Cuando se clausuran capítulos de política económica que permanecieron intactos durante más de dos décadas, rara vez ocurre sin que alguien salga perdiendo. Este martes, el Gobierno nacional cerró uno de esos capítulos al dar por terminado un mecanismo de financiamiento que había sostenido los esfuerzos promocionales de la industria vitivinícola argentina desde tiempos del primer mandato kirchnerista. La resolución 55/2026, publicada en el Boletín Oficial por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, pone fin a las contribuciones obligatorias que las bodegas abonaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), un organismo mixto donde convergen actores estatales y privados. Lo que comenzó como un mecanismo de recaudación estatal se convirtió, según la perspectiva oficial actual, en un impuesto disfrazado que beneficiaba a entidades privadas mientras erosionaba la competitividad del sector. La decisión abre, simultáneamente, puertas de alivio económico para unos y escenarios de litigio para otros.

Un modelo que nació con ambiciones y murió cuestionado

La historia tiene raíces profundas. En diciembre de 2003, durante la gestión de Néstor Kirchner, el Congreso Nacional sancionó la ley 25.849 que estableció el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI) y creó Coviar como su brazo ejecutor. La iniciativa surgía de un diagnóstico que consideraba necesario fortalecer la posición internacional del vino argentino y modernizar una industria que enfrentaba desafíos competitivos en mercados globales cada vez más exigentes. El modelo de financiamiento era innovador para su época: mediante una contribución comprendida entre $0,45 y $0,85 por litro de vino fraccionado que vendían las bodegas, se canalizaban recursos hacia una institución diseñada para potenciar exportaciones, mejorar la calidad y expandir la participación argentina en el comercio internacional del vino.

Sin embargo, desde sus orígenes el proyecto enfrentó tensiones internas. No todos los productores aceptaban con entusiasmo el mecanismo obligatorio. Mientras cooperativas y pequeños viticultores veían en Coviar una herramienta colectiva para competir en mercados internacionales, las grandes bodegas —particularmente aquellas nucleadas en Bodegas de Argentina— cuestionaban permanentemente la efectividad de las contribuciones. A lo largo de los años, estos cuestionamientos se transformaron en reclamos sostenidos. La fricción entre sectores nunca desapareció; simplemente se mantuvo latente, esperando el momento en que cambios políticos o económicos la reactivaran. Ese momento llegó con esta administración.

Las cifras que justifican el cierre: promesas incumplidas versus aportes estatales millonarios

Dentro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, los números hablaban un lenguaje contundente. Según los análisis del gobierno, el Plan Estratégico Vitivinícola había fracasado en sus objetivos fundamentales. Las exportaciones nunca alcanzaron la barrera de USD 2.000 millones anuales —meta que la iniciativa había prometido alcanzar— y la participación de Argentina en las exportaciones globales de vino se mantuvo por debajo del 2,5%, lejos del ambicioso 10% que se había anunciado como objetivo a largo plazo. Para la administración Milei, estos guarismos no eran simples números estadísticos: representaban un fracaso programático que justificaba la intervención.

Pero existe un segundo aspecto financiero que resultó decisivo en la resolución adoptada. Coviar no se financiaba únicamente con los aportes obligatorios de las bodegas. Durante años, el organismo recibió inyecciones de capital estatal de envergadura considerable. Entre 2004 y 2025, según cálculos del Ministerio de Desregulación, el sector vitivinícola nacional —es decir, los contribuyentes como conjunto— desembolsó alrededor de USD 300 millones para sostener las operaciones y proyectos de Coviar. Estos fondos provenían de múltiples fuentes: presupuestos provinciales, organismos nacionales, y transferencias de ministerios especializados. Durante la gestión de Sergio Massa como titular de la cartera económica (2022-2023), se canalizaron 1.135 millones de pesos adicionales hacia Coviar. Otros 634 millones de pesos llegaron desde los Ministerios de Turismo y de Ciencia y Técnica durante la administración Fernández. Para el período 2023-2024, el presupuesto consolidado de Coviar alcanzó $3.782 millones. Cuando Milei asumió, fueron suspendidos todos estos proyectos que recibían financiamiento estatal directo.

