La caída de precios que actualmente celebra el Gobierno encuentra su explicación más profunda en un fenómeno que los economistas observan con preocupación: el achicamiento de la actividad productiva nacional. Un análisis difundido por consultores privados esta semana evidencia que la desaceleración inflacionaria no es producto de una recuperación robusta, sino de todo lo contrario. La contracción del consumo y la debilidad generalizada en las plantas industriales están funcionando como los principales mecanismos detrás de esta moderación de precios que las autoridades presentan como un logro de gestión.
Lo que emerge de estos estudios técnicos es un cuadro económico complejo, donde la inflación cede no porque la economía esté ganando en eficiencia o productividad, sino porque hay menos demanda presionando sobre los bienes y servicios. Cuando menos gente consume y menos empresas producen a ritmo completo, los precios naturalmente tienden a estabilizarse. Este mecanismo de deflación por contracción es radicalmente diferente de una baja de precios sostenida por mejoras en la oferta o en la competitividad. Los datos apuntan a que el sector industrial y la construcción están experimentando un debilitamiento significativo, con consecuencias que trascienden lo meramente estadístico.
La paradoja del alivio inflacionario
Durante meses, los comunicados oficiales han destacado mes a mes la disminución de la inflación acumulada como evidencia del éxito de las medidas implementadas. Sin embargo, los diagnósticos de consultoras especializadas en análisis macroeconómico revelan una realidad menos favorable de lo que sugieren los titulares. La estabilización de precios que se percibe en las góndolas y en los tickets de supermercado emerge de un proceso de enfriamiento de la economía real, no de dinamismo productivo. Esto genera un dilema para los formuladores de política económica: ¿celebrar una inflación menor que es consecuencia de recesión, o reconocer que el costo social de esa moderación incluye desempleo, subutilización de capacidad instalada y menor consumo de las familias?
Los indicadores de desempeño del sector industrial pintan un panorama de contención forzada. Las plantas fabriles operan por debajo de su capacidad potencial, lo que explica por qué hay menos presión de costos de producción y, consecuentemente, menos justificación para incrementos de precios. La construcción, sector históricamente sensible a las fluctuaciones macroeconómicas y empleador de decenas de miles de trabajadores directos e indirectos, también muestra señales de ralentización. Menos proyectos inmobiliarios en marcha, menor demanda de materiales, reducción de puestos de trabajo en obras. Todo esto se traduce en un círculo económico en contracción: menos actividad genera menos ingresos, y menos ingresos generan menos consumo.
Las sombras sobre el horizonte de crecimiento
Más preocupante aún para el futuro inmediato es lo que los analistas proyectan respecto del crecimiento del Producto Bruto Interno en los años próximos. Las estimaciones están siendo revisadas a la baja por diversas consultoras, señal de que la comunidad de economistas e investigadores no anticipa un rebote significativo de la actividad. Esta perspectiva menos optimista contrasta con los anuncios de recuperación que ocasionalmente escuchan los ciudadanos desde diferentes espacios políticos. Lo que los números sugieren es que la economía argentina seguirá operando a ritmo lento, al menos en el corto plazo. Sin crecimiento robusto del PBI, es difícil financiar mejoras en servicios públicos, crear nuevos empleos formales o expandir la inversión privada.
La dinámica que describe el análisis técnico que circuló esta semana no es nueva en la historia económica argentina. En ciclos anteriores, también se han experimentado períodos donde la inflación cedía como síntoma de crisis de demanda más que de estabilidad real. Los años de 1995 a 2001, por ejemplo, vieron períodos de deflación o inflación muy baja durante la vigencia de la convertibilidad, pero eso no impidió el deterioro económico posterior. El desempleo se mantuvo elevado durante esos años, la capacidad ociosa industrial fue importante, y los ingresos reales de la población se comprimieron. La lección histórica es que precios bajos no necesariamente significan prosperidad.
Lo que emerge de estos diagnósticos es que la política económica enfrenta un trade-off difícil de resolver: lograr inflación baja mediante la contracción de la demanda es relativamente sencillo, pero genera costos sociales y económicos que se acumulan. Las plantas fabriles que reducen producción durante años, eventualmente pueden cerrar. Los trabajadores que pierden empleos en la construcción migran a actividades informales o abandonan el país. Las pequeñas y medianas empresas que ven caer sus ventas pueden quebrar. Y una vez que estas dinámicas se consolidan, revertirlas requiere no solo políticas diferentes, sino también tiempo y recursos significativos.
Los efectos de esta trayectoria económica seguirán desplegándose en los próximos trimestres y años. Si la actividad industrial y de la construcción continúa debilitándose, la inflación podría seguir moderándose, pero el desempleo probablemente se mantenga elevado o crezca. Las proyecciones de crecimiento más bajas significan menor recaudación tributaria, lo que a su vez limita la capacidad de inversión pública en infraestructura. Sin inversión en infraestructura, la productividad del país tiende a rezagarse. Sin productividad, la competitividad internacional se erosiona. Este encadenamiento de consecuencias sugiere que las decisiones de política económica del presente tendrán implicancias que se extenderán más allá de los ciclos electorales inmediatos, con diferentes impactos según el sector de la economía y el segmento social de que se trate.
