La industria petrolera argentina experimenta un momento de definiciones críticas. En medio de una coyuntura internacional marcada por tensiones geopolíticas que sostienen los precios del crudo, Miguel Galuccio, líder de Vista Energy, aceleró los preparativos para inscribir dos bloques petroleros en el RIGI antes de que finalice junio. Esta movida representa un indicador de confianza en la continuidad del régimen de incentivos y en la viabilidad económica de proyectos que, de otro modo, permanecerían en el papel hasta entrada la década de 2030. Los números de la compañía durante el primer trimestre de 2026 sustentan esta decisión: rentabilidad operativa bruta de US$ 451 millones y ganancias netas de US$ 108 millones, ambas en alza significativa respecto al año anterior.
Dos bloques estratégicos en la mira
Los bloques que Vista Energy pretende incorporar al esquema de garantías gubernamentales son Águila Mora y Bandurria Norte, ambos localizados en la cuenca neuquina donde se concentra la producción de hidrocarburos no convencionales del país. Aunque Galuccio no divulgó en detalle los montos de inversión ni las proyecciones de extracción que estos campos alcanzarían, la presentación de documentación hacia el cierre del segundo trimestre marca un calendario operativo concreto. La estrategia responde a un cálculo económico específico: los incentivos fiscales previstos en el RIGI mejoran sustancialmente las tasas de retorno de estos emprendimientos, transformándolos de iniciativas postergadas en oportunidades viables en el corto plazo. Sin esos estímulos, la petrolera había estimado que estos desarrollos recién ingresarían en su cartera de prioridades alrededor de 2030, un horizonte demasiado lejano frente a las oportunidades presentes.
La mención que el ejecutivo realizó respecto de Bajo del Toro añade una capa más de complejidad al panorama. Este bloque, cuya operación pasará a manos de Vista Energy tras la consumación de la compra a la noruega Equinor, podría también ingresar en el régimen de incentivos. Sin embargo, dado que la operación principal permanece en manos de YPF, cualquier solicitud de incorporación al RIGI debería tramitarse a través de la estatal. El cierre formal de la transacción de Equinor por US$ 712 millones, anunciada en febrero, está previsto para los primeros días de mayo. Una vez que esto ocurra, Galuccio tendría mayor claridad operativa sobre el potencial de ese activo y su elegibilidad para acceder a las garantías fiscales del régimen.
Los números detrás de la apuesta
El desempeño de Vista Energy en los primeros tres meses de 2026 refleja una compañía en expansión. La producción alcanzó 135.000 barriles diarios equivalentes, lo que supone un crecimiento interanual del 67%, aunque con una retracción del 1% respecto al trimestre anterior. Esta cifra es especialmente relevante porque define la escala operativa desde la cual la empresa proyecta futuras ampliaciones. Para el cierre de 2026, la compañía anticipaba un promedio de 143.000 barriles diarios, cifra que ahora elevó en 3.000 barriles adicionales gracias a un contexto internacional más favorable. El EBITDA proyectado alcanzaría los US$ 2.600 millones si el barril de petróleo se estabiliza en torno a los US$ 85, un escenario que Galuccio vincula a la persistencia de conflictividad en Medio Oriente.
La guerra en la región de Oriente Próximo actúa como factor catalizador para las cuentas de las petroleras argentinas. Los disturbios geopolíticos han sostendido los precios del crudo por encima de los niveles que se anticipaban a principios de año, mejorando los márgenes operativos y la caja de las empresas. Vista Energy reconoce explícitamente este efecto en sus pronósticos: la mejora de 64% en rentabilidad operativa bruta interanual responde tanto a incrementos de volumen como a precios más elevados derivados de la incertidumbre global. Este escenario favorable proporciona oxígeno financiero para avanzar en proyectos de capital intensivo que, en una coyuntura de precios deprimidos, hubieran sido congelados indefinidamente.
