La industria automotriz argentina respira con cierto alivio tras el anuncio presidencial sobre la eliminación progresiva de retenciones a las exportaciones, pero simultáneamente levanta la voz para señalar que ese alivio resulta insuficiente si no se ataca un problema que considera igualmente gravoso: la proliferación de tributos locales que drenan competitividad. El escenario es paradójico: mientras el Gobierno nacional avanza en una dirección que favorece a las terminales, estas reclaman que provincias y municipios hagan lo propio en sus jurisdicciones. La reducción de derechos de exportación pasará de 4,5% actual a cero en junio de 2027, según lo expresado por las máximas autoridades ejecutivas del país en ámbitos empresariales. Pero ese camino de descarga fiscal nacional podría resultar insuficiente si simultáneamente permanecen gravámenes subnacionales que, según cálculos del sector, pueden equivaler a hasta un 10% del valor total exportado.
Un respiro con condiciones
La Asociación de Fábricas de Automotores presentó su evaluación del paquete de medidas anunciado con una postura que combina reconocimiento y advertencia. Para la dirigencia empresarial del sector, el establecimiento de un cronograma claro hasta mediados de 2027 resulta fundamental porque permite a las terminales y proveedores locales trazar planes de inversión y producción con cierta certeza. En un contexto económico global complejo y volátil, ese tipo de visibilidad sobre las reglas del juego no es un lujo sino una necesidad operativa. La cámara empresarial enfatizó que este resultado emergió de un trabajo de diálogo sostenido con los organismos competentes del Ejecutivo nacional, particularmente las áreas económicas y comerciales, en lo que aparentemente fue un proceso de construcción de consensos.
Sin embargo, esa satisfacción tiene límites muy precisos. Rodrigo Pérez Graziano, quien encabeza la organización sectorial, sostuvo que la "certidumbre en las reglas de juego es una condición indispensable" para que el sector pueda desplegar plenamente sus capacidades productivas y exportadoras. Pero agregó un pero fundamental: esa certidumbre debe ser integral. No basta con que desaparezcan los derechos de exportación si permanecen otros mecanismos fiscales que cumplen funciones similares. En este punto, el reclamo adquiere un carácter más político: ya no se trata únicamente de negociar con Nación, sino de que gobernadores y municipios comprendan que el alivio fiscal que ofrece Buenos Aires pierde efectividad si ellos mantienen presiones tributarias sobre el sector.
El problema que no aparece en los decretos nacionales
El eje del reclamo se concentra en dos figuras tributarias que operan en las provincias y municipios: el impuesto sobre Ingresos Brutos y las tasas municipales. Estas no son cargas menores. Según la evaluación de ADEFA, su acumulación representa un sobrecosto que puede llegar a equivaler a una décima parte del precio de exportación de cada vehículo que sale del país. En un mercado global donde los márgenes competitivos son estrechos, esa diferencia puede ser determinante para acceder o no a ciertos mercados internacionales. Es especialmente relevante cuando se comparan con competidores ubicados en países donde las exportaciones están exentas de ese tipo de gravámenes. Una empresa automotriz brasileña o mexicana, por ejemplo, no carga con impuestos sobre Ingresos Brutos al exportar, lo que les otorga una ventaja de costo que las firmas argentinas no tienen, incluso después de que desaparezcan las retenciones nacionales.
Este argumento toca un punto sensible en la estructura fiscal argentina. El impuesto sobre Ingresos Brutos, que grava la facturación bruta de las empresas, es una fuente histórica de recaudación provincial. Eliminarlo o reducirlo significativamente implicaría que las provincias busquen compensación presupuestaria en otros lados o acepten menores ingresos. Esa es una negociación política compleja que va más allá de los márgenes de decisión del Ministerio de Economía nacional. Del mismo modo, las tasas municipales responden a necesidades de financiamiento local que no siempre tienen soluciones simples. Sin embargo, desde la perspectiva de las automotrices, estos son obstáculos que anulan parcialmente el beneficio que reciben del régimen nacional.
