El tablero político nacional enfrenta una bifurcación de dimensiones considerables. Mientras la administración oficial dedica energías a disputas que poco transforman en su capacidad de gobierno, los mandatarios provinciales avanzan sin apuro en un plan que podría reconfigurar completamente el mapa electoral de 2025. Se trata de un fenómeno que revela no tanto un choque de visiones programáticas, sino una desconexión profunda entre lo que ocurre en Buenos Aires y lo que sucede en los territorios. El colapso legislativo que mantiene congelada la iniciativa para derogar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias expone una fragilidad estructural: un gobierno que carece de partido propio, que no dispone de cuadros políticos enraizados en los distritos y que depende enteramente de estructuras prestadas de otros tiempos.
La trampa de las prioridades falsas
Existe en política una distinción clásica entre dos tipos de conflictos. Unos son los que definen arquitecturas institucionales, aquellos que alteran los cimientos de cómo funcionan los sistemas de poder. Otros son meramente cosméticos, disputas por la prevalencia simbólica que poco modifican en la realidad material. La puja que consume al oficialismo en torno a la permanencia o salida del portavoz representa cabalmente este segundo tipo. Ya sea que el funcionario continúe en su cargo o sea reemplazado, la ecuación fundamental del gobierno no se modifica ni un ápice. No recuperaría capacidad legislativa. No ganaría respaldo provincial. No se multiplicaría su base de sustentación electoral. Sin embargo, absorbe discusiones, filtraciones, negociaciones internas que debilitan la coordinación para avanzar en temas que sí importan estratégicamente.
Cuando desde la Casa Rosada se solicita apoyo legislativo a los gobernadores para avanzar con la reforma electoral, la respuesta que regresa desde las provincias es tajante y previa: no habrá concesiones electorales mientras el gobierno mantuviera la intención de intervenir territorialmente en 2025, tal como ocurrió en los comicios de este año. Es decir, los mandatarios regionales establecen una condición de intercambio que funciona prácticamente como un ultimátum. Los acompañaremos en lo nacional si nos garantizan que en nuestras provincias nos dejan en paz. Esta postura no es expresión de capricho sino de supervivencia política. Varias administraciones regionales ya experimentaron las consecuencias de una Casa Rosada que jugaba en ambos frentes, buscando simultáneamente fortalecer su propia estructura electoral mientras intentaba debilitar la del gobernador provincial.
El plan alternativo que no espera permiso
Frente a esta situación, la mayoría de los gobernadores ha comenzado a circular una propuesta que cambia radicalmente las reglas del juego. La iniciativa contempla la concentración de todas las elecciones provinciales en una única fecha, generando un proceso de desacople respecto de la competencia presidencial nacional. La intención es clara: si las provincias votan el mismo día entre sí, pero en una jornada diferenciada de la elección presidencial, cada gobernador podría negociar su apoyo nacional de manera individual y selectiva, sin verse arrastrado por el movimiento de la competencia por la Casa de Gobierno. Provincias con restricciones constitucionales sobre fechas electorales podrían eventualmente quedar fuera de este acuerdo, aunque la expectativa es que casi todas adhieran al esquema.
Este mecanismo opera como un contrato prenupcial en la política provincial. Cada cual se juega por las suyas. Los gobernadores no renuncian a apoyar al gobierno nacional en ciertos temas, pero lo hacen desde una posición de autonomía relativa respecto del resultado de su propia contienda. Es una estrategia que aprovecha la debilidad del oficialismo para extraer garantías que de otra forma nunca conseguirían. No es confrontación directa. Es simplemente el establecimiento de límites basados en la realidad de que el gobierno carece de herramientas coercitivas sobre los territorios. Tampoco es que el gobierno pueda evitar este movimiento. Los gobernadores tienen las estructuras, el dinero, los aparatos. El oficialismo, en cambio, sigue dependiendo de estructuras heredadas de gobiernos anteriores, principalmente la maquinaria que dejó Cambiemos.
El enigma de las PASO: entre la convicción y la tactáctica
El proyecto de eliminación de las PASO permanece congelado en el marasmo legislativo, y los motivos trascienden las complejidades parlamentarias. La verdad incómoda es que el gobierno genuinamente ignora si le conviene mantener o abolir el sistema. Las PASO son un mecanismo de selección interna que permite que los candidatos emerjan del voto de los ciudadanos afiliados, generando un piso de legitimidad democrática. Para un gobierno que no tiene partido, que no posee candidatos propios emergentes de una estructura de base, que no cuenta con programas definidos, la utilidad de las PASO resulta abstracta. ¿Qué PASO podría realizar una fuerza que carece de estructura partidaria propia?
