La balanza comercial de la industria automotriz argentina descansa sobre una sola pierna: la brasileña. Ese dato no es accesorio ni anecdótico, sino estructural. Mientras las terminales radicadas en el territorio nacional producen vehículos con tecnología de punta y capacidad instalada de clase mundial, seis de cada diez unidades que fabrican terminan cruzando la frontera hacia el mercado vecino. Es decir que cualquier movimiento político, económico o regulatorio que ocurra en Brasilia impacta de forma casi inmediata en las decisiones de inversión, producción y empleo que se toman en Buenos Aires, Córdoba y otras regiones industriales argentinas. Los comicios brasileños de este fin de semana, entonces, no constituyen un asunto menor para quienes comandan las operaciones de Stellantis, Ford, Renault, Volkswagen y Toyota en territorio argentino. El resultado electoral abre interrogantes sobre el futuro de negociaciones comerciales que llevan cuatro décadas en desarrollo y que determinan el esquema bajo el cual circulan miles de millones de dólares anuales entre ambos países.

Una arquitectura comercial de casi medio siglo

Remontarse al año 1986 resulta imprescindible para comprender la magnitud de lo que está en juego. Fue entonces cuando los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney iniciaron conversaciones tendientes a construir una política automotriz conjunta. Aquellos primeros contactos, según registros de la época, no resultaron particularmente fluidos. Sin embargo, con el correr de los años y mediante sucesivas actualizaciones, se consolidó un régimen de comercio administrado que, en la práctica, significó blindar a las plantas industriales de ambos países contra la competencia desenfrenada. Ese andamiaje institucional evolucionó hasta cristalizar en lo que hoy se conoce como el Acta de Complementación Económica N°14, instrumento que ha sido objeto de más de cuarenta reformulaciones desde su creación.

El marco vigente fue suscrito a mediados de 2019 cuando Mauricio Macri presidía Argentina y Jair Bolsonaro gobernaba Brasil. Ese documento tiene proyección hasta junio de 2029. Lo relevante es que este acuerdo no se limita a trámites administrativos o a la burocracia comercial: está directamente vinculado con decisiones de inversión de miles de millones de dólares que llegan anualmente a las plantas locales para modernización, ampliación de capacidades productivas y desarrollo tecnológico. Cada una de esas inversiones, a su vez, genera cadenas de empleo, abastecimiento de proveedores y movimiento económico en regiones enteras del país.

Dos visiones divergentes sobre el futuro del comercio bilateral

Lo que explica el cauto optimismo que circula entre directivos de las terminales es la ruptura en las relaciones políticas entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. Esa tensión personal entre los dos mandatarios actual ha congelado cualquier avance en negociaciones posteriores a 2029. Pero la friccción política no es la única barrera. Desde hace tiempo, ambos gobiernos han sostenido posturas radicalmente distintas respecto a qué hacer con el régimen automotor cuando expire. Brasil ha estado presionando para trasladar el acuerdo hacia el marco general del Mercosur, lo que implicaría transitar hacia un esquema de libre comercio sin restricciones. Argentina, por su parte, ha mantenido firme su posición: conservar las negociaciones dentro del ACE 14, mantener el comercio administrado y, de esa forma, proteger a las inversiones automotrices que están radicadas en territorio nacional. La diferencia no es semántica. Un cambio hacia libre comercio sin protecciones probablemente terminaría por concentrar nuevas inversiones en Brasil, donde factores como costo laboral y tamaño de mercado interno resultan más atractivos.

Directivos de las principales terminales que participan en las negociaciones sectoriales a través de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) reconocen que la ecuación política se modifica con los resultados electorales del fin de semana. Uno de los ejecutivos con más de quince años de experiencia en estas negociaciones expresó que la relación deteriorada entre Lula y Milei constituye un obstáculo para cualquier política común con Brasil. Ese reconocimiento, sin embargo, convive con una cautelosa espera. Funcionarios de la industria sostienen que es demasiado anticipado sacar conclusiones definitivas. El panorama podría cambiar, pero existen demasiadas variables en juego como para hacer pronósticos seguros. Entre esas variables figura incluso lo que ocurra en las urnas argentinas, dado que dentro de poco más de un año se realizarán elecciones presidenciales locales que podrían alterar nuevamente la composición política del país.

