Una crisis de dimensiones aún incalculables comienza a asomar en el corazón productivo del país. Mientras el Gobierno Nacional se apresura a garantizar que los suministros energéticos llegarán sin interrupciones a los hogares de la región, el núcleo duro de la producción agroindustrial del Noroeste enfrenta un escenario cada vez más complicado: pagar precios de gas que resultan directamente incomparables con los que abona el resto del territorio nacional. La simultaneidad entre crisis de abastecimiento y disparidades tarifarias extremas ha generado una tormenta perfecta que amenaza con desarticular campañas productivas que representan el sostén de economías provinciales enteras. Lo que ocurre en Tucumán, Salta y Jujuy no es simplemente un problema técnico de distribución: es el reflejo de un desajuste estructural que cuestiona la viabilidad misma de sectores industriales estratégicos.
El abismo tarifario: de cinco a dieciocho dólares por unidad energética
Las cifras que circulan entre los empresarios del norte resultan contundentes en su brutanilidad. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el gas importado se comercializa a tres dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU), en las provincias del Noroeste esa misma cantidad de energía se cotiza a dieciocho dólares. No se trata de una diferencia marginal que pudiera absorberse como parte de costos logísticos o administrativos. La brecha representa una multiplicación por seis que torna económicamente inviable cualquier operación industrial de mediana o gran escala. Para dimensionar la magnitud del problema, basta recordar que hace poco más de un año estos mismos proveedores entregaban gas a precios cercanos a los cinco dólares por la misma unidad. El salto ocurrió en un contexto donde la disponibilidad de recursos energéticos del país no ha mejorado sustancialmente, sino que, por el contrario, la demanda de importaciones se ha incrementado.
La Unión Industrial de Tucumán, organización que agrupa a decenas de productores locales, fue contundente en su caracterización del problema. Jorge Rocchia Ferro, titular de la entidad y empresario de larga trayectoria en la industria azucarera tucumana como fundador del ingenio Los Balcanes, utilizó una expresión que captura el sentimiento de aislamiento y abandono que prevalece en la región: "Nos sentimos unos kelpers". La referencia apunta a la condición de relativo aislamiento que caracterizaba históricamente a las islas británicas en el Atlántico Sur, remota y con dinámicas propias respecto del continente. Para Rocchia Ferro y sus colegas, la sensación es que estaban siendo tratados como territorio distinto, con reglas de juego completamente diferentes. "Alguien está haciendo un gran negocio", agregó, insinuando que la asimetría de precios no era consecencia de fuerzas de mercado descontroladas sino de decisiones deliberadas en el esquema de distribución y comercialización de energía.
Riesgo de paralización en plena temporada alta de cosecha
La coincidencia temporal agrava exponencialmente la crisis. Las bajas temperaturas que azotaron buena parte del territorio nacional durante los meses invernales coincidieron exactamente con el pico de actividad en dos industrias que funcionan con dinámicas estacionales muy definidas: la producción azucarera y la citícola. Ambos sectores requieren gas en cantidades masivas durante períodos acotados del año para procesar las materias primas que llegan de los campos. No es posible desplazar esa demanda a otras épocas; o se procesa la caña cuando está lista o pierde valor, o se industrializa el limón en su momento de madurez o se deteriora la calidad del producto final. Este solapamiento entre crisis energética y temporada crítica de producción es lo que ha generado el estado de alerta en el sector.
Según datos relevados en Tucumán, provincia que concentra el sesenta y dos por ciento de la producción nacional de caña, los cortes en el suministro de gas ya alcanzan el cincuenta por ciento de las plantas procesadoras. La situación se extiende hacia las provincias vecinas: Salta y Jujuy, que en conjunto aportan el restante treinta y ocho por ciento de la caña molida, también enfrentan restricciones severas. Durante la campaña productiva en curso, Tucumán ha molido más de un millón y medio de toneladas de caña bruta, generando alrededor de noventa y dos mil toneladas de azúcar en sus diversas variedades, desde blanco hasta orgánico. En tanto, Jujuy y Salta han procesado aproximadamente doscientas cuarenta y tres mil toneladas de caña que rindieron ciento cuarenta toneladas de producto final. Estos volúmenes, aunque siguen representando una contribución importante a la economía regional, están siendo logrados en condiciones cada vez más adversas.
Las promesas incumplidas y la acusación de negociación privada
En mayo pasado, tras una serie de gestiones del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo que incluyeron reuniones con el ministro de Economía Luis Caputo, la Secretaría de Energía emitió compromisos públicos. Se sostenía que el gas proveniente de la Cuenca Norte del país, que tiene capacidad de entregar dos millones y medio de metros cúbicos diarios, llegaría a los industriales del Noroeste a precios razonables. Aquellos que depositaron esperanza en esos acuerdos esperaban una solución que normalizara la situación. Sin embargo, semanas después esa promesa se evaporó sin dejar rastro. La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino, organización que nuclea a las principales exportadoras de limón tucumano y zonas aledañas, emitió recientemente un comunicado en el que advirtió que el incumplimiento del compromiso estatal pone en riesgo tanto la continuidad de la actual zafra como los planes para la campaña que vendrá en 2026. Según la asociación, el gas disponible a través de la red de distribución local es insuficiente para sostener los procesos de industrialización, y el gas importado a los precios actuales resulta completamente trasladable al valor final de exportación.
