La ya complicada situación financiera de Flybondi acaba de sumar un nuevo frente de conflictividad legal. Un hotel porteño de categoría internacional interpuso una demanda de insolvencia contra la aerolínea de bajo costo, reclamando el pago de más de 660 millones de pesos que la compañía dejó sin cancelar durante los últimos siete meses. Se trata de servicios de hospedaje que la low cost contrató con el establecimiento y que, según documentación judicial, permanecen totalmente impagas desde diciembre de 2025 hasta junio de 2026. El pedido de quiebra representa un síntoma más visible de las dificultades que atraviesa una empresa que nació hace apenas ocho años bajo condiciones de mercado muy distintas a las actuales.
El detonante: servicios hoteleros sin pagar
El Hotel Presidente, emplazado en la calle Cerrito a metros del icónico Obelisco porteño, inició acciones legales contra Flybondi por el incumplimiento de 49 facturas relacionadas con servicios de alojamiento que la aerolínea contrató con la institución. El establecimiento de cuatro estrellas, que cuenta con 237 habitaciones y lleva más de seis décadas en funcionamiento ininterrumpido desde 1964, decidió presentar la demanda luego de agotadas las vías administrativas para recuperar la deuda. Según consta en los registros judiciales, cada uno de los comprobantes fiscales que respaldan estas transacciones vencía sin que la compañía aérea efectuara pago alguno. La propiedad del hotel corresponde a Aldo Elías, un referente de la industria turística nacional que actualmente desempeña la vicepresidencia de la Asociación de Hoteles de Turismo y que anteriormente lideró la Cámara Argentina de Turismo.
Frente a la ausencia de respuesta de la aerolínea, el establecimiento hotelero optó por incrementar el nivel de presión: envió una comunicación fehaciente en la que otorgaba un plazo de 48 horas para que Flybondi subsanara la deuda. Como registra el expediente, tampoco esa misiva obtuvo reacción alguna de parte de la compañía. Esta falta de respuesta fue interpretada por la defensa del hotel como un indicador de la incapacidad o desinclinalidad de la aerolínea para honrar sus compromisos, argumento que justificó la presentación de la acción judicial ante los tribunales comerciales. La suma total reclamada asciende a $660.721.114,03, monto que fue documentado meticulosamente en el expediente al 11 de junio del corriente año.
El proceso judicial en marcha
La causa se encuentra siendo tramitada en el Juzgado Comercial N°24, con sede en los tribunales porteños, bajo la responsabilidad del magistrado Guillermo Pesaresi. En una primera instancia, el juez requirió a la compañía aérea que complementara la presentación inicial con documentación adicional, particularmente que detallara con precisión cuáles eran los servicios específicos que originaron cada una de las facturas en cuestión. Este requerimiento es parte del protocolo habitual para garantizar que se cumplan todos los requisitos técnicos y formales necesarios antes de que un proceso de insolvencia prospere ante la justicia. Hasta el momento, no hay información pública sobre si Flybondi ha respondido a este pedido de ampliación documental o cuál ha sido su postura respecto a las acusaciones del hotel.
Una crisis que no cesa de profundizarse
Este conflicto emerge en un contexto donde la aerolínea ya enfrentaba una crisis de magnitud considerable. Desde su fundación en 2018, cuando el mercado aerocomercial se abrió a la competencia bajo determinadas políticas de liberalización, Flybondi operaba con márgenes estrechos y enfrentaba presiones competitivas crecientes. Sin embargo, en los últimos meses la situación se agravó dramáticamente. La compañía tiene nueve aeronaves fuera de servicio, la mayoría por inconvenientes relacionados con mantenimiento y contratos de arrendamiento de equipos. Algunos de esos aviones fueron derivados al exterior para someterse a revisiones técnicas reglamentarias, pero no pudieron retornar al país. Simultáneamente, la empresa acumula atrasos significativos en el pago a sus proveedores de combustible, lo que generó tensiones con YPF días atrás.
El deterioro operativo llegó a su punto máximo la semana pasada, cuando la compañía debió cancelar la totalidad de sus 11 vuelos programados para un día jueves determinado, dejando varados a cientos de pasajeros. Dentro del sector del transporte aéreo se considera este evento especialmente preocupante, en la medida que estudios retrospectivos indican que es necesario remontarse a los períodos más críticos de la pandemia de COVID-19 para encontrar un antecedente de una jornada completa sin operaciones de parte de esta empresa. Las cancelaciones iniciaron durante 2025 y se intensificaron notablemente en los meses de verano, justamente cuando la demanda de viajes suele ser máxima. A principios de junio, la flota operativa se había reducido a su mínima expresión, con apenas un único avión en condiciones de vuelo.
Pasajeros afectados y denuncias penales
El colapso operacional resultó en la cancelación de más de 2.500 operaciones durante los últimos meses, dejando sin poder viajar a más de 350.000 personas, conforme a estimaciones de consultoras especializadas en el sector. La magnitud de estos números motivó que se promovieran acciones penales contra la empresa. Entre los abogados que encabeza estas presentaciones figura Lucas Bianco, profesional que anteriormente dirigió la Asociación Argentina de Abogados Penalistas. Los cargos en cuestión apuntan a establecer responsabilidades por los daños causados a los consumidores en virtud de las cancelaciones masivas de servicios. Paralelamente, empleados de la compañía que optaron por acogerse a programas de retiro voluntario anunciados en marzo mantienen disputas pendientes por indemnizaciones no abonadas. Esos retiros voluntarios formaban parte de lo que la dirección de Flybondi denominó un proceso de "rediseño organizacional", eufemismo que en la práctica significó una reducción de personal en medio de la crisis.
El escenario que enfrenta actualmente Flybondi combina múltiples dimensiones de vulnerabilidad: una flota deteriorada y parcialmente fuera de servicio, deudas acumuladas con proveedores críticos, litigios judiciales en diferentes jurisdicciones, pasivos laborales sin resolver y ahora, además, un pedido formal de quiebra interpuesto por una institución hotelera de envergadura. Cada uno de estos elementos por separado representaría un desafío considerable para cualquier empresa; en conjunto, configuran un cuadro que admite pocas interpretaciones optimistas respecto al futuro inmediato de la compañía. Las próximas semanas serán determinantes para conocer si la aerolínea logra reunir los recursos necesarios para capitalizar, refinanciar sus pasivos y recuperar operatividad, o si por el contrario la crisis deviene en un proceso de liquidación que marcaría un hito importante en la historia del transporte aéreo argentino de la última década.