El precedente de 2019 como punto de referencia

Ejecutivos de terminales europeas consultados sobre posibles escenarios futuros recurren al ejemplo concreto de lo sucedido en 2019. En aquella oportunidad, durante lo que denominan una "ventana" electoral (los últimos meses del mandato de Macri y los primeros de Bolsonaro padre), ambos gobiernos lograron avanzar en la renovación y actualización del acuerdo automotor. Esa experiencia sugiere que momentos de transición política, lejos de congelar procesos negociadores, a veces los aceleran. Un directivo de una empresa radicada en Argentina pero de capital europeo señaló que espera que se replique un escenario similar al de hace cinco años. Es decir: que cambios en la configuración política brasileña permitan descongelar negociaciones que de otra forma permanecerían estancadas. La referencia específica fue la posibilidad de avanzar en la actualización del denominado "flex", componente central de los vehículos modernos de la región.

Sin embargo, ese mismo directivo enfatizó la necesidad de mantener la perspectiva. Las actualizaciones de 2019 no fueron resultado de una transformación milagrosa en las relaciones bilaterales, sino de ventanas políticas específicas. Además, los desafíos que enfrenta la industria automotriz regional en la actualidad son más complejos que los de hace cinco años. La competencia global se intensificó, la transición hacia vehículos eléctricos plantea inversiones colosales, y el contexto macroeconómico de ambos países presenta turbulencias que no existían en 2019. Otro ejecutivo, proveniente de terminal también con raíces europeas, apuntó que una victoria política de determinado signo en Brasil "obviamente" facilitaría la resolución de conflictos personales entre mandatarios y permitiría avanzar tanto en acuerdos Mercosur como en cambios internos de manera más expeditiva. Nuevamente, la cautela predominó: es muy prematuro, repitió, hacer aseveraciones categóricas.

Lo que todos los actores de la industria reconocen, sin matices, es la dependencia estructural del modelo actual. Las inversiones multimillonarias de los últimos años, incluyendo desembolsos recientes de empresas como Stellantis y Ford, están directamente amarradas a la capacidad de exportar hacia Brasil bajo condiciones previsibles y reguladas. Si esas condiciones cambian, o si la incertidumbre se prolonga más allá de 2029 sin que exista un nuevo acuerdo en el horizonte, las decisiones sobre dónde ubicar nuevas plantas, líneas de producción o desarrollos tecnológicos se verán necesariamente afectadas. Es probable que capitales terminen fluyendo hacia jurisdicciones que ofrecen mayor certidumbre regulatoria.

Escenarios posibles y sus implicancias económicas

El resultado electoral brasileño, entonces, funciona como un catalizador de expectativas. Si la nueva configuración política genera las condiciones para reanudar negociaciones automotrices antes de que expire el plazo de 2029, existiría tiempo para construir un nuevo marco de reglas. Ello permitiría que las terminales planifiquen inversiones de mediano plazo con mayor confianza. Inversiones de ese tipo generan empleo directo en las plantas, en sectores de proveeduría, en logística y transporte. A título de ejemplo, una expansión de capacidad productiva en una planta de manufactura automotriz típicamente demanda varios miles de puestos de trabajo temporarios durante la fase de construcción y ampliaciones permanentes una vez que entra en operaciones. En escala regional, cuando se suman todas las plantas del país, los números son significativos.

Alternativamente, si la incertidumbre persiste porque no hay diálogo político entre los líderes de ambos países, o si Brasil logra imponer el esquema de libre comercio que pretende, es probable que las consecuencias sean asimétricas. Las terminales instaladas en Brasil, que cuentan con mercados internos mayores, podrían beneficiarse de una apertura sin restricciones. Las plantas argentinas, por el contrario, enfrentarían competencia más directa sin las protecciones que ahora poseen. Algunos actores de la industria sostienen que en tal escenario, las inversiones futuras se concentrarían en Brasil. Otros afirman que existen nichos de producción y especialización donde las plantas argentinas podrían competir incluso en condiciones de mayor apertura. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio, y sus consecuencias dependerán de qué tipo de apertura se implemente, con qué velocidad, y bajo qué condiciones de transición.