En la madrugada de un jueves, mientras aguardaban gobernadores y ministros en un recinto tucumano, ocurrió un gesto que resume las contradicciones del presente político argentino. La vicepresidenta ingresó al acto, saludó efusivamente a los mandatarios provinciales, recorrió el lugar con energía, y se retiró. El ministro del Interior musitó un comentario revelador: esperaba que nadie hubiese fotografiado ese encuentro. Fue un acto de paranoia micropolítica que ilustra la complejidad actual. Hace apenas cuatro años, quien hoy ocupa la Casa Rosada llegó a la presidencia no por una mayoría plebiscitaria ni por un proyecto coherente de poder, sino porque dos coaliciones mayoritarias se desmoronaron simultáneamente. Esa convergencia de fracasos ajenos —lo que el propio ganador denominó una "carambola a tres bandas"— produjo un resultado inesperado. Ahora la pregunta que turba los cálculos políticos es si es posible fabricar deliberadamente aquello que antes fue consecuencia del azar.

El enigma de reproducir el accidente

La travesía electoral de 2023 en la Argentina no obedeció a un proyecto vencedor sino a la implosión simultánea de dos ofertas que competían por hegemonía. Ninguna de las dos coaliciones mayoritarias logró convencer al electorado. Una representaba continuidad de un modelo agotado; la otra, alternancia sin dirección clara. En ese vacío emergió una tercera opción que nadie consideraba viable meses antes. El sistema de balotaje —ese mecanismo de contención que la República estableció para evitar elecciones fragmentadas— operó como salvavidas de quienes ganaban sin mayoría. Desde entonces, el ocupante del poder ejecutivo enfrenta un desafío sin precedentes en su carrera: debe reconstruir la combinación de circunstancias que lo llevó al cargo, pero esta vez de manera premeditada.

Aquello que fue producto del colapso de estructuras políticas rivales no puede simplemente replicarse como estrategia. Es como pedirle a un músico que toque una melodía que escuchó una sola vez, por casualidad, sin conocer sus notas. El fabulista que entretenía a generaciones de argentinos con sus historias morales —Tomás de Iriarte— dejó constancia de una verdad incómoda: algunos aciertos no son consecuencia de habilidad sino de pura suerte. El burro que encontró una flauta y la sopló no se convirtió en músico; tan solo tuvo un golpe de fortuna. La diferencia esencial es que entonces ignoraba su propia contingencia. Hoy, quien ocupó la presidencia por esa casualidad debe justificarse ante quienes lo sostienen, explicar por qué merece una segunda oportunidad y demostrar capacidad donde antes hubo solo accidente.

Los nuevos aliados y los viejos enemigos

La ironía más mordaz del presente radica en quiénes ahora sostienen al gobierno. Los gobernadores provinciales fueron, hace cuatro años, blancos de ataques frontales. Las promesas de castigo circulaban en discursos de campaña. Las provincias eran presentadas como feudos de corrupción merecedores de disciplina federal. Esa retórica confrontacional desapareció del minuto uno de la gestión. En su lugar emergió una transacción silenciosa pero real: el gobierno necesitaba de esos mandatarios para conseguir votos en el Congreso, mientras que los gobernadores requería del poder central para negociar recursos, obras, subsidios. Lo que parecía irreconciliable se reveló negociable. Quienes estaban destinados a la "mierda" —según las amenazas electorales— se transformaron en piezas indispensables del tablero de poder.

Los bloques parlamentarios afines al proyecto que Mauricio Macri encabezaba en la década anterior proporcionaron al gobierno entrante toda la infraestructura administrativa que habían preparado años antes. No se trataba solo de voluntad política sino de planes concretos, equipos técnicos, programas elaborados en documentos que guardaban en escritorios, esperando el momento de su implementación. El funcionariado que había sido parte del gobierno entre 2015 y 2019 volvió a ocupar espacios en ministerios, secretarías, organismos descentralizados. Los mecanismos de decisión se asemejaban a lo que esos sectores siempre habían querido: menos intervención estatal en economía, más protagonismo del mercado, reformas que limitaban el poder de negociación de sindicatos y trabajadores. El gobierno resultaba así un instrumento de las preferencias que esos socios políticos y económicos sostenían desde la oposición años atrás.