Lo que sí le interesa es quitarle herramientas a la oposición. La consigna de derogar el sistema responde a una lógica defensiva: si se elimina este mecanismo, se desfinancia a los adversarios, se reduce su capacidad de estructuración interna, se les complica la tarea de presentar candidatos alternativos. No es una política electoral pensada en clave de qué favorece al oficialismo, sino de qué daña menos a la oposición. Responde a la pregunta equivocada. Esta postura ha generado reacciones dentro del radicalismo, donde un sector gravitante pidió explícitamente que el Comité Nacional se pronunciara a favor de mantener las PASO. Siete figuras prominentes —Jesús Rodríguez, Mario Negri, Ernesto Sanz, Adolfo Stubrin, Facundo Suárez Lastra, Walter Cevallos y Lilia Puig— firmaron una carta argumentando que el sistema es "herramienta indispensable para la construcción y sostenimiento democrático de coaliciones políticas", ya que permite que candidatos emerjan de la voluntad ciudadana y que se premie con viabilidad electoral a las fuerzas que logren trasuntar ese aval popular.
La moción alcanzó más de mil firmas de afiliados radicales en cuestión de días. Es un indicativo de que en la sociedad política existe consciencia de que desmontar este mecanismo representa un paso regresivo. Simultáneamente, el gobierno ha comenzado a flirtear con la idea de resucitar las viejas "colectoras", un sistema que permitía a un candidato presidencial presentarse sostenido por múltiples listas legislativas simultáneas. Este mecanismo, cercano a la ley de lemas que funcionó durante décadas en Uruguay y fue considerado un vehículo de manipulación electoral, fue específicamente prohibido en 2019 mediante un decreto que suscribió Mauricio Macri. Varios pronunciamientos de la Cámara Nacional Electoral reforzaron esa prohibición. Ahora, el oficialismo especula con la posibilidad de reabrirlo mediante otro decreto, sin necesidad de reforma legislativa.
La Rioja: cuando la ambición nacional choca con el tablero provincial
Un caso concreto ilumina estas tensiones de manera claroscura. En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela no tiene posibilidad de reelección, lo que abre una sucesión que genera turbulencias en la élite peronista provincial. Tres mujeres compiten por la candidatura: Gabriela Pedrali, esposa de Quintela y diputada nacional; Teresita Madera, la vicegobernadora; y Florencia López, senadora nacional. Quintela y su círculo íntimo quieren implementar el sistema de lemas para sumar votos ajenos. López, en cambio, apuesta por las PASO provinciales, considerando que es un mecanismo donde se gana o se pierde directamente. Lo interesante es que especulativamente se vincula esto a las aspiraciones nacionales de Quintela, que podrían estar canalizadas a través de López en el escenario de una política nacional peronista donde el gobernador busca gravitación.
Otros actores también movilizan fichas. Wado de Pedro, por su rol como organizador de encuentros de relevancia política, incluyendo la reciente visita de obispos a la Cámara de Senadores, tiene presencia en estas tramas. Su vinculación con Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, le proporciona canales de influencia. Martín Menem, por su parte, busca disputar la gobernación desde lo que él denomina un retro menemismo transversal dentro de La Libertad Avanza. En esta batalla convergen ambiciones personales, cálculos de poder provincial y especulaciones sobre cómo ello impacta en el tablero nacional. La Rioja es solo un ejemplar ampliado de dinámicas que se repiten en distintos grados en muchos territorios.
La Iglesia entra en escena cuando el Papa se aproxima
Mientras estos movimientos se despliegan en segundo plano, ocurrió una irrupción de factor que modifica la dinámica legislativa. La confirmación de que el Papa realizará una gira que incluye Argentina, Perú y Uruguay ha energizado la actuación de la Iglesia católica en el Senado. Los obispos aparecieron el miércoles en la Cámara Alta para cuestionar específicamente el capítulo de "Tierras" del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad. La iniciativa se encuentra desde hace semanas con dictamen de mayoría y está agendada para el 25 de junio.
