La transformación del sistema de constitución de empresas en territorio nacional ingresó en una nueva fase esta semana cuando funcionarios del Ejecutivo presentaron ante la comisión legislativa pertinente un proyecto que busca reemplazar una norma que había permanecido vigente durante más de cinco décadas. La iniciativa propone nada menos que la creación de estructuras societarias operadas íntegramente por sistemas de inteligencia artificial, una propuesta que genera tanto expectativas como interrogantes respecto a sus implicancias legales y su compatibilidad con marcos regulatorios internacionales. El debate reveló las tensiones entre quienes visualizan en esta medida una oportunidad para posicionar al país como destino de inversión tecnológica de clase mundial, y aquellos que advierten sobre riesgos institucionales y vacíos en los mecanismos de control.
Federico Sturzenegger, responsable de la cartera de Desregulación, compareció en el Congreso para fundamentar los cambios propuestos. Durante su exposición ante los legisladores, explicó que las sociedades automatizadas operarían bajo los mismos parámetros de obligaciones y restricciones que cualquier estructura empresarial convencional, con la diferencia sustancial de que la administración cotidiana estaría enteramente a cargo de algoritmos y sistemas computacionales, sin intervención de personas físicas. El funcionario presentó este modelo como un mecanismo para simplificar los procesos de formalización empresarial y reducir la carga burocrática que históricamente ha caracterizado al ambiente de negocios local.
El modelo internacional como espejo: la estrategia de atracción de capitales
La argumentación central del Gobierno se sustenta en el análisis comparativo con jurisdicciones que han logrado posicionarse como centros neurálgicos de la industria tecnológica global. Irlanda emerge como el caso de referencia más citado, territorio que en las últimas tres décadas consolidó un crecimiento económico acelerado mediante políticas de apertura regulatoria y beneficios impositivos dirigidos a multinacionales de la tecnología. Sturzenegger señaló específicamente que el modelo irlandés permitió que compañías de escala planetaria establecieran sus operaciones en territorio europeo con ventajas fiscales significativas, generando con ello ingresos tributarios sustanciales para el erario público. La comparación implícita sugiere que Argentina podría replicar esta estrategia mediante la creación de un entorno regulatorio que resulte más atractivo que el de sus competidores regionales e internacionales.
El funcionario subrayó que la normativa propuesta buscaría posicionar a la Argentina en condiciones de atraer radicaciones de empresas de tecnología de primer nivel mundial, aquellas que generan volúmenes de negocios significativos y cuyos beneficios tributarios podrían contribuir a las arcas fiscales nacionales. La propuesta incluye también la regulación de las denominadas Organizaciones Autónomas Descentralizadas —conocidas por su sigla en inglés como DAO—, estructuras que operan a través de tecnología blockchain y que funcionan de manera autónoma respecto de control centralizado, utilizando sistemas de tokens para registrar operaciones. La inclusión de estas formas organizacionales responde a la intención de adaptarse a modelos empresariales ya vigentes en ecosistemas de criptomonedas y finanzas digitales descentralizadas.
Las objeciones y el debate sobre responsabilidades legales
La presentación del proyecto en el Senado no transcurrió sin fricciones. Los legisladores de la oposición cuestionaron varios aspectos sustanciales de la iniciativa, enfocándose particularmente en las garantías de responsabilidad legal y en la capacidad estatal de ejercer supervisión sobre este tipo de estructuras. Los críticos señalaron que la responsabilidad limitada de las sociedades automatizadas podría generar situaciones donde daños causados por estos entes no pudieran ser reparados mediante mecanismos judiciales convencionales. Asimismo, plantearon dudas respecto de la identificabilidad de los beneficiarios finales de estas organizaciones, un aspecto fundamental en términos de transparencia y cumplimiento de normas internacionales orientadas a prevenir el lavado de activos. Un legislador opositor enfatizó la necesidad de que cualquier estructura empresarial, sin importar su grado de automatización, debiera mantener responsabilidad legal claramente identificable, identificación de beneficiarios finales, trazabilidad de operaciones, domicilio verificable, responsabilidad conjunta de socios y sometimiento a la jurisdicción nacional.
