En los últimos treinta meses, la Argentina ha experimentado un cambio de orientación económica que atraviesa la totalidad de su estructura productiva y financiera. Sin embargo, ese cambio no ha impactado de manera uniforme en el territorio nacional ni en los distintos sectores de la economía. Mientras algunos segmentos del país experimentan una expansión vigorosa, otros permanecen prácticamente congelados. Esta bifurcación creciente representa uno de los desafíos más complejos que enfrenta el oficialismo de cara a los próximos comicios presidenciales, ya que la desconexión entre las cifras macroeconómicas y la experiencia cotidiana de millones de ciudadanos amenaza con definir el resultado electoral de 2027. Lo que sucede en las fábricas, los comercios y los canteros de obra de construcción probablemente determine quién ocupará la Casa Rosada durante el siguiente período de gobierno.

La actual administración puede exhibir con legitimidad sus avances en la consolidación de los equilibrios fiscales y externos. Los superávits gemelos —tanto en las cuentas del sector público como en la balanza de pagos— representan un logro significativo en una nación que acumula décadas de déficit crónico. Del mismo modo, la inflación ha moderado su ritmo de expansión, abandonando las velocidades de tres dígitos que caracterizaron períodos anteriores. Estas conquistas macroeconómicas no deben minimizarse: constituyen cimientos imprescindibles para cualquier proyecto de largo plazo. No obstante, el problema para quienes conducen el gobierno radica en que estos resultados agregados se han conseguido mediante políticas que, paradójicamente, han deprimido la demanda interna. Los precios se estabilizaron, pero la capacidad de compra de las familias se contrajo. El dinero se ordenó, pero el trabajo escasea.

El país que exporta y el país que vive

Durante los primeros cinco meses de 2026, la economía nacional creció un 1,7% en términos interanuales. Ese guarismo, aunque positivo, oculta una realidad radicalmente distinta cuando se desagrega por sectores. Los tres pilares que sostienen ese crecimiento—agricultura, energía y minería—constituyen apenas el 13% de la estructura económica total, pero se expandieron a un ritmo de 12,3%. El sector que bien podría denominarse la economía de la calle, aquella que sustenta empleos en las fábricas, en los comercios, en los bares, en las peluquerías y en los talleres de reparación, creció tan solo un 0,2% en el mismo período. Esta brecha colosal explica por qué las encuestas de percepción y los índices de confianza revelan un fenómeno aparentemente contradictorio: mientras los indicadores técnicos muestran cierta estabilidad, el ánimo social se deteriora sostenidamente.

La construcción, la industria manufacturera y el comercio minorista—sectores que históricamente han generado la mayor cantidad de puestos de trabajo directo e indirecto—permanecen atrapados en un prolongado letargo. Este estancamiento no constituye una simple fluctuación cíclica, sino un rasgo estructural del modelo económico que se ha consolidado a lo largo de estos treinta meses. El mercado externo, beneficiado por precios internacionales favorables para los productos que Argentina exporta en volumen, prospera sin obstáculos. Simultáneamente, aquella porción de la economía que depende de que los hogares gasten en bienes y servicios de origen doméstico permanece postrada. Un trabajador desocupado o subocupado, una pequeña empresa que no logra financiarse, una familia que ajusta su gasto en alimentos y servicios—estos son los personajes reales que conviven con las estadísticas favorables de superávit fiscal. La disociación entre ambas realidades se ha vuelto tan manifiesta que resulta imposible ocultarla mediante ninguna acrobacia retórica.

