En un giro inesperado de una de las licitaciones más trascendentes para la economía argentina, las dos compañías competidoras por la concesión de la Hidrovía arriaron sus precios al mismo nivel, igualando sus propuestas monetarias y obligando así al Estado a resolver el pulso mediante criterios que van más allá del factor económico. Jan de Nul y DEME, ambas firmas con sede en Bélgica y amplia experiencia en operaciones fluviales de gran envergadura, presentaron ofertas idénticas para administrar durante los próximos 25 años —con posibilidad de extensión por cinco más— la vía navegable que conecta los ríos Paraná y Paraguay, el corredor arterial por donde transita la mayoría del comercio exterior nacional.

La coincidencia tarifaria no es un detalle menor: ambas empresas ofrecieron la tarifa mínima establecida en el pliego de bases y condiciones. Esto significa que en la primera fase de operación, mientras se completen los trabajos de profundización del canal, el costo será de 3,80 dólares por tonelada de carga neta registrada. Posteriormente, la tarifa ascenderá a 4,65 dólares en una segunda etapa y finalmente a 5,78 dólares cuando se alcance la profundidad objetivo del canal. Este esquema de precios escalonados resulta en una rebaja del 13,5% respecto del costo actual de 4,30 dólares por tonelada, generando potenciales ahorros anuales para el sector productivo local que oscilan entre los 35 y 40 millones de dólares.

Cuando la técnica supera a la economía

La presentación de ofertas económicas equivalentes convierte al factor técnico en el diferenciador crucial del proceso. Según el esquema de evaluación establecido por el Gobierno, la oferta económica concentra el 60% del peso total en la calificación final, con un máximo de 120 puntos disponibles. Sin embargo, cuando ambas proposiciones coinciden monetariamente, la balanza se inclina hacia la evaluación de capacidad operativa, experiencia y viabilidad técnica de cada postulante. En esta dimensión, Jan de Nul ha construido una ventaja considerable frente a su competidora durante las etapas anteriores del proceso de adjudicación, una superioridad que ahora cobra magnitud decisiva en el contexto de igualdad tarifaria.

La Hidrovía representa un activo crítico para la competitividad externa del país. Por esta ruta fluvial circula aproximadamente el 80% del comercio exterior argentino, con especial incidencia en la agroindustria, sector que históricamente ha fungido como motor de divisas para la economía nacional. El impacto de esta concesión trasciende las fronteras: Paraguay y Brasil también dependen en medida significativa de la funcionalidad y eficiencia operativa de esta vía de navegación. La empresa ganadora deberá invertir alrededor de 10.000 millones de dólares durante el período de concesión en tareas de dragado, mantenimiento de infraestructura y sistemas de señalización para garantizar la operatividad continua del canal.

Un proceso que resistió cuestionamientos

Hasta el momento, el procedimiento licitatorio ha transcurrido sin sobresaltos procedimentales relevantes. Ni Jan de Nul ni DEME han presentado recursos o impugnaciones durante las dos fases previas de evaluación, ni han cuestionado los términos del pliego de bases y condiciones. Este comportamiento fue destacado por el Ministerio de Economía como indicador de solidez y transparencia del proceso, evidencia de que ambas firmas consideran legítimos los requisitos y condiciones establecidos por la administración pública. La ausencia de conflictividad administrativa en etapas anteriores sugiere que el procedimiento ha mantenido estándares de claridad en la comunicación de expectativas a los oferentes.

El sector productivo nacional ha manifestado su posición de forma unificada respecto a la importancia de resolver expeditamente esta adjudicación. La Unión Industrial Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas y la Cámara de Puertos Privados Comerciales han resaltado de forma consistente que avanzar hacia una solución operativa que fortalezca la capacidad competitiva externa de la producción nacional resulta prioritario. Estos actores, que conforman la espina dorsal del comercio argentino, han alineado sus posiciones alrededor de la necesidad de contar con una vía navegable eficiente, independientemente de qué firma resulte adjudicataria.

El cronograma para la resolución definitiva no ha sido precisado en términos específicos, aunque el Gobierno ha comunicado que la decisión se conocerá en el transcurso de las próximas semanas. Este período permitirá la evaluación exhaustiva de los expedientes técnicos presentados por ambas firmas, análisis que resultará determinante dado que constituye ahora el elemento diferenciador fundamental. La administración pública deberá examinar con detalle aspectos vinculados a la metodología de dragado, cronogramas de ejecución, capacidad de mantención, sistemas de seguridad navegable, experiencia acumulada en proyectos similares y garantías de continuidad operativa que cada empresa ofrece para los próximos treinta años de operación.

Escenarios y perspectivas en perspectiva

La resolución de este proceso genera expectativas contrapuestas según la óptica desde la cual se examine. Para los sectores exportadores y la agroindustria, la igualdad de precios asegura que el factor costo no gravará de manera diferenciada a ninguna de las opciones en disputa, permitiendo que la elección recaiga sobre quien presente mayores garantías de eficiencia operativa y cumplimiento de compromisos. Desde esta perspectiva, la competencia se ha trasladado al terreno de la capacidad técnica, donde argumentablemente debería decidirse quién está mejor preparado para gestionar una infraestructura de tal complejidad. Por el contrario, desde ópticas que enfatizan la importancia de maximizar ahorros para el erario público o para los usuarios del servicio, el resultado de igualdad tarifaria podría interpretarse como una oportunidad perdida de profundizar reducciones de costos mediante mayor competencia. Asimismo, en el plano de la política industrial y las relaciones comerciales internacionales, la elección entre dos operadores extranjeros plantea interrogantes sobre la capacidad nacional de gestionar este tipo de infraestructura crítica, debate que excede los límites del presente proceso pero que inevitablemente resurge cada vez que se privatiza un servicio de importancia estratégica.