Las voces que festejan: las grandes bodegas ven el horizonte despejado

Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina, no se anduvo con diplomacias al evaluar la medida. En declaraciones posteriores a la publicación de la resolución, fue directa: el plan simplemente no había funcionado. Los resultados eran inferiores a las expectativas, los pequeños productores nunca fueron realmente integrados al esquema, y tanto la promoción en mercados internos como externos resultaron insuficientes. "Hablábamos de pasar a los USD 2.000 millones en ventas y hemos perdido lo que teníamos", resumió con crudeza la empresaria. Su conclusión fue lapidaria: claramente el plan había concluido su ciclo útil, y lo racional era dar por finalizado un mecanismo que ya no encontraba sustento en objetivos estratégicos realistas.

La cámara que representa a las principales bodegas del país —productoras que comercializan volúmenes significativos tanto en mercados domésticos como internacionales— caracterizó la medida como "un paso histórico hacia la modernización y competitividad de la industria vitivinícola". Para estos actores económicos, la eliminación de las contribuciones obligatorias significaba un alivio financiero directo e inmediato. Cada botella vendida dejaría de tener un costo administrativo asociado a Coviar. Este flujo de recursos, ahora recuperado, podría reinvertirse en operaciones propias, investigación y desarrollo, o simplemente mejorar márgenes. Además, Bodegas de Argentina destacó un elemento que considera crucial: los fondos remanentes y sin utilizar de Coviar pasarían al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), institución estatal de control y certificación con trayectoria consolidada en el país. Para la cámara empresaria, esta redirección aseguraba que los recursos del sector volvieran a una entidad técnica confiable, eliminando intermediarios que no habían probado su valor agregado.

La reacción defensiva: Coviar enfrenta el cierre con argumentos legales

La respuesta de Coviar llegó doce horas después de la publicación oficial de la resolución. Fue un comunicado que combinaba rechazo categórico con amenazas de acciones legales. La corporación cuestionó la legalidad misma del procedimiento utilizado por el Gobierno para eliminar un mecanismo creado por ley. El argumento central es de carácter constitucional y administrativo: una resolución de la Secretaría de Agricultura no puede modificar sustancialmente un régimen establecido mediante una ley sancionada por el Congreso. Para Coviar, la administración Milei había actuado excediendo sus competencias, sin consultar previa a los actores involucrados, y de manera que violaba principios elementales de legalidad, previsibilidad e institucionalidad.

Coviar presentó también un inventario de logros que, desde su perspectiva, justificaban su continuidad. La institución señaló haber evitado la imposición de impuestos internos sobre el vino, haber obtenido la eliminación de derechos de exportación, y haber conseguido incrementos en los reintegros destinados a las exportaciones. Estos últimos dos logros, en conjunto, representaban para el sector —afirmó la corporación— ahorros anuales que superaban los USD 100 millones. Más allá de cifras, Coviar se posicionó como "la única institución donde el sector privado y público pueden juntos trabajar con resultados concretos", reivindicando su rol como espacio de diálogo intersectorial. El organismo solicitó explícitamente que se reconsiderara la resolución, permitiendo que cualquier proceso de revisión o adecuación del régimen transcurriera dentro de un marco legal e institucional que garantizara seguridad jurídica y estabilidad sectorial.

El gerente del conflicto: Sturzenegger y su narrativa de desregulación

Federico Sturzenegger, desde su posición al frente del Ministerio de Desregulación, no limitó sus comentarios a lo administrativo. A través de sus redes sociales, caracterizó la decisión con un lenguaje que hacía hincapié en lo que consideraba una anomalía normativa. "Eliminamos un impuesto que el Estado había regalado a privados", escribió, utilizando una formulación que condensaba su diagnóstico sobre el mecanismo de Coviar. Expandió luego esta narrativa: el Estado había estado cobrando recursos, pero no para financiar servicios públicos, sino para transferirlos a entidades privadas. Para Sturzenegger, esto constituía una "aberración" que había persistido por más de veinte años, transformando a la industria del vino y a la ciudadanía en víctimas de un esquema disfuncional heredado de gobiernos anteriores.

