La administración nacional impulsa una de las transacciones más controvertidas del sector energético argentino en los últimos años: la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal que administra las tres centrales nucleares que generan electricidad en el territorio nacional. En el corazón de esta disputa se encuentra una brecha valuatoria que ronda los 6.000 a 13.000 millones de dólares, según los cálculos de expertos del Estado, mientras que el ejecutivo nacional presupuesta ingresos de entre 500 millones y 1.000 millones por la transacción. Los números, por sí solos, exponen la magnitud de lo que está en juego y por qué esta operación ha desatado una reacción política que trasciende las fronteras bonaerenses. No se trata de una controversia menor sobre términos económicos: lo que está en discusión es la capacidad del país para preservar sectores estratégicos y tecnológicamente sensibles en manos del Estado o de actores privados externos.

Durante un acto desarrollado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno platense, Axel Kicillof convocó a decenas de especialistas, funcionarios y referentes del campo nuclear para exponer públicamente su posición de rechazo frontal a este proceso privatizador. El encuentro funcionó como una especie de tribunal donde se desplegaron argumentos técnicos y políticos contra la operación. Daniel Eduardo Martín, quien integra la Sala C del Tribunal de Tasaciones de la Nación, presentó un informe detallado en el que establecía que la empresa pública que opera las centrales de Atucha I, Atucha II y Embalse posee un valor que oscila entre los 6.000 y 13.000 millones de dólares, dependiendo de la metodología de valuación aplicada. Martín criticó duramente los parámetros utilizados por el gobierno para calcular el precio de venta, señalando que la tasa de descuento del 14,5% empleada resulta "un despropósito" que artificialmente reduce el valor patrimonial del activo público.

Las palabras que resumieron el conflicto

Kicillof sintetizó su postura mediante una frase que funcionó como bisagra discursiva del acto: "Privatizar es un error, malvender es un delito". Con estas palabras buscó distinguir entre dos cuestiones que, aunque relacionadas, poseen implicancias políticas diferentes. Mientras que la privatización per se constituye una decisión de gestión que puede discutirse, la venta a un precio significativamente por debajo del valor real de mercado adquiere características de acto irregular. El gobernador bonaerense enfatizó que cuando se transfiere un bien de todos los ciudadanos por una cifra que representa apenas una fracción de su verdadero valor, se incurre en lo que denomina dilapidación de patrimonio nacional. Esta postura busca reposicionar el debate desde una zona de disputa ideológica —si conviene o no privatizar— hacia un terreno de cuestionamiento sobre la legalidad y la responsabilidad fiduciaria estatal en la administración de recursos colectivos.

El contexto de esta controversia incluye un elemento adicional que complica la lectura del proceso: la sustitución del Tribunal de Tasaciones por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en las funciones de valuación de activos públicos. Kicillof apuntó directamente que esta maniobra institucional obedece a la intención de marginar a un organismo que, bajo criterios técnicos, determina que los números no cierran. Al reemplazar la institución tasadora tradicional por una entidad financiera cuyos funcionarios fueron designados por la actual administración, se crea la apariencia de un proceso desprovisto de controles independientes. El gobernador caracterizó esta operatoria como "negociados", una palabra que en la jerga política argentina refiere a transacciones donde merecen beneficios particulares por encima del interés público. Las centrales nucleares en cuestión —Atucha I, Atucha II y Embalse— constituyen activos de importancia estratégica que han requerido, a lo largo de décadas, inversiones públicas masivas, el desarrollo de capacidades técnicas y científicas propias, y la formación de recursos humanos especializados. Cederlas a manos privadas, y más aún a valores sustancialmente inferiores a su valuación técnica, implicaría renunciar a un patrimonio cuya reconstrucción resultaría prácticamente imposible en el corto y mediano plazo.

Los riesgos de una industria sensible en manos privadas

Más allá de la dimensión financiera de la controversia, existe una preocupación de orden estratégico y de seguridad que atravesó el discurso de los especialistas presentes en La Plata. Adriana Serquis, diputada nacional y expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), cuestionó la "falta de planificación estatal" subyacente a estas decisiones y remarcó que mientras potencias desarrolladas como Canadá invierten recursos significativos en expandir sus capacidades nucleares, Argentina aparentemente se desembaraza de las suyas. Su comparación entre la demanda global de ingenieros nucleares en Canadá y la aparente indiferencia argentina frente a sus propias capacidades ilustra una brecha de perspectivas sobre qué significa la energía nuclear en el mundo contemporáneo. José Luis Antúnez, quien presidió NASA en el pasado, formuló diagnósticos aún más críticos al plantear que "sin autonomía no hay soberanía". Su análisis señaló que Argentina ya carece de un ciclo de combustible nuclear completamente soberano: importa agua pesada pese a poseer la planta más grande del mundo para su producción (ubicada en Neuquén), no produce uranio natural de manera independiente, y ahora se dispone a transferir el manejo de las centrales a actores externos. Este conjunto de circunstancias dibuja un panorama donde la capacidad tecnológica nacional se va erosionando de manera progresiva. El sector nuclear argentino representa décadas de inversión en educación, investigación y desarrollo de experticia que no es fácilmente reemplazable ni transferible.

La licitación prevista para finales del año busca atraer inversores que adquieran el 44% de la empresa estatal operadora. Kicillof comunicó que la provincia de Buenos Aires emprenderá acciones destinadas a obstaculizar este proceso, argumentando que se trata de una "decisión estratégicamente errada" que expone al país a riesgos innecesarios. Señaló además que empresas multinacionales privadas, cuyos objetivos empresariales podrían no alinearse con el interés público nacional, accederían al control de instalaciones de extremada delicadeza operativa. El sector nuclear, en efecto, requiere de regulaciones robustas, personal altamente capacitado, y una perspectiva de largo plazo que no siempre caracteriza a estructuras empresariales orientadas al retorno de ganancias a corto plazo. La participación de Gastón Ghioni, subsecretario de Energía de la provincia bonaerense, en el acto reafirmó que el rechazo a estas medidas cuenta con respaldo desde órganos técnicos con responsabilidades concretas en materia energética territorial.

El panorama que emerge de estos cuestionamientos revela tensiones profundas sobre cómo Argentina se posiciona respecto de sectores estratégicos en tiempos de transformación global. El resurgimiento de la energía nuclear como fuente fundamental en la matriz energética mundial —impulsada por preocupaciones climáticas y demanda energética creciente— contrasta abiertamente con la decisión de transferir estas capacidades a inversores privados. Mientras tanto, proyectos como el reactor CAREM, que representaban una oportunidad para que Argentina desarrollara tecnología nuclear propia y comercialmente viable, han sido frenados o desfinanciados. Los distintos actores involucrados en esta controversia —funcionarios provinciales, especialistas técnicos, legisladores— convergen en la percepción de que existe una falta de visión de largo plazo en las decisiones que se están adoptando. Las implicancias futuras de estas operaciones dependerán de múltiples variables: las capacidades regulatorias que el Estado logre mantener sobre sus antiguos activos, los compromisos que asuman los nuevos dueños respecto de estándares operativos y de seguridad, la evolución del mercado energético global, y la manera en que la Argentina negocie su participación en cadenas de valor del sector nuclear internacional. Lo cierto es que decisiones tomadas hoy sobre el patrimonio nuclear nacional seguirán generando efectos durante décadas.