Lo que en 2023 fue una confluencia pasiva de circunstancias ahora debe convertirse en un pacto activo de renovación. Los socios electorales deben comprometerse nuevamente. Pero la pregunta que circula en pasillos, despachos y reuniones cerradas es si esa disposición persiste o si las alianzas que funcionan en la emergencia se erosionan cuando la emergencia se prolonga. Hace dos años había urgencia; todos querían que Milei ganara porque el peronismo había fracasado. Hoy, con el resultado ya inscripto en la historia, los incentivos cambian. ¿Por qué apoyar la reelección de alguien que ya ocupa el cargo si es posible negociar en otro terreno? ¿No hay espacio para candidatos alternativos dentro del propio espacio no peronista?

La batalla sobre las reglas del juego electoral

Desde la Casa Rosada circula una propuesta que parece técnica pero es profundamente política: modificar el sistema de primarias abiertas simultáneas y obligatorias —las PASO— que regían hasta hace poco. La iniciativa de eliminar o suspender estas elecciones internas aparece argumentada en razones económicas y de eficiencia administrativa. Sin embargo, detrás de esa presentación formal existen cálculos sobre quién gana y quién pierde en un formato electoral diferente. Los gobiernos anteriores habían enfrentado resistencia similar. Cuando Alberto Fernández ocupaba la presidencia, también buscaba modificar este sistema. El debate que entonces se presentaba como técnico era en realidad sobre poder político concreto.

Un conteo en la Cámara de Diputados revela que existen votos suficientes para suspender o eliminar las PASO. Se habla de más de ciento treinta legisladores alineados con esa posición. Pero aquí aparece otra dimensión: la del precio político. En la Argentina contemporánea, los votos no se otorgan gratuitamente. Los gobernadores provinciales —justamente esos aliados tan necesarios— tienen sus propias agendas. Quieren obras en sus provincias, recursos para financiar campañas locales, respeto para sus espacios de poder interno. Cambiar las reglas electorales cuesta; el costo es pago en efectivo, negociación de presupuestos, concesión de espacios de decisión. Nadie cree que el peronismo vaya a defender apasionadamente las PASO. Ese espacio político nunca necesitó de primarias para estructurar su poder interno. Tiene herramientas propias, forjadas en décadas de práctica, para disciplinar candidatos cuando es necesario competir por poder. Si el gobierno quiere que desaparezcan las PASO, el peronismo probablemente permitirá su eliminación a cambio de concesiones en otros frentes.

Existe también una propuesta alternativa que circula desde funcionarios del gobierno: permitir que candidatos a presidente "cuelguen" múltiples listas de legisladores nacionales de su fórmula. Esto se asemeja a sistemas electorales que existieron en la Argentina en el pasado —la Ley de Lemas, los neolemas de principios de los años 2000— y que favorecieron históricamente al peronismo. Cuando el peronismo acumuló su máximo poder relativo durante la crisis de 2001, inclusive permitió que se utilizara la Ley de Lemas para elegir al presidente de la Nación. Ese sistema de sumatoria de votos se adapta particularmente bien a la estructura organizacional peronista, que funciona mediante múltiples facciones que coinciden en lo electoral. La ironía es que cualquier reforma que flexibilice las reglas del juego puede terminar beneficiando al rival político que se pretendía debilitar.

Los movimientos en las sombras y las candidaturas paralelas

En la periferia de la escena oficial, ocurren desplazamientos que sugieren futuras fracturas. La vicepresidenta ha comenzado a exhibirse como figura propia en actos públicos. Su permanencia en el acto tucumano fue superior a la del presidente. Utilizó lenguaje que proyecta su disponibilidad para futuras responsabilidades. Representa un nacionalismo de matriz católica con resonancias territoriales que apela a sectores con los cuales el presidente tiene conexión débil. Si llegara a presentarse como candidata separada en una eventual elección con balotaje, restaría votos a su compañero de fórmula. Pero también podría aprovechar ese mismo balotaje para acceder a un segundo turno en el que, estadísticamente, los segundos tienen mayores chances de victoria que los primeros. Es un cálculo que ella monitorea en silencio.

