A 74,8% de cancelaciones en julio le suma ahora un nivel de incertidumbre sin precedentes. La aerolínea que prometía revolutionar el mercado aéreo argentino mediante tarifas competitivas se debate en una parálisis operativa que desafía toda lógica comercial: sigue expendiendo boletos mientras desmantela su propio servicio. Los números exponen una situación insostenible. De los 308 vuelos que debieron realizarse en el mes en curso, apenas 104 despegaron. Esto equivale a decir que tres de cada cuatro pasajeros que compraron un pasaje para viajar en esta ventana temporal enfrentan la cancelación de su viaje. La persistencia en la venta de servicios que no pueden cumplirse genera un escenario donde la viabilidad institucional de la compañía se cuestiona en términos fundamentales, mientras las autoridades regulatorias buscan retomar el control de una situación que se les va de las manos.
El abismo financiero y los fantasmas del pasado
Más allá de los números operativos, existe un trasfondo financiero que explica gran parte de la debacle. La compañía acumula cuatro cheques rechazados durante julio por un monto total de $559 millones. Esta cifra, descomunal para cualquier institución comercial en funcionamiento, evidencia un colapso en la capacidad de pago que va mucho más allá de las dificultades coyunturales. El panorama se complica aún más cuando se contemplan las deudas pendientes con organismos clave del sector: tanto la Administración Nacional de Aviación Civil como la Empresa Argentina de Navegación Aérea y la empresa de carga aérea Internacional aguardan regularizaciones que nunca llegan. La compañía intentó salir del ahogo a través de un plan de pagos, pero los plazos se cumplen sin que los compromisos adquiridos se materialicen.
El historial de multas previas agudiza el cuadro de situación. Reguladores ya aplicaron sanciones por $54,7 millones distribuidas en 38 actuaciones administrativas. Pero el capítulo más amenazador aún está por escribirse: existen 22 sumarios en trámite cuyas resoluciones podrían implicar castigos económicos superiores a los $450 millones. Un monto de esa magnitud representaría un golpe definitivo para una organización que ya batalla por mantener la operatividad mínima. Los inspectores y auditores del organismo regulador han intensificado drásticamente el monitoreo: desde hace ocho meses acumulan 36 inspecciones y auditorías operativas, más 17 inspecciones especializadas en talleres de mantenimiento aeronáutico. Esta escalada de controles traduce el nivel de alarma dentro de los organismos de regulación.
Cambios en la cúpula y un misterio llamado OCA Air
La llegada de Leonardo Scaturicce y su grupo COC Global Enterprise en junio de 2025 trajo consigo promesas de reestructuración radical. El empresario y su equipo realizaron un proceso de auditoría interna cuyos resultados fueron revelados hace apenas quince días: encontraron lo que denominaron "divergencias sustanciales entre la información proporcionada por la dirección anterior y la realidad operativa de la entidad". Esto funcionó como justificativo para remover la estructura directiva completa e instalar un nuevo equipo gerencial. Sin embargo, apenas una semana después, un detalle insólito llamó la atención de los trabajadores.
Al ingresar a las oficinas ubicadas en el barrio portuario de la ciudad, los empleados se encontraron con una sorpresa visual en los sistemas de control de acceso biométrico. Donde antes aparecía únicamente el logo de la aerolínea de bajo costo, ahora figura también la imagen de un avión asociada al nombre OCA Air. El timing no es casual. En diciembre del año anterior, la estructura empresarial que controla la aerolínea adquirió las operaciones de la histórica empresa de correo y servicios de logística que llevaba el nombre OCA. La coincidencia despertó especulaciones entre el personal: ¿está siendo diseñado un rebranding corporativo? ¿Se fusionarían ambas operaciones bajo una identidad única que combine transporte de carga postal con traslado de pasajeros? Consultada directamente sobre estos cambios en su identificación corporativa, la organización rehusó hacer comentarios públicos. El silencio institucional, en este contexto, amplifica las incertidumbres.
