La estructura de acuerdos salariales que rige para las trabajadoras del sector doméstico expone una realidad incómoda: los incrementos periódicos que se negocian en las mesas de diálogo no logran frenar el deterioro de los ingresos reales de quienes desempeñan estas tareas. Hace apenas unos días, en una reunión de la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares, se cerró un esquema de alzas mensuales que se extenderá durante cinco meses, pero los números revelan que el ejercicio de aumentar sueldos nominales se ha convertido, paradójicamente, en un mecanismo que apenas sostiene la caída del poder adquisitivo sin revertirla. Lo que ocurre en este sector trasciende lo meramente laboral: expone las limitaciones de las políticas de ingresos cuando enfrentan presiones inflacionarias de magnitud.
El acuerdo establece una arquitectura de incrementos que desciende conforme avanzan los meses. En agosto, los salarios subirán un 1,9%, complementado por una suma extraordinaria que varía según la intensidad horaria de las tareas: $20.000 para quienes trabajan más de dieciséis horas semanales, $11.500 para las que cumplen entre doce y dieciséis horas, y $8.000 para quienes dedican menos de doce horas. A partir de septiembre, el patrón se modifica sustancialmente. El incremento cae a 1,8% y comienza un proceso de incorporación gradual de esa suma no remunerativa al salario básico, comenzando con el 25% del monto. Este movimiento se replica en los meses subsecuentes con variaciones: octubre suma 1,7% con incorporación del 50% de la suma extraordinaria; noviembre registra 1,6% con otro 25% incorporado. La mecánica responde a una lógica administrativa, pero conceptualmente revela una limitación clara: no se trata de un incremento genuino del salario real, sino de la redistribución de ingresos que la trabajadora ya percibía bajo otra modalidad.
El contexto de deterioro acumulado
Para dimensionar realmente lo que significa este acuerdo es necesario retroceder en el tiempo y observar la trayectoria de los salarios en el sector durante los últimos treinta y dos meses. En noviembre de 2023, una empleada de tareas generales con retiro —la categoría numéricamente dominante— percibía $160.791 mensuales o $1.311 la hora. Hacia julio de este año, ese mismo puesto alcanzaba $458.053,22 mensuales, representando $3.733,72 la hora. Matemáticamente, el aumento nominal es de 184,9%. Pero aquí viene lo relevante: durante ese mismo período, la inflación acumulada fue de 328,8%. La brecha entre ambas cifras no es un detalle contable. Significa que la trabajadora del sector, a pesar de haber visto crecer sus ingresos nominales, ha perdido efectivamente aproximadamente un 33% de su capacidad de compra. En términos concretos: puede comprar menos cantidad de alimentos, sus gastos en servicios básicos representan una proporción mayor de su ingreso, y su acceso a bienes duraderos se ha restringido notablemente.
Este deterioro no es una anomalía puntual sino la culminación de un patrón sostenido. Desde febrero hasta julio de este año, la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares ha aprobado incrementos mensuales que oscilaron entre 1,4% y 1,8%: 1,5% en febrero, idéntico en marzo, 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Mientras se negociaban estos aumentos en las mesas de diálogo, la inflación galopaba sin control. En cada una de esas instancias, el acuerdo quedaba superado rápidamente por los precios. Es un juego donde los salarios corren permanentemente atrás, intentando alcanzar un objetivo móvil que se aleja cada mes. La incorporación de sumas no remunerativas también forma parte de esta estrategia: durante los primeros meses del año, los trabajadores recibieron bonificaciones de $20.000, $11.500 y $8.000 según categoría, que se fueron integrando parcialmente al básico en abril y julio. El efecto es una ilusión óptica salarial: la trabajadora ve su recibo con números más altos, pero el valor real de esos números se erosiona día a día.
Dimensiones del sector que amplían la problemática
El sector de trabajadoras domésticas representa un universo de aproximadamente 1,7 millones de personas en todo el país. Lo verdaderamente preocupante es que tres de cada cuatro trabajadoras opera en la informalidad, es decir, sin cobertura de obra social, sin aportes jubilatorios, sin protección ante accidentes o enfermedades. Las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos ubican al personal doméstico con un 78% de empleo no registrado, la tasa más elevada entre todas las actividades económicas. Solo la construcción se aproxima, con un 73,8% de informalidad. Esta característica transforma el problema salarial en algo más grave: no se trata solo de ingresos bajos o en caída, sino de trabajadores que carecen de la red de contención que proporcionan los sistemas de seguridad social. Una empleada doméstica que pierde poder adquisitivo no tiene además la amortiguación de una jubilación garantizada o un seguro de desempleo.
La comparación con otros sectores laborales resulta ilustrativa. Los empleados del sector público nacional han experimentado durante la actual administración gubernamental una caída del salario real casi equivalente a la del sector doméstico. Sin embargo, entre ambos colectivos existe una diferencia sustancial: los empleados públicos mantienen al menos la formalidad, la cobertura de obra social, y una estructura de negociación colectiva más robusta. El sector doméstico, por su parte, opera fundamentalmente en la informalidad, lo que significa que las trabajadoras negocian desde una posición considerablemente más débil. Cuando un acuerdo de la Comisión establece salarios mínimos, estos constituyen apenas el piso legal de lo que podría ser negociado entre empleador y empleada. En teoría, las partes podrían acordar mejores condiciones. En la práctica, la informalidad generalizada y la proliferación de trabajadoras sin acceso a información sobre sus derechos limita significativamente esa posibilidad.
Mirando hacia adelante, los próximos cinco meses presentarán un escenario donde los incrementos acordados continuarán siendo insuficientes si la inflación mantiene los ritmos observados recientemente. Los aumentos decrecientes —comenzando en 1,9% y descendiendo progresivamente— sugieren una negociación donde las partes asumen que el margen de mejora es cada vez más estrecho. La pregunta que emerge es si este modelo de ajustes mensuales puede sostenerse o si las trabajadoras domésticas experimentarán una profundización adicional de sus pérdidas salariales. Algunos analistas argumentan que la formalización del sector es necesaria para mejorar las condiciones de negociación; otros señalan que el problema radica en la política macroeconómica general que genera la inflación. Lo cierto es que 1,7 millones de trabajadores, en su mayoría mujeres, continúan perdiendo capacidad de compra mes a mes, mientras los acuerdos se suceden sin revertir la tendencia estructural.