Otro aspecto que generó controversia fue la mención sobre contactos del Gobierno con personalidades de la industria tecnológica internacional. Los legisladores cuestionaron al ministro respecto de reuniones con Peter Thiel, empresario estadounidense cofundador de Palantir y figura prominente en círculos de inversión tecnológica global, quien recientemente visitó el territorio nacional. Los opositores caracterizaron al personaje como problemático y expresaron preocupaciones sobre la influencia que pudiera ejercer en la formulación de políticas regulatorias. Sturzenegger también debió responder a objeciones vinculadas con la compatibilidad del proyecto propuesto respecto de estándares internacionales de fiscalización financiera, particularmente los mecanismos del GAFI —organismo multilateral que establece pautas para combatir el financiamiento ilícito—.
La argumentación defensora del Ejecutivo incluyó referencias a pensadores contemporáneos que reflexionan sobre la relación entre tecnología y sociedad. El historiador israelí Yuval Noah Harari había expresado recientemente, a través de un artículo de circulación internacional, cuestionamientos sobre la pertinencia de otorgar personalidad jurídica a sistemas de inteligencia artificial. Ante esto, Sturzenegger respondió con una perspectiva pragmática, argumentando que la confianza en sistemas de inteligencia artificial es ya cotidiana en la sociedad contemporánea —mediante aplicaciones de navegación geográfica, por ejemplo— y que por lo tanto no existiría fundamento racional para oponerle resistencia ideológica. La respuesta sugiere una interpretación donde la aceptación social de la inteligencia artificial en diversos contextos operacionales sería suficiente justificación para su extensión al campo empresarial formal.
El contexto legislativo más amplio y las reformas estructurales
La sesión en la comisión legislativa donde se debatió esta iniciativa ocurrió en simultaneidad con otras discusiones parlamentarias de relevancia económica, incluyendo proyectos fiscales y acuerdos para la resolución de conflictos con acreedores externos. Esto sugiere que el Gobierno está impulsando simultáneamente múltiples reformas de índole regulatoria y fiscal, en una estrategia integral de transformación del marco legal para la actividad empresarial. El proyecto de modificación de la Ley de Sociedades propone eliminar varias formas societarias tradicionales —entre ellas las sociedades colectivas, en comandita simple, de capital e industria, y en comandita por acciones— concentrando el ordenamiento en estructuras de menor complejidad administrativa. Correlativamente, reduce los controles estatales solo a aquellas sociedades que operan bajo regímenes especiales, generando con ello una simplificación considerable del entramado regulatorio.
Cabe destacar que la norma vigente que se busca reemplazar data de 1972, período donde el contexto tecnológico, económico y social era radicalmente distinto del actual. La pervivencia durante más de cinco décadas de un marco legal originalmente concebido en el siglo XX sugiere ciertamente la necesidad de modernización. Sin embargo, la magnitud de los cambios propuestos —particularmente la introducción de estructuras automatizadas sin intervención humana— representa un salto cualitativo significativo respecto de las reformas incrementales que típicamente caracterizan la evolución legislativa en materia comercial. La comparación con estándares internacionales revela que aunque algunos países han comenzado a explorar regulaciones para entidades descentralizadas autónomas, pocas jurisdicciones han avanzado tan decididamente hacia la automatización integral de estructuras sociedarias formales.
Las implicancias de este proyecto, de convertirse en ley, serían múltiples y de alcance difícil de prever completamente. Por un lado, representaría un posicionamiento de Argentina en la vanguardia de la experimentación regulatoria en materia de tecnología empresarial, potencialmente atrayendo inversión y talento a sectores de economía digital. Por otro lado, la reducción de controles estatales y la falta de intervención humana en la administración de sociedades generaría interrogantes respecto de la capacidad institucional para prevenir usos irregulares, proteger a terceros afectados por operaciones de estas entidades, y garantizar que los marcos de responsabilidad legal funcionen efectivamente. Las distintas perspectivas sobre el proyecto reflejan tensiones fundamentales entre la necesidad de modernización regulatoria y la prudencia institucional respecto de cambios de magnitud sin precedente local en materia de estructura empresarial formal.