Reguladores bajo presión: entre la legalidad y la protección al consumidor
Los órganos de control enfrentan un dilema jurídico complejo. Por un lado, existe la prohibición legal explícita: la normativa nacional no contempla la suspensión preventiva de la venta de pasajes aéreos a operadores que cuentan con habilitación vigente. Los reguladores argumentan que una medida de tal calibre podría considerarse inconstitucional, ya que afectaría el derecho a ejercer una actividad comercial amparada por la Ley Fundamental. Por otro lado, las garantías de seguridad operativa y los derechos de los consumidores están siendo erosionadas día tras día. Es por ello que la ANAC requirió mediante comunicación oficial que la compañía presente por escrito su plan de vuelos detallado, información sobre su flota disponible y la cantidad de pasajes comercializados en relación con esa capacidad real.
El objetivo de este requerimiento es verificar si existe una coherencia mínima entre lo que se promete vender y lo que efectivamente puede prestarse. Paralelamente, organismos del país vecino (Brasil) ya tomaron cartas en el asunto: suspendieron la venta de pasajes en tres rutas específicas hacia Florianópolis, Maceió y Salvador, aunque permitieron que la conexión con Río de Janeiro continúe operando. Vale notar que casi 80% de la programación hacia Brasil en julio fue cancelada, lo que sugiere que incluso en esa geografía la situación es insostenible. La autoridad aerocomercial carioca justificó sus restricciones aludiendo a la falta de respuesta a solicitudes previas de información. El organismo argentino advirtió que, si del análisis de lo presentado surgieran incumplimientos en materia de seguridad, podrá proceder a la inmovilización de aeronaves. Del mismo modo, ante violaciones de normativa aerocomercial u afectaciones a derechos de pasajeros como la sobreventa, labrarán actas e impondrán multas.
El drama humano detrás de los números
Más allá de estadísticas y decretos, existe un colectivo de trabajadores que carga sobre sus hombros las consecuencias directas de este derrumbe. Pilotos y personal de cabina permanecen en situación de suspensión bajo el eufemismo de "plan de reorganización", con la promesa vaga de "levantamientos temporales" conforme se ejecuten servicios que "se programen oportunamente". Traducido al lenguaje cotidiano: sin certeza de cuándo ni si volverán a trabajar. Mientras tanto, atraviesan un horizonte temporal donde el aguinaldo nunca llegó y el salario correspondiente a julio sigue en suspenso. Para un trabajador del sector aeronáutico, cuyos ingresos son relativamente altos pero sujetos a la estabilidad del empleo, esta situación representa un estrés económico y emocional considerable.
Los problemas con proveedores críticos como la petrolera estatal y las compañías que arriendan las aeronaves (los llamados "lessors") obligaron a que en algún momento la compañía operara con apenas un único avión disponible. Varios permanecen varados en el exterior, enviados supuestamente para labores de mantenimiento. Pero surge la pregunta lógica: ¿volverán alguna vez a territorio nacional? ¿O son parte de un plan oculto de desinversión? Los silencios corporativos alimentan estas interrogantes.
Escenarios inciertos y sus múltiples caminos
Lo que suceda en las próximas semanas determinará la suerte de una estructura que hace apenas un par de años generaba expectativas de renovación en la industria. Si la compañía logra cumplir con los requerimientos de información exigidos por la ANAC y demuestra tener un plan operativo viable con flotilla suficiente, podría transitar hacia una fase de estabilización relativa. Alternativamente, si los nuevos directivos logran materializar una reestructuración profunda que incluya la integración operativa con OCA (combinando servicios postales con transporte aéreo), podría encontrarse un modelo de negocios viable donde antes solo había pérdidas. No obstante, existe también la posibilidad de que los reguladores determinen incumplimientos graves en seguridad, lo cual abriría la puerta a medidas más drásticas incluyendo la inmovilización de activos. En el peor escenario, podría producirse un colapso total que derive en quiebra, dejaría pasajes sin usar, empleados sin indemnizaciones aseguradas y rutas aéreas domésticas con una capacidad reducida. Cada uno de estos futuros posibles genera implicancias distintas para la industria, los consumidores y el empleo.
