Hace exactamente dos décadas, un presidente argentino escuchó una frase brutal en Madrid. Empresarios españoles, molestos por las decisiones sobre congelamiento de tarifas, le espetaron palabras que resumían su malestar en tres palabras hirientes. Pero el trasfondo de aquella tensión diplomática revela una verdad incómoda que resurge hoy con renovada intensidad: la economía argentina sufre menos por el nivel de la moneda que por las políticas que la rodean. En 2024 y lo que va de 2025, esa ecuación se repite, aunque con actores diferentes y mecanismos más complejos. El dólar a 1.530 pesos no es el principal enemigo de la competitividad local. El enemigo real tiene otro nombre: la apertura comercial sin restricciones combinada con una oleada de productos chinos que están redibujando el mapa económico y laboral del país.

La estrategia económica actual se construyó sobre dos pilares que funcionan simultáneamente: bajar impuestos, reducir aranceles y abrir las compuertas para las importaciones, mientras se intenta estabilizar los precios internos mediante la contención de tasas de interés. Es una ecuación de riesgo calculado que, según especialistas, genera turbulencias en múltiples planos. El objetivo declarado es llegar a las elecciones de 2027 sin sobresaltos cambiarios. Para lograrlo, se enchufó la economía a un voltaje muy elevado: doble shock de desregulación e intentos de estabilización ejecutados al mismo tiempo. El resultado no es el que los formuladores de política esperaban. Lo que se observa es un tejido económico que cruje desde adentro, generando disrupciones en los hogares, en las empresas medianas y pequeñas, y en la geometría política del país.

El factor China: competencia sin precedentes

Durante dos décadas, la manufactura china se expandió de manera predecible. Primero inundó mercados con artículos de bajo valor agregado, productos que no se encontraban en la frontera de la innovación tecnológica. Eran bienes que los países ricos no fabricaban o no querían fabricar. Hoy, ese panorama cambió radicalmente. Las fábricas chinas producen desde baratijas hasta vehículos eléctricos, desde ropa hasta electrodomésticos de gama media y alta. Un economista que trabaja desde hace años siguiendo este fenómeno a nivel global señala que en Estados Unidos e Europa este cambio estructural no solo impacta en bolsas de valores o tasas de desempleo. Impacta en política. Modifica los candidatos que emergen, los resultados electorales, porque afecta a sectores que financiaron históricamente el Estado de Bienestar europeo y sustentaron décadas de crecimiento en Norteamérica.

¿Qué sucede en Argentina con esta ofensiva comercial? El interrogante permanece parcialmente abierto, pero las evidencias se multiplican. En los galpones del Conurbano bonaerense y en las vitrinas de concesionarios ubicados en barrios de poder adquisitivo elevado, los productos chinos son omnipresentes. El comercio electrónico y los servicios postales canalizaron el año pasado volúmenes de importación que equivalen aproximadamente al 40% de lo que se vende en indumentaria, electrónica, decoración y juguetes en los más de 70 centros comerciales del país. En 2024, esa proporción no superaba el 10%. El salto es vertiginoso. Las importaciones de ropa, calzado y electrodomésticos se ubicaron en máximos históricos recientes. Estas importaciones baratas ayudan a moderar la inflación y mejoran el acceso de los consumidores a productos. Una familia de ingresos medios puede acceder hoy a un electrodoméstico con un esfuerzo que es 54,3% inferior al que debería hacer en noviembre de 2023. La ropa es 36,8% más accesible que hace poco más de un año.