El argumento central de la Iglesia es contundente: la desregulación propuesta atenta contra la soberanía y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Eliminaría las restricciones vigentes que limitan la compra de tierras a extranjeros en 15% del territorio nacional, abriendo la posibilidad de acceso ilimitado a propiedades vinculadas a reservas de agua y otros bienes naturales. Los obispos citan la doctrina de Juan Pablo II, declarando que no es conforme con el designio divino usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan solo a unos pocos. Es doctrina de un Papa santo, no opinión periodística.
En el otro rincón del anillo, el gobierno se ampara en una calificación desfavorable que recibe Argentina en los rankings de libertades económicas de la Heritage Foundation, un think tank estadounidense que se autodefine como conservador y de derecha, responsable de plataformas como Project 2025, la propuesta programática para el segundo mandato de Donald Trump. Dado que este gobierno carece de partido, programa y funcionarios propios, tiende a adoptar plataformas ajenas y hacerlas propias, tal como ya hizo con la agenda de Cambiemos. La incorporación de la propuesta de Heritage Foundation responde a esa lógica de asimilación acrítica de agendas externas.
La Heritage Foundation es responsable de ideas que han tenido consecuencias globales significativas: la salida de Estados Unidos de organizaciones internacionales, el recorte de un 42% en la ayuda humanitaria mundial de USAID. Una conciliación entre las posiciones de la Iglesia y el programa de Trump resulta difícil por su nivel de confrontación. Sin embargo, la Iglesia ya logró un antecedente de peso. Hace poco tiempo, monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata, realizó una gestión por el Senado que condujo a que el gobierno retirara una iniciativa que prácticamente abolía las bases del programa de Ley de Villas, obra política crucial del papado de Jorge Bergoglio, que se convirtió en ley durante la gestión de Mauricio Macri.
El Senado como cancha con ventaja local
El Senado se ha consolidado como el campo de batalla fundamental de la política nacional. El gobierno juega allí de visitante y acumula derrotas. Aunque aumentó su representación en las últimas elecciones, cuando intenta extraer normas de carácter controvertido, la institución le hace sufrir la desventaja de jugar fuera. La última paliza fue el intento de rechazo del pliego de una candidata a jueza basado únicamente en ser cuñada de un periodista. No solo fue rechazado, sino que lo fue por dos tercios de los votos, una mayoría reforzada que subraya el rechazo.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad llegó al Senado con pretensiones de desregulación amplia y está siendo resculpido en forma radical. El dictamen que circula en estos días es el número 12 de redacciones sucesivas, y tiene altas probabilidades de ser aprobado en la sesión del jueves próximo porque fue terminado de redactar en el bloque de la UCR, que con 10 senadores funciona de facto como una minicámara revisora de todo lo que llega. El texto final imposibilita la adquisición de tierras rurales por un sinnúmero de figuras societarias que podrían esconder la voluntad de estados extranjeros. Las restricciones se multiplican en zonas de seguridad fronteriza. Artículo 25: "Queda prohibida la adquisición de tierras rurales por parte de los siguientes sujetos, salvo expresa ley del Congreso Nacional", seguido de una docena de tipos de sociedades vetadas.
El acuerdo en la Comisión de Labor Parlamentaria del miércoles estableció que se trate el jueves como primer tema la interpelación a Manuel Adorni. La oposición tiene los votos para habilitar el debate y fijar fecha. Sin embargo, estiraron el procedimiento hasta el 2 de julio, lo que operativamente supone una semana adicional de agonía en el pie del cadalso. Lo hacen con la tranquilidad de que antes de esa fecha el gobierno removerá al portavoz del cargo, según confían los senadores libertarios. Esta certidumbre no es producto de información privilegiada sino de la observación de un patrón: el gobierno retira a funcionarios cuando la presión legislativa se vuelve insostenible. Patricia Bullrich debió comprometerse a facilitar el texto del dictamen sobre Inviolabilidad con anticipación. José Mayans, bloqueista formoseño, reclamó explícitamente: "No nos vengan como siempre con un dictamen que solo conocen ustedes y nos lo dan minutos antes de la sesión".
El gobierno amagó con introducir una cláusula doctrinaria en el proyecto que equiparara a extranjeros con nacionales. Es una invitación a judicializar la norma apenas sea aprobada. Pero
