Un mecanismo de promoción industrial que prometía fortalecer la cadena de valor local termina funcionando como una vía para legitimar gastos operativos que las empresas ya realizaban de todas formas. El denominado Súper Rigi, régimen de estímulos para la industria tecnológica, establece que las compañías deben ejecutar al menos un 20% de componente nacional en sus proyectos. Sin embargo, expertos advierten que la forma en que numerosas organizaciones interpretan y aplican esta disposición la convierte en un compromiso apenas simbólico, desprovisto de la capacidad transformadora que debería tener una política de este tipo.
El problema radica en la elasticidad de la definición: bajo una lectura permisiva de la normativa, empresas multinacionales y grandes compañías locales contabilizaban como "componente nacional" servicios de consultoría, asesoramiento legal, gestión administrativa y otras prestaciones que ya realizaban habitualmente a través de proveedores internos o freelancers nacionales. En otros términos, estas contrataciones no representaban gasto adicional ni generaban dinámicas nuevas en el ecosistema productivo. Lo que debería ser un incentivo para forjar alianzas con proveedores especializados locales se convertía, en la práctica, en una herramienta contable para alcanzar porcentajes sin modificar sustancialmente la estructura de compras ni ampliar el acceso de pequeños y medianos productores a estas cadenas de valor.
La brecha entre el espíritu normativo y la aplicación efectiva
Desde su implementación, el Súper Rigi se presentó como un instrumento destinado a posicionar a la Argentina en la economía del conocimiento, un sector que en los últimos años experimentó un crecimiento acelerado como fuente de divisas y empleo de calidad. El régimen ofrecía desgravaciones fiscales, acceso a financiamiento preferencial y beneficios aduaneros a empresas de software, servicios informáticos, audiovisuales y tecnología en general. La inclusión de la exigencia del componente local respondía a una lógica aparentemente irrefutable: si el Estado invertía recursos en subsidiar estas actividades, era justo esperar que esa inversión se tradujera en desarrollos endógenos, en transferencia de tecnología, en empleo especializado distribuido territorialmente y en mayor autonomía productiva del país frente a proveedores externos.
Sin embargo, lo que sucedió en muchos casos fue más complejo. Empresas de diversos tamaños aprovecharon la flexibilidad de la norma para clasificar como "componente nacional" precisamente aquello que ya formaba parte de su estructura de costos. Una consultora internacional, por ejemplo, podía computar los servicios de una oficina de asuntos legales local como parte del 20% requerido, cuando esa estructura ya existía previamente. Del mismo modo, servicios de traducción, diseño gráfico o procesamiento de datos realizados por proveedores argentinos comenzaron a sumarse a este porcentaje sin que esto implicara una redirección genuina de recursos hacia nuevos actores del ecosistema productivo. El efecto neto: la política de promoción no generaba externalidades positivas reales, sino que simplemente formalizaba gastos preexistentes bajo una nueva categoría fiscal.
El reclamo por una reorientación hacia proveedores especializados
Ante esta situación, sectores vinculados a la producción local y organizaciones empresariales comenzaron a plantear públicamente una crítica constructiva: el 20% debería dirigirse específicamente hacia la contratación de equipos de proveedores locales que no formaran parte de la estructura operativa de la empresa contratante. Dicho de otra manera, se propone que el componente nacional sea un verdadero multiplicador económico, una herramienta para conectar grandes compañías con ecosistemas de pequeños y medianos proveedores especializados en hardware, componentes electrónicos, desarrollos específicos o servicios profesionales que antes no tenían acceso a estas cadenas de demanda. Esta reinterpretación transformaría el incentivo en un instrumento genuinamente orientado a crear tejido productivo complementario y a distribuir los beneficios del régimen de manera más equitativa entre actores de distintos tamaños.
Paralelamente, el sector de la economía del conocimiento experimentó un récord de crecimiento registrado por los organismos de control del Estado, lo que sugiere que el régimen cumplió su objetivo de atraer inversiones y expandir estas industrias. Simultáneamente, en el frente de la energía, la explotación de Vaca Muerta alcanzó un punto de equilibrio económico que permitió sostener operaciones sin inyecciones masivas de capital estatal. Estas dos dinámicas confluyeron con estrategias empresariales orientadas a mantener o expandir volúmenes de ventas en un contexto de restricciones macroeconómicas generales. En este marco complejo, los incentivos fiscales jugaron un rol crucial, pero su efectividad en términos de encadenamiento productivo local sigue siendo objeto de debate entre especialistas y tomadores de decisiones.
Lo que estos cuestionamientos ponen de relieve es una tensión clásica en toda política de promoción industrial: la dificultad de diseñar mecanismos que sean simultáneamente atractivos para empresas grandes, viables de aplicar administrativamente y genuinamente transformadores de estructuras productivas de base. El Súper Rigi cumplió el primer objetivo: atrajo inversión significativa. Sin embargo, existe evidencia de que su capacidad para fortalecer una verdadera red de proveedores nacionales se vio limitada por la manera en que fue interpretado e implementado. Las próximas discusiones sobre reformas a este régimen deberán contemplar cómo diseñar incentivos que cierren las grietas por las cuales los beneficios se filtran hacia gastos que ocurrirían de todas formas, redirigiendo esos recursos hacia actores que de otro modo quedarían excluidos del acceso a demanda de gran escala y proyectos de envergadura.