La ministra de Seguridad, por su parte, ha mantenido una presencia crítica que intenta diferenciarse. No asistió al acto de Tucumán. Su estrategia radica en pequeñas confrontaciones, en señales de independencia que la posicionen como figura alternativa dentro del espacio de centroderecha. Pero a diferencia de la vicepresidenta, ella carece de plataforma independiente. Su poder político depende del presidente. Si lo enfrenta abiertamente, pierde los recursos que la sostienen en el cargo y en las encuestas de opinión. Es una dependencia que la limita. Exmandatarios que antes fueron presidentes observan estos movimientos con atención. El expresidente que encabezó el gobierno anterior al actual mantiene relaciones complejas con el presente. Ha manifestado intenciones de cuidar la sucesión del espacio político no peronista, de asegurar que generaciones más jóvenes dispongan de oportunidades de liderazgo. Pero también enfrenta dilemas sobre cuán lejos puede llegar su confrontación con el gobierno actual sin fracturar la coalición que lo sostiene.

Las premisas ocultas y los supuestos cuestionables

Circulan en círculos políticos varias creencias sobre el futuro electoral que merecen escrutinio. Se asume que la eliminación de las PASO favorecerá al gobierno actual y perjudicará al peronismo. La historia sugiere lo contrario. Toda alternativa de "sumatoria de votos" ha beneficiado históricamente al peronismo más que a sus rivales. El espacio no peronista es más fragmentado, más dependiente de figuras individuales, menos cohesionado. El peronismo, en cambio, tiene capacidad de integración de sus diversas facciones bajo etiquetas electorales comunes. Se asume también que el peronismo defenderá las PASO solo como mecanismo de contraposición al gobierno. Nada indica que sea así. El peronismo puede permitir la desaparición de las PASO y luego adaptar su estructura interna a cualquier formato que el sistema establezca. Tiene experiencia en eso.

Se asume finalmente que los gobernadores aceptarán las nuevas reglas electorales a cambio de recursos económicos. Eso es parcialmente cierto, pero incompleto. Los gobernadores esperarán a ver cómo se desarrolla la película política antes de comprometerse definitivamente. Si las perspectivas de reelección del presidente se debilitan, pueden preferir asociarse con candidatos alternativos. Si la economía mejora y crece el apoyo electoral, la reelección se torna más probable y el costo de apoyo disminuye. Los gobernadores son actores racionales que leen encuestas y evalúan escenarios. Actualmente, no está determinado quién ganará en 2027.

Las implicancias de largo plazo y los escenarios abiertos

Lo que ocurre en el presente con la construcción de alianzas electorales y la negociación sobre reglas del juego tiene consecuencias que trascienden 2027. Si la reelección se concreta mediante la renovación de apoyos de gobernadores y bloques parlamentarios, habrá quedado demostrado que el sistema político argentino posee capacidad de adaptación. Las alianzas se reformulan según circunstancias; los conflictos que parecían irreconciliables se revelan negociables. Los gobernadores que eran enemigos de ayer pueden ser aliados de hoy si el precio es correcto. Eso puede interpretarse como flexibilidad o como fragilidad, según la perspectiva. Si por el contrario la coalición se fractura y emergen candidaturas alternativas dentro del espacio no peronista, el peronismo recuperaría posibilidades que parecían descartadas. Un cisma entre La Libertad Avanza y sectores del PRO, o la irrupción de la vicepresidenta como candidata separada, abriría el escenario electoral. El peronismo, que ha sabido aprovechar históricamente las divisiones del adversario, dispondría nuevamente de oportunidades.

Lo que está en juego no es solo quién será presidente en 2027 sino también qué tipo de coaliciones políticas son viables en el futuro. ¿Pueden construirse gobiernos sobre bases de alianzas permanentes o son necesarios acuerdos puntuales que se renegocian continuamente? ¿El sistema de balotaje seguirá siendo el mecanismo que evita mayorías fragmentadas o surgirán nuevas formas de concentración electoral? Estas preguntas no tienen respuestas escritas. Dependerán de decisiones que actores políticos tomarán en los próximos meses, cuando los cálculos sobre viabilidad se vuelvan más nítidos.