El RIGI como acelerador de inversiones
La defensa que Galuccio realizó de la extensión del RIGI a proyectos de exploración y producción de petróleo y gas es particularmente elocuente. El régimen fue originalmente concebido para atraer inversión en sectores específicos, pero su ampliación a la industria hidrocarburífera generó algún grado de controversia en torno a si este mecanismo debería beneficiar a empresas petroleras ya establecidas. El empresario argumentó que los incentivos fiscales funcionan como un acelerador creíble: permiten que bloques no desarrollados pasen de una lista de espera a 2030 a iniciativas con horizonte de ejecución inmediato. En otras palabras, el RIGI no necesariamente genera inversión "nueva" en términos absolutos, sino que desplaza en el tiempo proyectos que de todas formas ocurrirían, pero mucho más adelante.
Este razonamiento conecta con un panorama más amplio de competencia global por inversión de capital en energía. Argentina compite con otros productores de petróleo y gas no convencional por fondos internacionales. Si los términos fiscales ofrecidos por el país resultan menos atractivos que los disponibles en otras jurisdicciones —Canadá, Estados Unidos o Brasil, por mencionar casos—, el capital tiende a fluir hacia esos destinos. El RIGI, desde esta óptica, opera como herramienta de nivelación competitiva: permite que proyectos argentinos sean más atractivos a nivel internacional sin que el fisco asuma gastos directos, sino mediante diferimientos o exenciones tributarias con horizonte temporal acotado.
Un ecosistema en movimiento
La solicitud de Vista Energy se inscribe en un contexto más amplio de dinamismo en el sector. El gobierno nacional anticipaba que entre 8 y 10 proyectos más completarían sus trámites de adhesión al RIGI antes del cierre de 2026. YPF, la petrolera estatal, anunció que sería protagonista destacado en las presentaciones de los próximos dos meses. Su proyecto insignia es el de exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL), un emprendimiento de alcance monumental que requeriría inversiones cercanas a US$ 20.000 millones en asociación con las italianas ENI y los Emiratos Árabes Unidos, a través de Adnoc. Este proyecto encarna precisamente la razón por la cual el RIGI fue ampliado a hidrocarburos: sin certidumbres jurídicas y fiscales de largo plazo, operadores internacionales de envergadura no asumiría riesgos de semejante magnitud.
En paralelo, la infraestructura de transporte también comenzó a movilizarse. Transportadora de Gas del Sur (TGS), empresa con participación de Pampa Energía y de la familia Sielecki, obtuvo aprobación del Comité Evaluador RIGI para ampliar el Gasoducto Perito Moreno. La inversión proyectada es de US$ 500 millones, con compromisos adicionales de US$ 200 millones para aumentar la capacidad de transporte en 14 millones de metros cúbicos diarios antes del invierno de 2027. Esta expansión cumpliría un doble propósito: permitir que más volumen de gas natural fluya desde Vaca Muerta hacia Buenos Aires y reducir la dependencia de importaciones de gas licuado, cuyos costos impactan fuertemente en la estructura energética del país. Con este proyecto, la cartera de iniciativas RIGI aprobadas llegó a 14 emprendimientos por un monto agregado de US$ 28.000 millones, con 22 proyectos adicionales en evaluación que potencialmente elevarían el total a US$ 97.000 millones.
Implicancias y proyecciones futuras
La aceleración de solicitudes RIGI en el sector energético genera un cuadro de consecuencias múltiples. Por un lado, si se concretan los montos estimados en inversión, Argentina experimentaría una transformación significativa en su capacidad productiva de hidrocarburos y en su perfil de balanza comercial. Proyecciones oficiales mencionan un potencial superávit comercial de US$ 60.000 millones en energía y minería dentro de cinco años, cifra que redefiniría la estructura de ingresos externos del país. Por otro lado, la dependencia de precios internacionales del crudo y del gas natural introduce volatilidad en estas estimaciones: si los conflictos geopolíticos se resuelven y los precios caen, la viabilidad de algunos proyectos podría comprometerse, aunque probablemente sin desactivar los que ya cuenten con garantías RIGI. Asimismo, la concentración de inversiones en hidrocarburos plantea interrogantes sobre diversificación de la matriz productiva nacional y sobre cómo estos flujos de capital interactúan con otras prioridades de desarrollo. La materialización de estas inversiones también dependerá de factores regulatorios, acceso a financiamiento internacional y estabilidad macroeconómica sostenida en el tiempo.