El costo laboral de la apertura sin límites

Pero existe un reverso en esta medalla. Los datos sobre capacidad instalada en la industria textil pintan un cuadro de contracción acelerada. Durante la administración anterior, la utilización de la capacidad productiva textil alcanzaba el 60%. Cuando asumió el gobierno actual, ese número se desplomó a 42%. La diferencia representa aproximadamente 28.100 puestos de trabajo eliminados según consultoras especializadas en análisis de empleo. El grueso de esos trabajadores son mujeres dedicadas a la confección informal, ahora volcadas en ferias ambulantes esparcidas por diversos puntos del Conurbano. La informalidad crece en un territorio donde los grandes supermercados ven cómo su competitividad se erosiona frente a estos canales alternativos de comercialización. Algunas cadenas de distribución estudian el cierre de sucursales porque estos mercados paralelos están canibalizando sus ventas de forma acelerada.

El fenómeno tiene múltiples capas. Por un lado, los trabajadores informales han visto aumentar sus ingresos en dólares más aceleradamente que los asalariados registrados en años recientes. Esto le permite acceder más fácilmente a productos importados baratos. El acceso democrático al consumo es, en cierto sentido, una consecuencia positiva de la apertura. Pero simultáneamente, la destrucción de empleo formal en rubros como textiles, calzado y electrónica de consumo genera un desplazamiento de trabajadores hacia la informalidad, lo cual perpetúa ciclos de precariedad. El analista que releva estas cifras subraya que el impacto de la apertura va más allá del tipo de cambio. Aunque una moneda fuerte en dólares ayude a mejorar los ingresos en divisas, la desregulación comercial produce efectos estructurales que no se revierten con política cambiaria.

La inflación como montaña rusa sin brújula

El segundo componente de esta estrategia económica es la estabilización de precios. Durante 2024 y lo que transcurre de 2025, la desinflación progresó más lentamente que en períodos anteriores. El dilema que enfrenta el equipo económico es cómo reducir la inflación anual del 30% hacia el 20% sin recurrir a tasas de interés que castren la actividad, sin fijar el dólar (algo que parece cada vez más costoso políticamente considerando que ya superó el techo de los 1.500 pesos hace poco), y sin comprometer la inversión en obra pública cuando 2027 marca el calendario electoral. Un ex funcionario que ocupó ministerios económicos durante gobiernos anteriores sugiere que hace falta algún tipo de ancla nominal para continuar el proceso desinflacionario. Su propuesta es controversial pero pragmática: anunciar un objetivo de inflación para 2027 ayudaría a toda la estructura del Gobierno. No necesariamente fijar metas para el corto plazo, sino comunicar hacia dónde se pretende dirigir la economía. Ello generaría expectativas más ordenadas entre empresas y asalariados.

El presupuesto de 2027 podría ser la oportunidad para hacer esto, siempre que el Gobierno no insista con la meta del 10% que utilizó el año pasado y que resultó carente de credibilidad. Una meta más realista y comunicada anticipadamente podría reducir la incertidumbre y facilitar decisiones de inversión y consumo. Sin embargo, las contracciones se sienten cada vez más profundas en determinados sectores. Los espasmos que atraviesa el tejido productivo dan cuenta de que algo está por venir, un proceso de ajuste que el titular de Hacienda intenta aliviar incentivando la toma de créditos hipotecarios y buscando reactivar el mercado de viviendas como válvula de escape para la demanda.

Los desafíos económicos que enfrenta Argentina en este momento no responden a un único factor. El nivel del tipo de cambio es apenas uno de los múltiples nudos problemáticos. La desregulación comercial, la competencia global asiática, el deterioro del empleo formal en sectores tradicionales, la expansión de la informalidad y la necesidad de anclas nominales más creíbles forman parte de un tejido complejo donde cada variable interactúa con las demás. Las opciones políticas disponibles para los próximos meses determinarán si este proceso de apertura genera beneficios netos a largo plazo o si profundiza las fracturas sociales y territoriales. Mientras algunos sectores acceden a productos importados a precios sin precedentes, otros pierden empleos sin alternativas claras de reconversión. La pregunta que subyace a esta coyuntura es cómo construir un modelo donde la ganancia en eficiencia y acceso al consumo no se edifique sobre la expulsión laboral de amplios segmentos de la población.