El ministro también utilizó el balance del plan para evaluar con dureza su desempeño. Las exportaciones nunca llegaron a la cifra prometida, la participación argentina en mercados globales se estancó muy por debajo de objetivos, y el plan —bajo su perspectiva— había funcionado más como un ancla que como un motor de competitividad. Su posición sobre el futuro de Coviar fue clara: una cámara empresaria no puede sostenerse mediante un impuesto obligatorio recaudado por aparatos estatales. El modelo correcto, argumentó, es el de organizaciones como Bodegas de Argentina o Wines of Argentina, que operan sobre sistemas de aportes voluntarios. El cierre de Coviar como entidad financiada por contribuciones forzosas era, en su lógica, parte del proceso de desregulación que su ministerio lidera.

Incertidumbre institucional: ¿qué sucede ahora con Coviar y cuál es el futuro de la batalla?

La resolución 55/2026 especifica que Coviar no será disuelta como persona jurídica; podrá continuar existiendo como entidad de derecho público no estatal. Sin embargo, esta precisión encierra una paradoja: un organismo que fue creado para funcionar con un modelo específico de financiamiento ve cortada de raíz la fuente de recursos que lo alimentaba. ¿Cómo podrá operar una institución cuya razón de ser estaba vinculada a la distribución de fondos derivados de contribuciones obligatorias si ya no existen esas contribuciones? La resolución no ofrece respuesta clara a esta pregunta.

El gerente del Fondo Vitivinícola Mendoza, Sergio Villanueva, con vínculos directos a Coviar, anticipó el escenario que probablemente se desarrolle: la controversia trasladarse hacia los juzgados. Su argumento es básico en lo jurídico: ningún organismo creado por ley puede ser eliminado o substancialmente modificado mediante una resolución administrativa. Esto presupone que Coviar tiene la intención de cuestionar la medida en instancias judiciales, buscando que los tribunales reconozcan la invalidez de una decisión que, según esta perspectiva, carece de autoridad legal suficiente para derogar lo que la ley establece.

La medida requiere, además, que el INV cese inmediatamente la recaudación de aportes. Los fondos remanentes deben ser transferidos al Instituto como autoridad de aplicación. Sin embargo, también se ordenó a Coviar presentar, en el plazo de tres meses, un informe detallado de cierre con rendición de cuentas completa sobre el uso de recursos y cumplimiento de objetivos. Este requisito sugiere que la administración busca documentar el balance final del plan, probablemente como insumo para futuras argumentaciones en instancias judiciales, en caso de que Coviar demande.

Las implicancias de lo ocurrido trascienden lo meramente administrativo o incluso lo sectorial. Por un lado, para las grandes bodegas, la eliminación de contribuciones obligatorias representa un aligeramiento inmediato de cargas que históricamente reclamaron. Por otro, para sectores de productores más pequeños o cooperativistas, la desaparición de Coviar implica la pérdida de un canal institucional de representación conjunta en espacios donde se negociaban políticas sectoriales con el Estado. El cierre de este organismo redefine los términos en que la industria vitivinícola argentina dialogará con autoridades públicas en adelante. Además, el incómodo vacío legal que se abre —una entidad jurídica que existe pero sin mecanismo de financiamiento definido— podría prolongar la incertidumbre durante meses o años si prospera una disputa judicial. Mientras tanto, iniciativas de promoción internacional, investigación de calidad, y desarrollo estratégico del sector vitivinícola nacional quedarían en suspenso, dependiendo de cómo el INV opte por ejercer su nueva responsabilidad sobre los recursos de Coviar.