Una pregunta circula con creciente intensidad en los pasillos financieros, académicos y en las conversaciones de calle: ¿cuál es el próximo movimiento de un gobierno que deliberadamente decidió atarse las manos? La respuesta no es sencilla, porque precisamente la inmovilidad estratégica se ha convertido en la marca distintiva de esta administración. Mientras el Ejecutivo nacional exhibe sus logros en materia de inflación y reservas internacionales, algo más profundo ocurre bajo la superficie: la economía argentina navega sin brújula clara, cuestionada no tanto por lo que hace sino por la incertidumbre que genera respecto de lo que podría dejar de hacerse después de 2027. Este fenómeno tiene nombre en la teoría económica desde hace casi un siglo, y curiosamente representa la vulnerabilidad más evidente del modelo actual.
Cuando la duda sobre el futuro política se traduce en volatilidad de mercados
Los indicadores que miden la percepción del riesgo financiero cuentan una historia diferente a la que proclaman los funcionarios. El índice que elabora JP Morgan para evaluar cuán riesgoso resulta invertir en el país se mantiene obstinadamente elevado, oscilando más cerca de la línea de los 500 puntos básicos que de los 400. Hace apenas semanas parecía posible perforar esa barrera hacia abajo, particularmente después de que el Gobierno presentara su programa financiero y recibiera la visita oficial de la directora del Fondo Monetario Internacional. Incluso la compra de dólares para fortalecer las reservas parecía inclinar la balanza hacia un escenario más favorable. Sin embargo, los mercados no celebran como se esperaría. Existe una lógica detrás de esta aparente contradicción que trasciende los números.
La brecha entre lo que hace el Gobierno y cómo reacciona el mercado refleja una preocupación fundamental: ¿continuará siendo esta la política económica si en las próximas elecciones generales cambia la composición política del poder ejecutivo? La calificadora de riesgo Moody's señaló recientemente que la sociedad argentina demostraba creciente adhesión a los ajustes fiscales y apoyo político ampliado hacia la estabilidad macroeconómica. Pero los sondeos de expectativas cuentan otra historia. Las mediciones realizadas por la Universidad Di Tella registraron una caída de casi 5 puntos en las expectativas sobre la evolución de la economía para los próximos doce meses. Los ciudadanos comunes, aquellos cuyas decisiones de consumo e inversión motorean el 70% del producto bruto, no están tan convencidos como sugieren los comunicados oficiales.
La nave navega sin tripulación activa, solo con lastre de convicciones
Existe una deliberación consciente en esta estrategia de inmovilidad. El Jefe de Gabinete carece de fondos para iniciativas de envergadura. El portavoz presidencial rechazó explícitamente cualquier programa de asistencia a deudores morosos. El ministro de Economía no ha realizado las colocaciones de deuda que muchos analistas recomendaban como mecanismo para inyectar demanda. El titular del banco emisor observa la evolución del tipo de cambio sin intervenir, a pesar de argumentos técnicos que sugieren que elevar el dólar hacia la zona de $ 1.600 podría estimular la actividad, considerando que la población argentina mantiene porcentajes significativos de su riqueza en divisas. Tampoco se han reducido los encajes bancarios, una herramienta tradicional para expandir la oferta crediticia.
Esta postura responde a una cosmovisión económica particular. Quien conduce el país reduce toda decisión de ahorro e inversión, tanto de individuos como de empresas, a parámetros meramente técnicos y mecánicos. Paralelamente, desde la perspectiva política, interpreta la planificación estatal como una restricción sobre la libertad de las personas. Para esta administración, la moralidad económica reside en proporcionar a cada ciudadano el espacio para decidir sus acciones, asumir las consecuencias de ellas y soportar sus restricciones sin interferencia burocrática. Se trata de una filosofía que tiene raíces en pensadores del siglo pasado, particularmente en las corrientes austriacas de pensamiento económico. La diferencia fundamental es que mientras algunos críticos se alinean con otro economista influyente de hace cien años, esta administración se ancla en conviciones que limitan deliberadamente su capacidad de maniobra.
Un economista consultado sobre las alternativas disponibles para evitar que la nave siga dependiendo de los vientos exteriores mencionó una herramienta que casi no aparece en los debates públicos: el uso de los fondos de seguridad social administrados por la ANSeS, o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para financiar obra pública o expandir el crédito hipotecario. Según su análisis, esta opción no generaría presiones fiscales ni requeriría emisión monetaria, pero el Gobierno por razones que permanecen poco claras no avanza en desbloquearla. Otra vía mencionada es profundizar la desregulación. Empresarios vinculados a sectores exportadores han expresado que la legislación vigente en materia de propiedad de tierra limita sus planes de inversión, particularmente considerando que capital extranjero aguarda oportunidades de inversión en zonas productivas.
Debajo de la calma aparente, turbulencias sin resolver
El mayor peligro que enfrenta esta estrategia de largo plazo es que distorsiones existentes bajo la superficie puedan aflorar con mayor visibilidad. Un análisis económico reciente calculó que el salario real de las personas, tras descontar gastos fijos como servicios e impuestos, cayó 9,7% entre noviembre de 2023 y mayo de este año. La cifra trepa hasta casi 18% si se aplican metodologías alternativas de cálculo de inflación, considerando actualizaciones de canastas de consumo de años anteriores. Cuando el consumo interno explica siete de cada diez pesos de actividad económica, y las exportaciones —el rubro de mayor crecimiento— generan aportaciones mínimas en términos de generación de empleo, la vulnerabilidad del modelo se vuelve evidente.
Los datos de actividad económica correspondientes a julio mantienen un panorama mixto, sin cristalizar hacia ninguna dirección clara. Economistas que han analizado ciclos electorales anteriores señalan un patrón relevante: en 2011, cuando una administración enfrentaba su año previo al escrutinio, el salario real subió y la reelección se concretó; en 2019, el salario real descendió y la continuidad gobernante no se produjo. La variable determinante resultó siendo la evolución del poder de compra real de los trabajadores. El Gobierno actual transita ese período crítico—el año anterior al voto—con salarios en retracción y sin instrumentos de expansión disponibles en su caja de herramientas política.
Perspectivas abiertas: tres escenarios posibles
Distintos analistas ofrecen lecturas variadas sobre cómo evolucionará esta situación. Algunos sostienen que si el escenario económico no mejora sustancialmente en los próximos meses, la incertidumbre sobre la reelección se intensificará, complicando aún más la posición del Gobierno. El cambio de expectativas de mercados resultaría más pronunciado si la percepción sobre la continuidad del proyecto se deteriora. Otros sugieren que la clave estará en que ciudadanos de a pie comiencen a experimentar mejoras tangibles en su capacidad de compra y acceso a servicios, independientemente de los logros macroeconómicos que se comuniquen desde canales oficiales. Un tercer grupo señala que la inflación controlada en torno al 2% mensual —una reducción dramática respecto de los dos dígitos mensuales de períodos anteriores— constituye un logro de envergadura que podría revertir las percepciones negativas si se mantiene en el tiempo. Lo que permanece incuestionable es que la economía argentina continúa navegando aguas turbulentas, atada a convicciones que sus conductores no modificarán, sin certeza sobre si esas convicciones serán las que gobiernen el país en los años venideros.