Desde el Gobierno Nacional han argumentado que se trata de una negociación entre actores privados, una formulación que desplaza la responsabilidad del Estado hacia los propios empresarios. Sin embargo, esa caracterización olvida o deliberadamente ignora que la energía es un servicio estratégico regulado por el Estado a través de organismos como la Secretaría de Energía y Enargas. Aunque existe un mercado privado en torno a la comercialización de gas, sus reglas fundamentales, acceso y condiciones generales están definidas por decisiones de política pública. El miércoles pasado, la Unión Industrial de Tucumán recibió aseguramientos oficiales de que no habría faltantes de gas para usuarios residenciales. El jueves, Daniel González, secretario de Energía nacional, reiteró esa posición: "Ese tema ya se solucionó", dijo refiriéndose a la cuestión del abastecimiento residencial. Pero quedó implícita la diferencia entre garantizar que las casas tengan calefacción y resolver el problema comercial de quienes necesitan gas para producir.
Impacto en economías que dependen del agro y sus derivados
La vulnerabilidad de Tucumán y provincias vecinas ante fluctuaciones en costos de insumos críticos es una característica estructural de sus economías. A diferencia de regiones con mayor diversificación productiva o capacidad financiera acumulada, el Noroeste depende fuertemente de ciclos agrícolas y de la capacidad de industrializar esa producción primaria. La cadena de valor del azúcar y el limón, que requieren inversiones significativas en maquinaria, infraestructura y capital circulante, opera con márgenes comparativamente ajustados en la competencia global. Un incremento abrupto en costos de energía no es un problema que pueda resolverse simplemente aumentando precios de venta; esos precios están definidos por mercados internacionales donde Argentina compite con otros productores. El resultado es una compresión de márgenes que puede derivar rápidamente en pérdidas operativas.
Rocchia Ferro, hablando en nombre de empresarios de la región, fue explícito: "La industria citrícola no puede pagar estos precios al borde del quebranto y la azucarera, menos". Más allá del lenguaje coloquial, el mensaje es técnicamente preciso. Señaló además que esta situación compromete la competitividad de economías regionales que ya cargaban con déficits de infraestructura heredados de gobiernos anteriores. Es decir: el problema no surge en un vacío. Se acumula sobre vulnerabilidades preexistentes. Los empresarios anticiparon que, sin lograr equidad en las condiciones de abastecimiento energético, deberán implementar suspensiones y paradas parciales de plantas para amortiguar el impacto de los costos insostenibles. Esa decisión, aunque parezca local, tiene implicancias mucho más amplias: desocupación en provincias donde el tejido laboral es frágil, menor recaudación fiscal local, menor movimiento en servicios asociados.
Perspectivas divergentes sobre responsabilidad y soluciones
El escenario que enfrenta el país es complejo y admite múltiples interpretaciones. Desde una óptica estrictamente mercantil, podría argumentarse que los precios altos del gas importado reflejan escasez genuina y que, en tal caso, los compradores tendrían que ajustar sus operaciones a esa realidad. Las industrias del Noroeste, de acuerdo con esta lógica, deberían ser más competitivas o buscar alternativas energéticas. Sin embargo, esa perspectiva pasa por alto que el acceso a energía es un tema de política de Estado, no puramente comercial, y que la distribución de recursos escasos entre regiones es una decisión política implícita en cómo se operan los mercados. Desde otra óptica, se podría sostener que existe una obligación de equidad territorial que demanda que el Estado actúe para nivelar condiciones mínimas de operación entre regiones. Esa interpretación enfatiza el rol redistributivo del Estado y su responsabilidad en garantizar que economías regionales no sean sacrificadas por dinámicas que se definen en lugares distantes.
Lo que ocurra en los próximos meses en el Noroeste argentino no es un asunto marginal de política energética sectorial. Es un indicador sobre cómo se distribuyen los costos de la crisis económica entre territorios, quién carga con el peso de ajustes macroeconómicos, y si existe voluntad de mantener cohesión en un país vasto y heterogéneo. Las empresas citrícolas y azucareras no pueden suspender indefinidamente sus operaciones sin consecuencias. La paralización de plantas industriales, aunque fuera temporal, destruye empleos, reduce ingresos tributarios y debilita sistemas locales que dependen de esa actividad. Si la crisis persiste, podría gatillar un proceso de desinversión donde empresarios y trabajadores opten por reorientar recursos hacia otras regiones o países. Alternativamente, si se logra un acuerdo que normalice los precios del gas para usos industriales en el Noroeste, ello podría funcionar como precedente para pensar en políticas regionales más amplias. El punto de quiebre aún no se ha alcanzado, pero el tiempo para actuar se reduce cada día que pasa.
