proyecto aspiraba a eliminar directamente esas restricciones históricas. La versión negociada por Bullrich trasladó toda la responsabilidad regulatoria hacia las provincias, permitiéndoles que establezcan sus propios criterios respecto de cuáles son las condiciones bajo las cuales extranjeros pueden adquirir tierras en sus jurisdicciones.

Las Fuerzas Armadas y de Seguridad lograron insertar una cláusula específica: cuando se trata de zonas fronterizas, tanto instituciones militares como civiles podrán realizar operaciones de ingreso y egreso cada vez que lo requieran las necesidades del servicio. De esta manera, se mantiene intacta la prohibición histórica de que Estados nacionales extranjeros compren tierra argentina, pero se generó un esquema federal que delega decisiones en gobernadores provinciales. Este giro táctico revela algo más profundo sobre la lógica política que atraviesa al Gobierno: Bullrich comunicó explícitamente a la Casa de Gobierno que "si atropellamos, no sacamos nada". Esta consigna se convirtió en brújula de navegación legislativa.

La arquitectura del consenso y el cálculo electoral

El escenario político actual está densamente poblado de consideraciones electorales que están redefiniendo cada posición legislativa. El Gobierno ha comprendido que en un clima de incertidumbre preelectoral, donde las expectativas sobre el desempeño económico y social permanecen volátiles, cualquier movimiento agresivo produce rechazo inmediato y contraprudente. Por eso, cuando Bullrich advierte sobre la imposibilidad de avanzar en la eliminación de las PASO, el mensaje tiene peso institucional. Lo mismo aplica para su posición respecto de la Boleta Única: si hay reformas al proyecto electoral, ha dejado constancia de que tampoco habrá consenso para agregar el tilde de lista completa, una aspiración que tanto el mileísmo como ciertos sectores opositores consideran estratégica para recuperar efectos similares a los de la histórica lista sábana.

La Boleta Única presenta un laberinto legislativo de considerable complejidad. El proyecto propone que cuando coincidan cronológicamente comicios nacionales y locales, las listas nacionales deben ir adheridas a las candidaturas locales. De aprobarse esta disposición, desaparece automáticamente la posibilidad del tilde de lista completa. A esta altura, el Gobierno se ha resignado a una realidad más cruda: los gobernadores, en su gran mayoría, tienen intención de separar elecciones locales de comicios nacionales para maximizar su autonomía política. Buenos Aires es la excepción gravitante, donde el gobernador Kicillof alberga aspiraciones presidenciales y necesita que el distrito más poblado del país le provea impulso electoral ascendente.

El grupo de gobernadores aliados al Gobierno mantiene una composición peculiar. El núcleo duro lo integran Osvaldo Jaldo de Tucumán, Raúl Jalil de Catamarca y Carlos Sáenz de Jujuy. Estos mandatarios han transmitido con claridad que apoyan la agenda de gestión que plantee la Nación, pero establecen un límite explícito: no habrá respaldo para la agenda política presidencial. Jaldo ya comunicó públicamente su rechazo a la eliminación de las PASO. Sus colegas provinciales han expresado posiciones similares. En una cumbre celebrada el fin de semana en San Juan, dedicada a cuestiones mineras, estos gobernadores se sentaron frente a legisladores como Diego Santilli, la hermana presidencial Karina y los primos Menem. También concurrieron mandatarios de provincias mineras como Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). El reclamo fue unívoco: acelerar los RIGI —estructura regulatoria que representa una nueva versión de esquemas de promoción industrial con costos históricos muy elevados— y eliminar retenciones a exportaciones de litio y plata. Sobre política y calendario electoral, apenas cruzaron palabras.

La oposición fragmentada y la crisis de liderazgo

Mientras tanto, en las filas opositoras subsiste una fragmentación que debilita capacidades de articulación. Ni el peronismo ni el espacio no peronista cuentan actualmente con un dirigente que exhiba las condiciones suficientes para unificar sus respectivos electorados y proyectar una alternativa creíble. El peronismo disfruta de una ventaja estructural: ya posee un electorado construido históricamente. En 2023 captó 44 puntos en los comicios generales y 34 puntos en 2025, lo que indica una contracción pero desde una base sólida. El electorado no peronista enfrenta un desafío completamente distinto. Es una construcción nueva para cada proceso electoral. Se aunó circunstancialmente en 2023 para favorecer la elección de Milei, pero se desmoralizó en 2025. Los votantes que habían otorgado 54 puntos en el balotaje presidencial retornaron a los 41 puntos históricos que caracteriza al voto de Cambiemos, lo que implica una pérdida de casi trece puntos de intención. Lo preocupante para las fuerzas opositoras es que esos electores no migraron hacia el peronismo; simplemente se retiraron del proceso electoral, alimentando una abstención que alcanzó máximos históricos. Este fenómeno es consecuencia directa de la crisis de liderazgo que colapsó a las fuerzas mayoritarias en 2023.

