En medio de los ecos de una batalla inflacionaria que parece ir perdiendo intensidad, emerge un fantasma mucho más silencioso y potencialmente devastador: la mora récord en el sistema crediticio argentino. Mientras desde la cartera de Hacienda se proclama la victoria sobre los precios mayoristas, que retrocedieron a 0,8% en julio —su nivel más bajo en varios meses—, en las sucursales bancarias del país se multiplican expedientes de personas que simplemente no pueden pagar lo que deben. Esta paradoja, donde los números macro se tiñen de verde pero las familias se ahogan en rojo, expone una verdad incómoda: el combate contra la inflación puede estar ganándose en las estadísticas mientras se pierde en los hogares.

La métrica que todos celebran y lo que esconde detrás

La inflación mayorista que acumula 16,6% en lo que va del año y crece 31,1% en términos interanuales representa, sin dudas, un logro relativo en la persistente lucha contra la escalada de precios. El Instituto Nacional de Estadística y Censos confirmó esta desaceleración después de meses en los que las cifras parecían irreversibles. Desde la gestión económica se enfatiza este descenso como evidencia de que las políticas implementadas funcionan, que el ajuste tiene un propósito y que existe luz al final del túnel. Los funcionarios subrayan que después de una década de volatilidad macroeconómica, cualquier retroceso en la inflación mayorista es digno de mencionar, particularmente cuando se compara con los picos registrados en trimestres anteriores.

Sin embargo, esta lectura triunfalista omite deliberadamente que la inflación mayorista es apenas una cara de una moneda que gira vertiginosamente. Los precios que pagan los productores y comerciantes por mayor no son los que sufren los consumidores finales en las góndolas. Y mucho menos son los que resiente una población que, ante la imposibilidad de acceder a financiamiento tradicional por tasas de interés estratosféricas, ha comenzado un peregrinaje hacia formas de endeudamiento cada vez más precarias. El dato que celebra Economía llega precisamente cuando el sistema crediticio de la nación exhibe síntomas de colapso en su extremo más vulnerable.

La otra cara: cuando la deuda se vuelve impagable

La morosidad en el crédito al consumo ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos años. Esto no es casualidad ni tampoco es independiente de las políticas monetarias y fiscales que generaron la desaceleración inflacionaria que se celebra. Cuando un banco otorga un préstamo a tasas que rondan el 270% anual —una cifra que se repite obsesivamente en las vidrieras financieras— y luego los salarios apenas acompañan la inflación, la ecuación deviene matemáticamente insostenible. Las familias que endeudaron esperando que las tasas bajaran se encuentran atrapadas en un círculo vicioso donde cada cuota consumeuna proporción creciente de ingresos que no crecen al mismo ritmo.

Lo que el Ministerio de Economía caracteriza como una cuestión técnica de gestión de políticas públicas adquiere contornos humanos mucho más complejos cuando se visitan los juzgados de paz, las oficinas de defensorías y, especialmente, cuando se conversa con trabajadores y pequeños empresarios que viven la cotidianidad del endeudamiento. Personas que contrataron hipotecas UVA cuando estas eran presentadas como la solución, ahora enfrentan cuotas que prácticamente duplicaron su valor nominal. Pequeños comerciantes que pidieron crédito para reponer stock descubrieron que el costo del dinero es tan elevado que solo sirvió para prolongar su agonía empresarial. Este es el lado del relato que no ingresa en los comunicados de prensa oficiales.

La diferencia entre celebrar la inflación mayorista y reconocer la crisis de morosidad es también una diferencia filosófica sobre qué se considera éxito económico. ¿Es éxito si los precios bajan pero nadie puede acceder al crédito? ¿Si la inflación desacelera pero el empleo se contrae y los salarios reales se erosionan? ¿Si los números macroeconómicos se estabilizan pero el microcosmos familiar colapsa bajo el peso de deudas impagables? Estas preguntas no tienen respuesta única, pero son preguntas que cualquier formulador de políticas responsable debe formularse en privado, lejos de los micrófonos y las conferencias de prensa.