El dilema político de la próxima contienda electoral

Hace poco más de un año, la inflación dominaba de manera absoluta la agenda de preocupaciones ciudadanas. Los argentinos temían por la erosión de sus salarios, por la imposibilidad de realizar proyectos de mediano plazo, por la incertidumbre de no saber cuál sería el costo de vida en los siguientes meses. Aunque esa inquietud no ha desaparecido por completo, ha sido desplazada en la jerarquía de urgencias. Hoy, el empleo y los salarios reales ocupan el centro de la inquietud colectiva. Esta mudanza en las prioridades ciudadanas no constituye un dato menor: señala un cambio en la naturaleza misma de los problemas que afectan al país. El gobierno actual enfrentará la elección de 2027 en un contexto donde su principal logro—la desinflación—ya no monopoliza la atención pública, mientras que su principal debilidad—la debilidad de la actividad productiva—se ha convertido en la cuestión decisiva.

Los índices de confianza en la gestión pintan un cuadro sombrío. Tras una mejora transitoria hace algunos meses, esos indicadores han retrocedido nuevamente. El índice de confianza en el Gobierno elaborado por centros académicos de investigación acumuló un descenso superior al 20% durante los doce meses anteriores. La valoración positiva del presidente ha bajado hacia el rango del 35% al 40%, territorio que marca una clara diferencia respecto de los registros que ostentaba en los primeros meses de su mandato. Estos números adquieren relevancia electoral porque revelan un voto cada vez menos cautivo, más fluctuante, más dispuesto a contemplar alternativas. El oficialismo no enfrenta una oposición monolítica, sino una oposición fragmentada; ese dato podría resultar ventajoso. Sin embargo, en una competencia electoral donde la principal moneda de cambio es la percepción de mejora económica cotidiana, la fragmentación opositora puede resultar insuficiente para revertir un sentimiento generalizado de estancamiento.

El espacio de maniobra disponible para implementar políticas que reactiven la demanda interna se ha tornado casi inexistente desde la perspectiva fiscal. El superávit primario que la administración lograba consolidar se ha reducido significativamente durante 2026, descendiendo a apenas el 1% del producto interno bruto—una cifra muy inferior al 1,8% con que cerraba el ejercicio 2024. Esta contracción no responde a una decisión deliberada de expansión del gasto, sino a la combinación de una recaudación debilitada—golpeada por la baja actividad y por las propias reducciones tributarias que el gobierno implementó—y a la imposibilidad política de ajustar aún más el gasto corriente sin provocar crisis sociales. El gobierno intentó, en distintas ocasiones, ampliar sus márgenes de acción: buscó reducir las contribuciones patronales, postergó medidas de alivio fiscal que habitualmente anunciaba en eventos públicos. La escasez de recursos fiscales se hizo evidente cuando, en un acto en el que tradicionalmente se anuncian estímulos para el sector agropecuario, la administración guardó silencio sobre nuevas reducciones de retenciones a las exportaciones.

Las opciones restringidas para impulsar el crecimiento

Si el frente fiscal ofrece pocas alternativas, otros caminos permanecen parcialmente expeditos. La infraestructura constituye uno de ellos. Tras treinta y un meses de gestión, no se ha logrado materializar un plan de envergadura en ese terreno financiado mediante inversión privada y esquemas de concesión. Una ofensiva en esa dirección permitiría no solo estimular demanda agregada en el corto plazo—mediante el gasto en construcción, provisión de materiales y servicios—sino también despejar algunos de los principales cuellos de botella que limitan la productividad nacional. Organismos internacionales, bancos de desarrollo y académicos señalan de manera convergente que la educación, el respeto por las instituciones y la calidad de la infraestructura física representan los pilares sobre los cuales debe asentarse cualquier proyecto de transformación productiva en el largo plazo. La Argentina cuenta con desventajas considerables en los tres frentes; actuar sobre el tercero de ellos constituiría un movimiento estratégico que combinaría estímulo cortoplacista con construcción de capacidades productivas sostenibles.