¿Qué características definen a un auténtico líder político? Primero, y de manera fundamental, no es un simple gerente administrativo, contrariamente a lo que suponen los tecnócratas que piensan que la política es un asunto de eficiencia. Un líder genuino requiere, antes que nada, capacidad de identificarse profundamente con el electorado al cual aspira a representar. La política es un negocio de representación, no una actuación de flautista de Hamelín capaz de seducir a multitudes con técnica pura. El liderazgo auténtico demanda sintonía con capacidad de visión, una habilidad para interpretar los sueños y aspiraciones de quienes se pretende representar. La caracterización es precisa: un verdadero líder es una figura con visión; un simple gerente es apenas un vendedor.

Movimientos en el tablero: Macri, Brito y la reconstrucción de alianzas

Mauricio Macri, expresidente y líder máximo del PRO, acaba de regresar de una conferencia itinerante a bordo del crucero Crystal Serenity, que navegó por el canal de Suez en Egipto. El evento fue el Leadership Cruise 2026, organizado por el World Travel & Tourism Council (WTTC) y presidido por El-Sisi, mandatario de Egipto, quien está preocupado por la caída de ingresos del sector turístico. Desde que iniciaron las tensiones con Irán, la industria ha registrado pérdidas de US$ 600 millones diarios. Macri compartió ese espacio con alrededor de 300 empresarios y políticos, así como con algunos de sus hijos. Fue un paréntesis de descanso relativo, porque apenas regrese en las próximas horas enfrenta una agenda de recorridas por el país diseñada para movilizar al PRO en torno a su proyecto estratégico: presentar listas propias en todas las categorías de las próximas elecciones. El primer encuentro de trabajo será con los legisladores del PRO en Buenos Aires y CABA, los dos distritos donde encuentra mayores dificultades en el armado.

Macri sostiene que el PRO debe competir de manera autónoma, salvo en casos donde la alianza electoral le otorgue rédito político tangible. Pero los dirigentes intermedios del partido en la región metropolitana prefieren replicar las alianzas exitosas que funcionaron en 2025 con La Libertad Avanza. En CABA, el gobernador Jorge Macri querría presentarse a la reelección acompañado por Pilar Ramírez —exintegrante del PRO que hoy milita en LLA— como candidata a vicegobernadora. Hay indicios de que Jorge mantiene un entendimiento tácito con Patricia Bullrich para que ella oriente su carrera política hacia el nivel nacional y no compita en territorio porteño. ¿Avalará esta composición Mauricio Macri, cuyo liderazgo político depende casi exclusivamente de gobernar la CABA sin rivales internos? Gobernó el distrito durante 20 años sin que nadie le hiciese sombra significativa y podría estar decidido a conservar ese monopolio político sin compartirlo con otras figuras.

Paralelamente, emerge un proyecto alternativo impulsado por exarmadores de Macri, Nicolás Massot y Emilio Monzó, quienes imaginan una recreación de Juntos por el Cambio que incorpore una pata peronista. En 2015 esa pata peronista no existió porque se apartó a Sergio Massa como producto de la convención radical de Gualeguaychú. Esta vez, Monzó se ha responsabilizado de la campaña de un outsider con perfil empresarial: Jorge Brito. Afirma que Brito ha manifestado en privado su intención de ser candidato presidencial. Formalmente, Brito está afiliado al peronismo en el distrito de Salta, donde tiene domicilio electoral. Monzó ha visitado recientemente al gobernador Axel Kicillof para explicarle el proyecto de un frente multipartidario que pueda frenar la reelección de Milei. Kicillof desembarcó el viernes en Córdoba, el segundo distrito con mayor volumen de votantes. Esta vez fue acompañado por Rodolfo Daer, figura central del sindicalismo, quien lo invitó a participar en un congreso del sindicato de Sanidad. Es un sector económicamente castigado por las políticas del Gobierno, en guerra permanente con la administración oficial. Julio Alak, quien funciona como uno de los cerebros políticos de Kicillof —su hemisferio derecho—, y aspira a una candidatura a gobernador de Buenos Aires, almorzó en La Plata con Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Diego Bossio. Especularon sobre las ventajas de la unidad peronista para competir en representación del espacio. El escenario que discuten incluye un Frente donde convivan todas las expresiones del peronismo, pero con aliados procedentes de la UCR y otras fuerzas políticas. Es un desafío de considerable magnitud a la elasticidad del sistema político.

Las consecuencias políticas de un mapa fragmentado

Los movimientos descritos anteriormente configuran un escenario de complejidad creciente. Por un lado, el Gobierno logró asegurar legislativamente la modificación de un proyecto que le generaba vulnerabilidades, pero al precio de perder una batalla simbólica de importancia: demostró que cede ante presiones institucionales de entidades poderosas como la Iglesia. Por otro lado, la oposición sigue operando en fragmentos sin capacidad de articulación superior. El peronismo mantiene una estructura electoral resistente pero sin liderazgo unificador claro. El espacio no peronista permanece desmoralizado, alimentando abstención récord. En paralelo, figuras como Macri, Kicillof y diversos gobernadores tejen alianzas, negocios legislativos y proyectos presidenciales que apelan a construcciones multipartidarias. Las próximas elecciones se definirán no solo por capacidades de movilización, sino por la