La volatilidad del mercado petrolero internacional vuelve a congelarse en territorio argentino. Lo que prometía ser un respiro para los bolsillos en agosto se difumina nuevamente en el horizonte, ahora corrido hacia septiembre, mientras el fantasma de una nueva suba acecha las estaciones de servicio del país. El motivo: la reaparición de tensiones geopolíticas en Medio Oriente que generaron un salto de hasta 8% en la cotización del petróleo Brent, precisamente el índice que gobierna los precios locales de nafta y diésel. Para la economía argentina, este nuevo sobresalto representa un obstáculo directo en la lucha contra la inflación, el único frente donde aún es posible ver interrupciones en la desaceleración que costó tanto lograr en los últimos meses.
El comienzo de la semana trajo consigo noticias inquietantes desde el Golfo Pérsico. El anuncio de cierre del Estrecho de Ormuz—la arteria vital por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa globalmente—encendió las alarmas en los mercados internacionales. Esta zona geográfica, ubicada entre Irán y Omán, representa un cuello de botella crítico para el suministro energético mundial. Cuando las tensiones se recrudecer en esa región, como ocurrió con los últimos ataques y la postura negativa de Estados Unidos respecto a las negociaciones nucleares, los operadores del mercado reaccionan con pánico, anticipando posibles restricciones en la oferta disponible. De esta forma, el barril Brent ascendió hasta alcanzar los 82 dólares, quebrando la calma relativa que se había instalado hace apenas pocas semanas atrás.
La tregua que no fue: volatilidad y esperanzas frustradas
Durante un breve período a principios de julio, los precios internacionales se habían acercado a los 75 dólares por barril, movimiento que encendió ilusiones en el sector energético local. En ese entonces, algunos analistas contemplaban la posibilidad de trasladar esa baja a los surtidores dentro de pocas semanas. Sin embargo, la historia del petróleo en los últimos meses demuestra que cada tregua diplomática es frágil y susceptible de desmoronarse. Cuando el conflicto en Medio Oriente estalló el 28 de febrero de este año, el petróleo rondaba los 76 dólares. Desde entonces, la volatilidad ha sido la tónica dominante: en enero pasado había perforado los 60 dólares, mientras que en el pico de incertidumbre alcanzó los 120 dólares. Esta montaña rusa no solo genera incertidumbre económica, sino que dificulta enormemente la planificación de largo plazo para distribuidoras y estaciones de servicio.
Las compañías petroleras que operan en Argentina, con YPF a la cabeza, enfrentan un dilema que se repite semana tras semana. En julio, absorbieron un incremento de 1% en los impuestos sobre combustibles líquidos dispuesto por el Gobierno, manteniendo los precios estables en los surtidores pese a las turbulencias externas. Este comportamiento responde a una estrategia deliberada: proteger al consumidor de las fluctuaciones de corto plazo mientras se espera que el mercado internacional se estabilice. Sin embargo, ese mismo mecanismo de amortiguador que opera desde abril—cuando se desacoplaron los precios locales de los internacionales—también genera un problema inverso: las empresas acumulan pérdidas que eventualmente deberán recuperarse. En otras palabras, los combustibles que no subieron cuando deberían hacerlo ahora cargaban una deuda flotante que aguarda el momento de cobrarse.
El dilema fiscal y la brecha acumulada en los surtidores
El panorama es complejo cuando se observa con detalle. El sector privado reconoce que falta recuperar aproximadamente un 15% de los aumentos que no se trasladaron al público desde que comenzó el mecanismo de amortiguación. Paradójicamente, esto ocurre mientras los precios internacionales ya han acumulado subas superiores al 20% desde ese período. La súper se mantiene por encima de los 2.000 pesos, un número que antes resultaba impensable para la mayoría de los conductores argentinos. Este fenómeno muestra cómo, incluso con intentos de contención estatal, los combustibles han experimentado un encarecimiento significativo en términos de poder adquisitivo local.