El contexto: cuando la medicina es peor que la enfermedad

Argentina ha pasado por ciclos económicos donde el combate contra la inflación primó sobre todas las otras consideraciones. Históricamente, cuando los gobiernos se propusieron derrotar la inflación mediante políticas restrictivas de demanda y contracción monetaria, los costos sociales resultaron mayores que los beneficios macroeconómicos obtenidos. La experiencia de los años noventa, con la convertibilidad, mostró que es posible bajar la inflación a costa de una contracción económica, desempleo creciente y endeudamiento insostenible de familias y empresas. El desenlace fue conocido: una crisis de deuda que terminó en quiebras masivas, procesos de insolvencia y una generación de personas con sus vidas financieras destruidas.

Hoy, aunque los mecanismos sean distintos, la estructura del dilema es similar. El énfasis puesto en la estabilidad macroeconómica a través de tasas de interés elevadas y restricción crediticia genera una calma que es, en cierto sentido, la calma de la postración. Los agentes económicos dejan de invertir porque el costo del capital es prohibitivo. Las familias dejan de consumir porque sus ingresos se erosionan. Las pequeñas y medianas empresas dejan de expandirse porque no pueden financiarse. La inflación baja, los números lucen mejor en las presentaciones internacionales, pero la economía real se desacelera en un movimiento que podría describirse como una contracción disfrazada de estabilidad.

Cuando desde el Ministerio de Economía se sugiere que conviene "separar la empatía de la política pública", se está expresando una posición que privilegia los agregados macroeconómicos por sobre las particularidades microeconómicas. Es una visión que asume que el sacrificio actual —la mora, el desempleo, la caída del consumo— es necesario para construir las bases de un crecimiento futuro. Pero esta narrativa requiere que ese crecimiento efectivamente llegue. Si en cambio lo que sucede es que la economía se contrae sin obtener a cambio una estabilidad durable, entonces la separación entre empatía y política pública se convierte simplemente en la decisión de ignorar evidencia incómoda.

Las cifras en su contexto completo

Poner números sobre números ayuda a comprender la magnitud. La inflación mayorista de 31,1% interanual suena como un retroceso significativo si se la compara con períodos de crisis hiperinflacionaria de hace varias décadas. Pero también suena completamente diferente cuando se la observa junto a tasas de interés nominal que triplican o cuadriplican esa cifra. Un préstamo a 270% anual más inflación de 31% anual arroja un costo real del dinero que es insostenible en cualquier escenario realista de crecimiento de productividad o ingresos.

Los datos de morosidad, que han alcanzado máximos históricos en categorías como créditos al consumo y créditos hipotecarios, no son simplemente números que reflejan el comportamiento de deudores irresponsables. Son síntomas de un sistema donde la oferta de crédito ha sido calibrada según parámetros que no contemplan la realidad de ingresos y capacidades de pago de la población. Cuando más del 10% de los créditos al consumo entran en mora —cifras que se han registrado en períodos recientes—, no se trata de un problema de moralidad individual sino de viabilidad sistémica del modelo crediticio.

Los años que vienen: posibles escenarios

Desde múltiples perspectivas, el próximo período presenta interrogantes sin respuesta clara. Quienes defienden la estrategia macroeconómica actual sostienen que la desaceleración inflacionaria abre espacio para que, gradualmente, las tasas de interés desciendan y el crédito vuelva a fluir hacia la economía. Si esto ocurre, la mora actual podría resolverse mediante procesos de refinanciación y reestructuración de deudas. Pero esta trayectoria no es automática ni garantizada. También existe la posibilidad de que la economía se estanque en una trampa de bajo crecimiento donde la mora siga creciendo porque los ingresos no repuntan al ritmo necesario. En ese escenario, la separación entre empatía y política pública devendría en acumulación de daño social sin ganancia macroeconómica compensatoria. La tarea de los próximos meses será observar si la inflación mayorista que retrocede genera las condiciones para una expansión crediticia responsable o si simplemente representa la quietud de una economía que no crece. Esa será la verdadera medida del éxito o fracaso de las políticas implementadas.