En medio de la escalada de conflictos que genera la expansión minera argentina, emerge una disputa de magnitudes considerables que enfrenta a algunos de los actores económicos más poderosos del país. El debate gira en torno a quién obtiene prioridad en el acceso a la infraestructura eléctrica en la región noroeste de San Juan, y en este tira y afloja están puestos en juego miles de millones de dólares de inversión futura. Eduardo Elsztain, el empresario que controla la mayoría de los principales centros comerciales del territorio nacional, ha decidido meterse de lleno en esta contienda que promete definir el rumbo de toda la industria extractiva local.

La controversia alcanzó un punto de no retorno cuando el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó para el 3 de junio a una audiencia pública destinada a dirimir la solicitud de "prioridad de acceso" a las redes de energía que presenta el depósito polimetálico Josemaría, localizado a gran altura en el noroeste sanjuanino. Este yacimiento, que contiene cobre, oro y plata, forma parte del denominado proyecto Vicuña, una iniciativa conjunta de los gigantes mineros BHP y Lundin Mining que ha generado enormes expectativas en términos de flujo de inversión internacional. Sin embargo, la solicitud de prioridad eléctrica enfrenta oposición firme de varios competidores con intereses económicos sustanciales en la zona.

Los adversarios del megaproyecto

Entre quienes se oponen al otorgamiento de esta prioridad se encuentran tres actores de considerable peso. En primer lugar, la australiana Challenger Gold, propietaria del yacimiento aurífero denominado Hualilán y Caposo, en donde Elsztain es el principal accionista a través de su vehículo financiero Golden Mining. En segundo término, el proyecto denominado Los Azules, que ya cuenta con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones con un paquete de inversión etiquetado en 2.672 millones de dólares estadounidenses y que se orienta a la producción de cobre. En tercer lugar, dos municipalidades provinciales —Iglesia y Calingasta— también se han manifestado en contra, representando los intereses territoriales locales.

La magnitud del proyecto Vicuña es de dimensiones extraordinarias. Los números hablan por sí solos: se trata de lo que las empresas promotoras denominan la "mayor inversión extranjera de la historia", con desembolsos programados de 18.000 millones de dólares que comenzarían a ejecutarse a partir de 2027 y se extenderían durante toda la próxima década. Solo en su primera etapa, hasta el año 2030, el emprendimiento demandará una inversión próxima a los 7.100 millones de dólares y necesitará acceso a una potencia eléctrica equivalente a 260 megavatios. Esta cifra lo posiciona entre los mayores consumidores de energía de toda la nación, acercándose apenas por debajo del consumo que destina la planta de Aluar en la provincia patagónica de Chubut para su operación de aluminio.

La infraestructura como cuello de botella

Los obstáculos para llevar adelante esta expansión minera van mucho más allá de cuestiones regulatorias. El proyecto enfrenta actualmente un bloqueo legal interpuesto por una magistrada de La Rioja, provincia por cuya geografía deben circular los vehículos e insumos necesarios para acceder al emplazamiento ubicado a 4.000 metros de altitud. Más allá de este inconveniente judicial, la industria extractiva regional confronta una realidad estructural preocupante: la ausencia de una infraestructura energética adecuada para sostener el ritmo de crecimiento que plantean los proyectos en cartera. Las rutas de acceso constituyen un problema, pero las redes de transmisión de electricidad en alta tensión representan quizá el desafío más crítico.

Vicuña ha presentado una propuesta innovadora para sortear este obstáculo: financiar por cuenta propia las ampliaciones necesarias en la infraestructura eléctrica provincial. La iniciativa contempla, entre otras obras, la modernización de la línea denominada Nueva San Juan - Rodeo, elevando su capacidad desde los actuales 132 kilovoltios a 500 kilovoltios y permitiendo incrementar la potencia transportable de 247 megavoltios amperes hasta 854 megavoltios amperes. Esta línea, financiada originalmente en partes iguales entre el Estado federal y la provincia de San Juan, sería mejorada con inversión privada. A cambio de asumir estos costos de ampliación y modernización, mediante la instalación de transformadores especializados, Vicuña busca asegurarse la prioridad en el uso del 90 por ciento de la capacidad remanente.

Los competidores cuestionan vehementemente esta distribución de prioridades. Según documentación presentada ante el ENRE y formalizada en la resolución 219/2026 publicada hace poco en el Boletín Oficial, la empresa Los Azules —que opera bajo la denominación comercial "Andes Corporación Minera" y pertenece al grupo canadiense McEwen Copper, con participación minoritaria del coloso Rio Tinto— proyecta una demanda energética de aproximadamente 140 megavatios hacia 2030. Complementariamente, El Pachón, otro depósito cuprífero operado por Glencore, requeriría alrededor de 300 megavatios. Bajo estos parámetros, Los Azules argumenta que de concederse la prioridad solicitada por Vicuña en la magnitud requerida, apenas quedarían disponibles entre 99 y 199 megavoltios amperes en un conducto de transmisión que, según afirman, posee carácter estratégico de interés público nacional.

Por su parte, Golden Mining, la sociedad mediante la cual Elsztain participa en Challenger Gold, ha enviado comunicaciones formales advirtiendo que el yacimiento Casposo podría llegar a requerir aproximadamente 20 megavatios de potencia en el futuro cercano. Desde esta óptica, permitir que Vicuña concentre la disponibilidad energética en los términos postulados significaría reducir drasticamente los márgenes operativos para otros emprendimientos de relevancia económica. Esta objeción refleja una preocupación más profunda: la resolución de este conflicto establecerá criterios que trascienden el caso particular y estructurarán las reglas de juego para toda la industria minera argentina en los próximos años.

Las implicancias sistémicas del conflicto

Lo que ocurra en esta audiencia pública del 3 de junio no se limitará a determinar el destino inmediato de Vicuña. La decisión regulatoria sentará precedentes determinantes para la viabilidad de decenas de proyectos mineros de gran escala que también dependen del mismo sistema de interconexión eléctrica. Mientras tanto, en territorios septentrionales como Jujuy, Salta y Catamarca, avanzan en paralelo otras iniciativas promovidas por actores como YPF Luz, Central Puerto y Genneia. Estos emprendimientos apuntan a construir una línea de transmisión eléctrica que se extienda por un mínimo de 140 kilómetros atravesando la Puna, capaz de distribuir energía renovable —principalmente proveniente de parques solares— a los principales yacimientos mineros de la región.

Sin embargo, existe un agravante estructural que complica aún más el panorama: el Estado nacional no ha realizado inversiones significativas en la ampliación de redes de transmisión en alta tensión desde el año 2014. Tampoco ha habido en tiempos recientes iniciativas de envergadura similar por parte del sector privado. Históricamente, los trabajos financiados con recursos públicos respondían a criterios fundamentalmente políticos, orientados a satisfacer demandas de gobiernos provinciales más que a necesidades técnicas reales. Con el tiempo, el desarrollo acelerado de nueva capacidad de generación térmica y renovable llegó a saturar las infraestructuras existentes. En la actualidad, existen múltiples puntos críticos de la red donde resulta virtualmente imposible agregar nueva oferta, mientras que la demanda continúa expandiéndose sin pausas. Este desajuste entre la capacidad instalada y las necesidades crecientes constituye el corazón del problema que ahora debe encarar el regulador.