La discusión sobre las retenciones a la exportación de granos vuelve a ocupar el centro del debate económico nacional, esta vez con números concretos sobre la mesa. Durante el acto de comercialización del primer lote de soja de la temporada 2025/26, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario, se presentó un estudio que intenta responder una pregunta que agita a productores, gobiernos provinciales y funcionarios: ¿qué pasaría realmente con las arcas públicas si desaparecieran estos impuestos?

El encuentro, que contó con la presencia del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, el presidente de la institución bursátil Pablo Bortolatoy, dirigentes del sector agropecuario y autoridades nacionales como el director de Agricultura Jorge Gambale, sirvió de escenario para que especialistas económicos presentaran proyecciones que desafían la lógica convencional sobre la recaudación tributaria. El trabajo fue desarrollado por el equipo liderado por Julio Calzada desde la Dirección de Información y Estudios Económicos de la BCR.

Los números que emergen del análisis apuntan en una dirección: lejos de significar una pérdida permanente para el Estado, la eliminación gradual de las retenciones podría convertirse en una inversión que se recupera con intereses en el mediano plazo. Según el estudio, mientras que la Nación enfrentaría una caída inicial en sus ingresos derivados de los derechos de exportación, ese impacto negativo sería compensado a partir del cuarto año por el aumento en la recaudación de otros tributos, generados por la mayor actividad económica que traería aparejada la medida. Para las provincias, el escenario es aún más favorable: el efecto positivo sería prácticamente inmediato, alimentado por la expansión de la base tributaria derivada de mayores transacciones comerciales, movimiento de capitales y generación de empleo en sus territorios.

Las proyecciones económicas: un futuro sin retenciones

El modelo utilizado para este análisis no es improvisado. Se trata del AGMEMOD Argentina, una herramienta de proyección económica de alcance internacional que ha sido adaptada a la realidad y particularidades del mercado argentino. Esta metodología permite simular escenarios alternativos y proyectar la evolución de variables cruciales del sector agropecuario durante un horizonte de diez años, proporcionando un marco más robusto que las meras especulaciones para el debate de políticas públicas.

Los contrastes que arroja el modelo entre un escenario donde se mantienen las alícuotas actuales y otro donde se eliminan progresivamente en dos años son significativos. En el primer caso —es decir, con retenciones vigentes—, la proyección estima que hacia 2036 la producción total de granos alcanzaría 165 millones de toneladas, con exportaciones por 112 millones de toneladas valuadas aproximadamente en 44.000 millones de dólares. Cifras respetables, pero que quedarían lejos del potencial que supone la supresión de estos gravámenes.

En contraste, el escenario sin retenciones pinta un cuadro considerablemente más expansivo. Bajo estas condiciones, la producción total podría trepar a 183 millones de toneladas, mientras que las exportaciones alcanzarían 126 millones de toneladas con un valor total cercano a 50.000 millones de dólares. La diferencia entre ambos escenarios no es cosmética: representa un crecimiento de aproximadamente 18 millones de toneladas en producción y 6.000 millones de dólares adicionales en divisas generadas. Este incremento estaría propulsado fundamentalmente por la expansión de la superficie cultivada, estimada en 2,2 millones de hectáreas adicionales, concentradas principalmente en soja, maíz y cebada, rubros que responderían inmediatamente a los mejores incentivos económicos derivados de la ausencia de derechos exportadores.

El equilibrio fiscal: cuándo se recupera lo que se pierde

Pero el verdadero quid de la cuestión reside en cómo impactarían estas dinámicas en las finanzas públicas. Aquí es donde el análisis desmorona uno de los argumentos más recurrentes en contra de la eliminación de retenciones: la idea de que representaría una pérdida fiscal irreversible. Nada más lejos de la realidad según estos cálculos.

La mecánica es relativamente simple, aunque sus implicancias son profundas. Cuando se eliminan los derechos de exportación, el Estado nacional sufre una caída inicial y significativa en los ingresos que directamente provenían de estos gravámenes. Sin embargo, la mayor actividad económica generada por esta liberalización triggers un aumento en la base tributaria que permite compensar esa pérdida inicial. Este efecto se manifiesta a través de mayores recaudaciones en impuestos a las ganancias, IVA, derechos de importación de insumos, contribuciones sociales y una multiplicidad de cargas tributarias que se expanden con la actividad. Según el análisis, el punto de inflexión para la Nación ocurriría justamente al cuarto año desde la eliminación de los DEX, momento en el cual la recaudación en el escenario sin retenciones superaría la del escenario base.

Las provincias, por su parte, experimentarían una situación aún más favorable. Incorporando su recaudación al análisis consolidado, el equilibrio fiscal del sistema completo comenzaría a manifestarse hacia el segundo año de implementada la medida. Este fenómeno obedece a que los ingresos tributarios provinciales —fundamentalmente provenientes del comercio, la actividad portuaria, los servicios y la inversión privada— reaccionan con mayor rapidez a la expansión económica que se genera en territorios específicos como el litoral fluvial, donde se concentra buena parte de la cadena agroindustrial.

Proyectando hacia el final del período de análisis (2036), el balance total se tornaría positivo para el conjunto del sector público. El informe estima que la recaudación adicional derivada del crecimiento económico superaría en aproximadamente 1.300 millones de dólares la pérdida inicial por la desaparición de las retenciones. Este saldo neto se distribuiría entre 300 millones de dólares para la Nación y alrededor de 1.000 millones de dólares para las provincias, transformando lo que inicialmente se presenta como un costo en una ganancia clara para las arcas públicas.

Más allá de los números estrictamente tributarios, el análisis también resalta un factor multiplicador que va más allá de la simple aritmética fiscal. La eliminación de retenciones estimularía mayores niveles de inversión en el sector, una demanda acrecentada de insumos, una intensificación de la actividad comercial y un movimiento más dinámico en las terminales portuarias. Estos efectos secundarios refuerzan el rol histórico del complejo agroindustrial como motor de generación de valor agregado, empleo y, finalmente, recursos tributarios que alimentan las finanzas del Estado en sus distintos niveles.

El contexto en el cual se presenta este análisis no es menor. En paralelo al acto de comercialización, se realizó la subasta del primer lote de soja de la campaña 2025/26, producido en Formosa en una superficie de 630 hectáreas, cosechado en febrero de 2026 con un rendimiento que totalizó 36.000 kilogramos. El lote fue adquirido por representantes del Banco Macro por 1.800.000 pesos, con los fondos destinados a fines benéficos. El monto que superó el precio de pizarra de 430.000 pesos por tonelada fue donado a UNICEF Argentina para impulsar proyectos de acceso a agua segura en comunidades rurales del Gran Chaco. Esta donación se enmarca en el trabajo que la Bolsa viene impulsando desde su rol en el Consejo Empresarial por las Infancias y Adolescencias de la organización internacional.

Los números, el contexto político de gobernadores como Pullaro que presionan por cambios en la política tributaria, y la presencia de dirigentes agropecuarios de todo el país conforman un escenario en el cual este estudio no llega casualmente. Representa, más bien, munición económica para un debate que apenas comienza a calentarse en los despachos del poder ejecutivo y en las legislaturas provinciales, donde cada vez más voces reclaman una revisión profunda de un sistema de retenciones que ha sido constantemente criticado como un mecanismo que desincentiva la inversión y los aumentos de productividad en uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.