La pulseada entre autoridades municipales y organismos de control nacional por el derecho a cobrar tasas a través de las facturas de servicios públicos sigue sin resolverse, pero mientras tanto los contribuyentes bonaerenses cargan sobre sus espaldas un sobrecosto que oscila entre puntos importantes de sus boletas mensuales. Los números que manejan las compañías distribuidoras de electricidad revelan que esas tasas representan entre un 4% y un 17% del importe total que termina pagando un hogar cualquiera cuando llega el recibo de luz, un rango que varía sustancialmente de acuerdo a cada municipio y a los términos de los convenios que cada intendencia negoció con su prestador de servicio. Lo que en el Área Metropolitana aparece como un renglón aparte —principalmente el alumbrado público— en decenas de municipios del interior bonaerense y en otras provincias forma parte de una única factura, resultado de marcos legales provinciales que respaldan explícitamente esa práctica.

Un laberinto de impuestos, tasas y servicios entrelazados

Desmenuzar una factura de servicios en la Argentina contemporánea equivale a transitar un laberinto de conceptos que se superponen y que responden a distintas jurisdicciones. Más allá de la carga por el consumo real de electricidad, agua o gas, en esas boletas conviven obligaciones tributarias de nivel nacional como el Impuesto al Valor Agregado, gravámenes provinciales tales como el de Ingresos Brutos, y una multiplicidad de tasas e impuestos de origen municipal. El alumbrado público representa, típicamente, uno de los renglones más pesados dentro de esta estructura, pero no es el único. Según lo que se cobra en diferentes jurisdicciones, pueden aparecer también conceptos vinculados al servicio de agua potable, a la recolección de residuos urbanos, al alcantarillado y cloacas, e inclusive—en algunos municipios del interior—tasas por servicios de cementerio o sepelio. Esta fragmentación tarifaria tiene, además, una complejidad adicional: el sector de la distribución energética no funciona bajo un único modelo de gestión. Coexisten en el territorio nacional empresas públicas de alcance provincial, prestadores privados sujetos a regulación nacional como Edenor y Edesur en el área de influencia metropolitana, cooperativas eléctricas que responden a marcos regulatorios que mezclan disposiciones de distintos niveles de gobierno, y municipios que administran sus propios servicios. Cada una de estas estructuras implica composiciones tarifarias diferentes y, en consecuencia, la factura que recibe un usuario en Tres de Febrero probablemente poco se parezca, en su estructura interna, a la que recibe un vecino de General Pueyrredón o de una localidad del sur bonaerense.

La complejidad de esta arquitectura regulatoria es resultado de decisiones históricas. Durante décadas, los servicios públicos en la Argentina estuvieron fragmentados entre prestadores nacionales, provinciales y municipales, sin que existiera un criterio unificado respecto de cómo distribuir costos y recaudación. A mediados de los noventa, cuando se privatizó la distribución de energía en el área metropolitana, se buscó simplificar el sistema, pero las competencias municipales sobre ciertos servicios—particularmente el alumbrado público—permanecieron intactas. Eso generó un escenario donde los intendentes debieron encontrar mecanismos alternativos para financiar servicios que seguían siendo de su responsabilidad, pero cuya cobranza dependía ahora de terceros. La solución fue pactar con las distribuidoras la inclusión de esas tasas en las boletas de electricidad.

La aritmética de la recaudación: por qué los intendentes no renuncian a este mecanismo

Detrás de la resistencia de intendentes y gobernadores a abandonar esta práctica no hay solamente razones políticas o formales. La lógica es fundamentalmente económica y responde a un número que explica casi todo: la cobrabilidad. Cuando una tasa municipal se factura de forma independiente, a través de una boleta separada, la tasa de efectivamente pago ronda el 55%, según cálculos de fuentes vinculadas a la industria eléctrica. El escenario cambia radicalmente cuando esa misma tasa viaja incluida en la factura de luz: la cobrabilidad sube hasta rondar el 99%. ¿La razón? Elemental: el usuario sabe que la falta de pago de una factura de electricidad habilita legalmente al distribuidor a cortar el suministro. Nadie desea quedarse sin luz, especialmente en los meses de invierno o de calor extremo. Ese mecanismo disciplinador transforma la boleta de servicios en una suerte de rehén que garantiza el pago de las tasas municipales. En otras palabras, el contribuyente termina pagando una obligación municipal casi con la certeza de que si no lo hace, enfrentará consecuencias inmediatas y muy incómodas. Mientras que un usuario moroso en el pago de una tasa de alumbrado público enfrenta, en el mejor de los casos, un trámite de ejecución judicial que puede extenderse durante meses o años sin mayor consecuencia práctica, el potencial de corte de suministro actúa como un desincentivo inmediato mucho más efectivo.

Esta disparidad en la cobrabilidad representa, en términos de recaudación municipal, la diferencia entre contar con fondos relativamente previsibles para financiar servicios básicos o enfrentarse a un déficit estructural que obliga a recurrir a endeudamiento o a reducir prestaciones. Para municipios que ya enfrentan presiones presupuestarias significativas, permitir que una tasa se cobre de manera independiente equivaldría a perder casi la mitad de los ingresos potenciales. En contextos de contracción económica como los que Argentina ha experimentado en ciclos recientes, esa diferencia se vuelve crítica. Un intendente que viera caer la cobrabilidad de su alumbrado público del 99% al 55% estaría frente a un colapso financiero casi automático, imposible de compensar mediante el ajuste de gastos o la búsqueda de otros ingresos tributarios sin provocar resistencia política inmediata.

La disputa que llega a la Corte Suprema y sus implicancias

El conflicto sobre la legitimidad de incluir tasas municipales en facturas de servicios públicos escaló hasta los más altos niveles del poder judicial. La Procuración General de la Nación emitió criterio sosteniéndose que esta práctica debería estar prohibida, lo que desencadenó una reacción de intendentes que vieron amenazado su acceso a ingresos que consideran tanto legales como necesarios. Ahora la Corte Suprema de Justicia debe dirimir si confirma esa postura restrictiva o si permite que se mantenga un sistema que, aunque complejo y regresivo en sus efectos sobre los usuarios, ha demostrado funcionar desde el punto de vista de la recaudación. La existencia de leyes provinciales que formalmente habilitan esta práctica agrega una capa adicional de complejidad: los magistrados deberán evaluar si prevalece la legislación provincial sobre eventuales prohibiciones de orden nacional, o si existe un principio de rango superior que invalida esos marcos legales provinciales. La decisión que eventualmente adopte la Corte tendrá alcance no solo sobre Buenos Aires sino sobre múltiples provincias donde existen disposiciones similares.

Las consecuencias potenciales de una eventual prohibición serían significativas en múltiples direcciones. Para los usuarios, podría representar una reducción en el monto total de sus facturas de servicios si los municipios no encuentran mecanismos alternativos para transferir esos costos. Para los intendentes, la prohibición obligaría a explorar fuentes alternativas de financiamiento que típicamente pasan por aumentar la presión tributaria local en otros conceptos, como inmobiliario o comercial, o bien por reducir servicios municipales. Para las distribuidoras eléctricas, una prohibición requeriría reestructurar sus sistemas de facturación y probablemente asumir costos administrativos asociados a separar conceptos que hoy cobran de forma centralizada. Desde una perspectiva de política fiscal, la cuestión pone de manifiesto una tensión más amplia: la dificultad de financiar servicios municipales en un contexto donde los ingresos tributarios nacionales y provinciales no resultan suficientes para cubrir todas las responsabilidades descentralizadas, y donde crear nuevos impuestos o tasas locales genera resistencia política inmediata.