Un sector que sigue siendo motor de divisas
La relevancia de este reclamo aumenta cuando se consideran los números que el sector maneja. La cadena automotriz genera aproximadamente US$ 9.000 millones anuales en exportaciones y representa el segundo complejo industrial exportador del país en términos de valor agregado. Más específicamente, concentra el 48% de todas las exportaciones de manufacturas de origen industrial argentino, lo que la convierte en un pilar fundamental de la capacidad del país para generar divisas. Para Brasil, que es el principal destino exportador para muchas terminales, la industria automotriz nacional es especialmente importante: representa el 70% de las exportaciones industriales argentinas hacia ese país. En el contexto laboral, los números también son significativos: el sector emplea al 9,8% del total de trabajadores asalariados en la industria, lo que significa decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Además, la Argentina ocupa el cuarto lugar mundial en la producción de pickups livianas, un segmento estratégico para las terminales instaladas localmente.
Estos datos contextualizan por qué el sector presiona simultáneamente en múltiples direcciones. No se trata solo de maximizar ganancias empresariales, aunque ese sea evidentemente un objetivo. También implica la sostenibilidad de una cadena de valor que involucra a proveedores, distribuidores, concesionarios y trabajadores. Si las cargas tributarias limitan la competitividad exportadora, el efecto en cascada afecta la producción, que afecta el empleo, que afecta las economías regionales donde están instaladas las plantas. ADEFA ratificó su disposición a continuar trabajando en conjunto con el Gobierno nacional, las administraciones provinciales, gobiernos municipales y el conjunto de la cadena de valor automotriz para impulsar nuevas inversiones, aumentar volúmenes de producción, fortalecer el desempeño exportador y sostener el empleo formal.
El juego de incentivos entre niveles de gobierno
La situación plantea un dilema típico de los sistemas federales: cuando un nivel de gobierno adopta medidas que buscan mejorar la competitividad de un sector, otros niveles pueden mantener políticas contrapuestas sin que exista mecanismo automático que los obligue a alinearse. El Ejecutivo nacional ofrece una reducción gradual de retenciones; las provincias, que dependen de recursos tributarios locales, no tienen por qué hacer lo mismo con sus propios impuestos. Y los municipios, cuyas arcas frecuentemente están bajo presión, pueden no estar dispuestos a renunciar a ingresos que consideran propios. Sin embargo, desde la lógica competitiva global, estas fricciones internas afectan la capacidad de toda la cadena productiva de insertarse en mercados externos. Una pickup armada en Córdoba o en Buenos Aires carga desde su origen con un costo tributario agregado que una pickup similar producida en Brasil o México no tiene. Esa diferencia se traduce en precio final, en acceso a mercados, en volúmenes de producción y, consecuentemente, en empleo.
El cronograma de eliminación gradual de retenciones hasta 2027 abre una ventana temporal para que se generen negociaciones entre el Gobierno nacional y las provincias. Algunos gobiernos provinciales podrían ver en la recuperación de competitividad sectorial una oportunidad para su propio desarrollo económico, particularmente aquellos donde están instaladas plantas automotrices o sus proveedores. Otros podrían mantener una posición más defensiva respecto de sus recursos tributarios. La presión del sector, manifestada públicamente, busca evidenciar que el beneficio nacional se diluye sin coordenación subnacional. Esa es una estrategia legítima de incidencia política que apunta a que gobiernos locales internalicen que una baja de tributos locales podría generar efectos multiplicadores en empleo y actividad económica que compensen parcialmente la pérdida de ingresos.
Perspectivas abiertas y su impacto futuro
El camino que se abre de aquí a mediados de 2027 contendrá probablemente múltiples escenarios. Es posible que algunos gobiernos provinciales y municipales adopten reducciones de gravámenes locales como forma de atraer o retener inversiones automotrices en sus territorios. También es viable que la presión del sector, combinada con evidencia de impactos económicos negativos, genere negociaciones que resulten en reducciones parciales de impuestos. Alternativamente, es factible que persistan fricciones tributarias que continúen limitando la capacidad competitiva del sector, con lo que los resultados de la política nacional quedarían parcialmente neutralizados. La magnitud del impacto dependerá tanto de decisiones de política económica como de dinámicas globales de demanda, precios de commodities y comportamiento de competidores internacionales. Independientemente de cómo se resuelvan estas negociaciones subnacionales, el sector seguirá siendo crucial para la generación de divisas industriales del país, lo que otorga cierto peso a sus reclamos en las conversaciones con gobiernos locales. Los próximos meses determinarán si la apuesta nacional de recuperar competitividad mediante derechos de exportación decrecientes logra potenciarse con medidas tributarias complementarias en el nivel subnacional, o si permanecen como iniciativas aisladas con efectos limitados.