Lo que resulta especialmente relevante es la trayectoria que ha recorrido la Argentina en materia de precios de combustibles. En enero de 2021, cuando aún prevalecían los subsidios, el litro costaba apenas 0,6 dólares según registros de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos. Desde la desregulación del mercado, la tendencia ha sido consistentemente alcista. En diciembre de 2023, el precio internacional del litro se ubicaba en 0,7 dólares, y para marzo de 2025 ya había saltado a 1 dólar. Con el inicio de los conflictos bélicos en Oriente Medio, la cifra se disparó a 1,1 dólares, llegando ahora a 1,3 dólares según plataformas internacionales de monitoreo. En poco más de cuatro años, la Argentina pasó de tener la nafta más económica de América del Sur a ubicarse entre las más caras de la región, una transformación radical en la estructura de costos que afecta transversalmente a toda la economía.
Para el Gobierno nacional, estos vaivenes representan una amenaza directa a los logros inflacionarios conquistados con esfuerzo durante mayo y junio. La desaceleración que se consiguió en esos meses contrasta con el riesgo de que todo se revierta en agosto o septiembre si los combustibles finalmente suben. En junio pasado, el rubro transporte exhibió un incremento de apenas 2%, por debajo del 2,1% promedio general, lo que funcionó como amortiguador temporal para la logística, el comercio y la fabricación de bienes de consumo. Ese respiro fue crucial para que otras categorías económicas no se vieran arrastradas nuevamente hacia arriba. La pregunta que acecha a funcionarios y analistas es qué ocurrirá en agosto, especialmente considerando que el Gobierno ya difirió una vez más la aplicación del grueso de los ajustes fiscales pendientes en materia de impuestos energéticos.
Perspectivas divergentes sobre qué esperar en los próximos meses
Organismos como la Comisión Económica para América Latina proyectan que los valores promedio del barril podrían terminar 2026 entre 20% y 25% por encima de los registrados en 2025. Esta proyección se fundamenta en advertencias de la Agencia Internacional de la Energía respecto a que una tensión prolongada en Oriente Medio retrasaría significativamente la reconstrucción de reservas mundiales de petróleo y perturbería el equilibrio esperado para los próximos años. En este contexto, las empresas del sector reconocen que la estabilización de la cotización internacional es condición necesaria para analizar cualquier movimiento hacia la baja en los surtidores. Mientras el Estrecho de Ormuz permanezca restringido y el comercio no se regularice, la presión alcista continuará presente. Esto explica por qué los operadores locales ya han corrido sus propias proyecciones, desplazando ahora a septiembre una posible caída que originalmente esperaban para agosto. Desde YPF, señalan que de retomarse la baja global, podrían salir más rápidamente del buffer de amortiguación, pero reconocen simultáneamente que cualquier descenso no será inmediato ni dramático, dada la acumulación de pérdidas que necesitan compensarse.
Las posibles consecuencias de este impasse energético abarcan múltiples dimensiones. Por un lado, la inflación podría volver a acelerarse si el combustible finalmente sube en agosto o septiembre, revirtiendo los esfuerzos de contención de los últimos meses y complicando el escenario macroeconómico general. Por otro, la acumulación de presiones sobre el sector privado energético podría forzar decisiones regulatorias difíciles respecto a cuándo y cómo permitir que se recuperen los márgenes no aplicados. Desde la perspectiva del consumidor, el panorama luce cada vez más restringido, con márgenes limitados de maniobra para alivios significativos en el corto plazo. Para la actividad productiva y logística, cualquier nueva suba de combustibles representaría una presión adicional sobre costos que ya han crecido considerablemente en el último año. La estabilidad geopolítica en Oriente Medio se convierte así, paradójicamente, en un factor clave para la estabilidad económica argentina, demostrando cómo la economía global—y sus conflictivas geografías—permea en cada transacción local.
