La fractura económica que atraviesa a la sociedad argentina se profundiza con velocidad alarmante. Mientras el 10% de la población con mayores ingresos concentra ganancias que superan quince veces lo que perciben quienes están en la base de la pirámide de distribución, el panorama para el resto de los trabajadores y jubilados se oscurece trimestre a trimestre. Los números que acaba de divulgar el Instituto Nacional de Estadística y Censos pintan un cuadro de deterioro sostenido en la equidad de ingresos, con implicancias que van más allá de los guarismos: reflejan la capacidad real de las personas para cubrir necesidades básicas y proyectar un futuro.
El indicador más elocuente de esta transformación es el Coeficiente de Gini, que alcanzó 0,442 en el primer trimestre de 2026, escalando desde 0,427 en el trimestre previo y 0,435 doce meses antes. Para dimensionar la gravedad: este es el peor registro desde el primer trimestre de 2024, período inmediatamente posterior a la devaluación que marcó el inicio de una nueva administración federal. Este índice, que oscila entre cero (igualdad perfecta) y uno (concentración total en pocas manos), funciona como brújula de la salud distributiva de un país. Su suba sostenida evidencia que la torta económica no se reparte de manera más equitativa, sino todo lo contrario: se concentra cada vez más en los estratos superiores. A diferencia de otras mediciones que solo comparan extremos, este coeficiente captura el comportamiento de toda la población, ofreciendo un retrato más fiel de lo que sucede en la sociedad.
El crecimiento es solo para algunos
Aquí radica una paradoja crucial: aunque los ingresos nominales del conjunto de la población aumentaron 35,6% en el período trimestral respecto a igual momento del año anterior, esta cifra global oculta dinámicas profundamente desiguales. No todos ganaron lo mismo. Mientras la inflación acumulada durante estos doce meses fue significativa, solo dos de los diez segmentos en que se divide la población (los más pobres) y el decil superior lograron ingresos reales mayores al año pasado. Los ocho segmentos intermedios, donde viven millones de trabajadores de clase media, retrocedieron en términos de poder adquisitivo. Es decir: ganaron nominalmente, pero perdieron frente a los precios.
El sector de trabajadores formales registró un incremento de 2,4% en ingresos reales, una cifra que podría parecer positiva si no fuera porque ese crecimiento es marginal comparado con el costo de la vida. Los empleados informales mostraron un desempeño mejor con 14%, pero esta mejora no alcanza a compensar la precariedad estructural de un empleo sin beneficios ni protección. En contraste, quienes no dependen de un salario —rentistas, inversores, propietarios de negocios— experimentaron una contracción de 2,3% en sus ingresos reales. Sin embargo, para estos últimos, la caída es relativa: sus bases de ingresos suelen ser más amplias y diversificadas, incluyendo rentas financieras que se multiplicaron durante el período bajo análisis.
Lo que queda después de pagar lo esencial
Un análisis más desgarrador emerge cuando se examina qué sucede con los sueldos una vez deducidos los gastos fijos. Alquiler, servicios (agua, luz, gas), prepagas de salud, conexión a internet y transporte son obligaciones que no pueden postergarse. En abril, después de estos desembolsos ineludibles, los ingresos disponibles crecieron apenas 0,8% respecto al mes anterior. Pero en perspectiva anual, están 1% por debajo de abril de 2025. Aún más revelador: permanecen 14,5% debajo del promedio vigente entre enero y septiembre de 2023, antes de que se iniciara un nuevo ciclo de políticas económicas. Esto significa que un trabajador que hoy alquila una vivienda, paga servicios e intenta usar transporte público tiene menos dinero disponible para alimentarse, educarse o ahorrar que hace tres años.
Los jubilados enfrentan un escenario particularmente crítico. Quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima vieron retroceder sus ingresos 0,2% en abril, un retroceso modesto pero inexorable. Los jubilados con prestación mínima, el segmento más vulnerable del sistema previsional, sufrieron una caída de 0,7% mensual y acumulan una pérdida de 9,2% en términos interanuales. Los empleados del sector público, por su parte, experimentaron una reducción de 1,1% mensual y de 6,6% anual. Estas cifras traducen cotidianamente en decisiones difíciles: cuándo dejar de comprar medicamentos, cuándo reducir la cantidad de comidas, cuándo abandonar tratamientos médicos.
El crecimiento de la informalidad laboral constituye un telón de fondo que explica parcialmente esta expansión de la desigualdad. En una economía donde cada vez más trabajadores operan sin contrato, sin aportes previsionales y sin protección legal, la vulnerabilidad se multiplica. Estos trabajadores dependen de ingresos volátiles, carecen de aguinaldo y acceso a coberturas de salud a través del empleo. Paralelamente, los segmentos de mayor patrimonio se beneficiaron de inversiones en instrumentos financieros cuyos rendimientos acelerados caracterizaron el período. La combinación de estos dos fenómenos —informalización hacia abajo, financiarización hacia arriba— es la receta química de la desigualdad acelerada.
Hacia dónde apunta la brújula
Los analistas económicos coinciden en señalar que el escenario próximo probablemente agudice estas tensiones. Un mercado laboral fragmentado, donde ciertos sectores crecen mientras otros se contraen, tiende a generar flujos de ingresos cada vez más dispares. El incremento documentado de la informalidad actúa como lubricante de esta divergencia. Simultáneamente, los reajustes en programas de asistencia social, implementados para sostener el equilibrio de las cuentas fiscales, restan ingresos a los hogares más vulnerables. Los salarios, en tanto, cumplen una función de ancla nominal en la estrategia anti-inflacionaria, lo que limita su capacidad de recuperación en términos reales. Bajo este combo de presiones, los indicadores que miden desigualdad deberían continuar deteriorándose en los próximos trimestres, a menos que cambios significativos en la política económica alteren el curso actual.
Este panorama plantea dilemas sustantivos para el mediano plazo. Una sociedad con elevados niveles de desigualdad enfrenta desafíos en términos de cohesión social, estabilidad política y oportunidades de movilidad intergeneracional. Simultáneamente, opciones de política pública orientadas a redistribución del ingreso generan sus propias tensiones: pueden afectar incentivos de inversión o competitividad económica, según argumentan algunos analistas. La disyuntiva no es nueva en la historia económica argentina, pero su urgencia se renueva cada trimestre que pasa sin reversión.