La política monetaria, congelada durante nueve meses en torno a bases muy restrictivas, parecería mostrar signos de mayor flexibilidad en los últimos meses. Sin embargo, ese movimiento enfrenta obstáculos estructurales de consideración. Una economía que aún no se ha remonetizado plenamente—donde buena parte de las transacciones siguen realizándose en dólares—no responde de manera predecible a expansiones de la oferta de dinero local. Cuando el banco central emite pesos, gran parte de esos fondos retornan inmediatamente al sistema financiero, donde permanecen depositados o son prestados nuevamente al propio banco central y al tesoro nacional. El crédito al sector privado permanece cautivo de una morosidad elevada—12,8% en créditos a familias, 15,9% en préstamos personales—que desalienta a las instituciones financieras de expandir sus carteras. Por consiguiente, una expansión monetaria, sin cambios en esas variables estructurales, podría simplemente ampliar los depósitos ociosos sin traducirse en crédito productivo.

En el frente cambiario también se observan tensiones. El tipo de cambio oficial retrocedió durante los primeros meses del año, pero avanzó con fuerza durante junio y julio. En un contexto de actividad deprimida, un dólar algo más elevado aliviaría la presión sobre sectores expuestos a la competencia externa—como la industria y buena parte de los servicios—y promovería una recuperación más equilibrada, donde crecerían simultáneamente la demanda interna y las exportaciones tradicionales. No obstante, cuando el tipo de cambio se aproximó a ciertos umbrales durante finales de julio, las autoridades económicas volvieron a intervenir con decisión: el banco central realizó ventas de títulos indexados a la divisa extranjera, mientras que el tesoro nacional multiplicó las colocaciones de instrumentos de cobertura. Estos movimientos dejaron en evidencia que, desde la perspectiva de los hacedores de política, la contención de la inflación sigue siendo la prioridad superlativa, y que esa prioridad continuará limitando cualquier ajuste al alza del tipo de cambio, aunque ese ajuste pudiera resultar beneficioso para la reactivación de sectores productivos domésticos.

Un escenario electoral cargado de incertidumbres

El diagnóstico que surge de este recorrido por los distintos frentes de la política económica es, en términos llanos, desalentador para quienes conducen el gobierno. No existe, en el momento presente, una estrategia claramente articulada orientada a impulsar la actividad productiva durante los próximos dieciocho meses que restan para los comicios. El margen fiscal es prácticamente nulo, la política monetaria enfrenta obstáculos estructurales, y la política cambiaria permanece cautiva de la obsesión por contener la inflación. En ese contexto, la probabilidad de que la economía de la calle llegue a la elección creciendo significativamente—en torno al 2% anualizado, lo que constituiría un escenario favorable—no luce como el más probable. Si el crecimiento se mantiene en los niveles actuales, débil y concentrado en sectores exportadores, la recuperación económica difícilmente constituirá un vector que impulse la reelección.

Esto no significa, necesariamente, que el oficialismo esté condenado electoralmente. Otros factores pueden jugar a su favor. Sectores del electorado que prefieren no retornar a modelos económicos anteriores podrían votar por continuidad incluso sin experimentar mejora tangible en su situación cotidiana. Una oposición fragmentada, incapaz de presentar un frente unificado, podría permitir que la administración actual se imponga mediante una mayoría relativa de votos. La ausencia de una crisis macroeconómica de magnitud—y con un equilibrio fiscal y externo más ordenado que en años anteriores, esa crisis parece poco probable—también favorecería al gobierno. Sin embargo, la economía real, esa que opera en las fábricas, los comercios, las obras de construcción y los mercados laborales, probablemente no jugará a favor del oficialismo. Si la continuidad se impone en 2027, será a pesar de esos números, no gracias a ellos. Será porque otros cálculos electorales resulten más determinantes que la experiencia cotidiana de recuperación económica. Y en una democracia que aspira a consolidarse, depender del voto en ausencia de mejora tangible en la calidad de vida constituye un escenario político frágil, donde los gobiernos futuros podrían enfrentar demandas sociales intensas incluso si logran perpetuarse en el poder mediante coaliciones electorales precarias.