La estructura del mercado de trabajo argentino atraviesa una transformación profunda y preocupante. Durante los últimos doce meses, la economía del país experimentó un fenómeno paradójico: mientras se generaron más de 254 mil puestos de empleo, la mayoría de ellos carecieron de las protecciones básicas que históricamente caracterizaron al trabajo formal en la región. Simultáneamente, desaparecieron 54.836 empleos registrados, continuando una tendencia que erosiona la base de derechos laborales conquistada durante décadas. Este movimiento dual representa no solo un cambio numérico en las cifras de ocupación, sino una reconfiguración completa de las garantías y beneficios disponibles para quienes trabajan.
Las cifras oficiales del organismo nacional de estadísticas revelan el alcance de esta transformación. Los trabajadores que se desempeñan sin registro formal en sus actividades principales alcanzaron los 5.595.322 en 2025, superando por primera vez la cifra de 5.565.674 registrada hace apenas un año. Paralelamente, quienes trabajan por cuenta propia —una categoría que incluye tanto a pequeños emprendedores como a personas que facturan servicios sin relación de dependencia— pasaron de 5.857.571 a 6.082.462. En conjunto, estas dos modalidades laborales concentraron prácticamente la totalidad del crecimiento ocupacional del período. Comparando con dos años atrás, el contraste resulta aún más marcado: desde 2023 se han incorporado 461 mil puestos de estas características, mientras que la rama de empleados asalariados con beneficios legales se contrajo en 182 mil posiciones.
Un mercado de trabajo fragmentado
La composición total del empleo en la Argentina suma actualmente 22.730.304 puestos de trabajo, cifra que muestra un aumento respecto de los 22.530.602 del año anterior. Sin embargo, esta expansión global oculta dinámicas internas divergentes. Los asalariados registrados —aquellos que cotizan a la seguridad social, poseen cobertura médica a través de obra social y acceso a los beneficios previsionales— se redujeron de 11.107.357 a 11.052.521. Esto significa que menos de la mitad del empleo total en el país cuenta hoy con estas garantías elementales. Específicamente, los puestos de asalariados registrados representan apenas el 48,6% del total, proporción que varía significativamente según el género: mientras que entre las mujeres alcanza al 50,5%, entre los varones desciende al 47,1%.
La distribución por sexo del empleo total refleja asimetrías de larga data. Los varones ocupan 12.653.229 puestos frente a los 10.077.076 que desempeñan mujeres. En cuanto a la composición sectorial, los empleos privados formales e informales en conjunto alcanzan 18.987.387 posiciones, mientras que el sector público concentra 3.743.918 trabajadores. Esta estructura muestra cómo la precarización laboral no es uniforme: mientras que el empleo público mantiene cierta estabilidad, el sector privado se ha convertido en el epicentro de la informalización, con dos tercios de sus posiciones funcionando sin los mecanismos de protección que caracterizaban al modelo de relaciones laborales anterior.
Una tendencia que se profundiza desde la pandemia
La trayectoria histórica de estos datos revela que el presente no surge de la nada, sino que constituye el punto final de una cadena de transformaciones iniciadas hace años. Cuando se observan las series estadísticas disponibles desde 2016, se constata que los asalariados sin registro comenzaban ese año con 4.636.000 personas. Para 2019, previo a la irrupción de la pandemia, la cifra había ascendido a 4.902.000. Luego sobrevino la crisis sanitaria, que provocó una caída abrupta llegando al piso de 4.109.000 en 2020, el punto más bajo de la serie. Desde entonces, la recuperación no fue hacia el modelo anterior de trabajo protegido, sino hacia la consolidación de la informalidad: 5.331.000 en 2022 y finalmente 5.595.000 en la actualidad. Este movimiento sugiere que los puestos perdidos durante la cuarentena no reaparecieron con sus características originales, sino que fueron reemplazados por modalidades más precarias.
Quienes trabajan sin registro formal se encuentran expuestos a vulnerabilidades específicas que las estadísticas no capturan completamente. Carecen de cobertura médica garantizada a través de obra social, no tienen protección en caso de accidentes laborales y están excluidos de los regímenes de jubilación y pensión de la seguridad social. Esta última exclusión genera consecuencias de largo plazo particularmente graves: al llegar a la edad jubilatoria, estas personas descubren que no han acumulado los treinta años de aportes requeridos para acceder a una jubilación contributiva. La informalidad de hoy se transforma así en indigencia de mañana, extendiendo sus efectos a través del ciclo vital de los trabajadores. El cuentapropismo, aunque aparenta mayor autonomía, reproduce en gran medida estas dinámicas de precariedad, con registros significativos de trabajadores que se desempeñan en la economía informal sin capacidad de acceso a derechos previsionales.
Una aclaración metodológica resulta relevante para interpretar correctamente estos números: las cifras de puestos de trabajo no coinciden necesariamente con la cantidad de personas ocupadas, ya que un individuo puede desempeñarse simultáneamente en múltiples actividades laborales. Esto significa que la cifra total de 22.730.304 puestos podría estar distribuida entre una cantidad menor de personas, algunas de las cuales se ven obligadas a combinar varias fuentes de ingreso para alcanzar niveles de vida aceptables. Este fenómeno de pluriempleo involuntario constituye un indicador adicional de precarización: no representa mayor dinamismo laboral sino fragmentación de oportunidades.
Implicancias macroeconómicas de la transformación laboral
Los cambios en la composición del empleo generan consecuencias que trascienden lo laboral e impactan en la dinámica económica general. A medida que el empleo privado formal se contrae en beneficio del informal y el cuentapropismo, desciende el costo laboral promedio que las empresas deben afrontar. Simultáneamente, se reduce la participación que las remuneraciones del trabajo asalariado representan dentro del valor total de la producción. Históricamente, el modelo de desarrollo argentino se había basado en relaciones laborales más institucionalizadas, donde la cotización obligatoria a sistemas de seguridad social y la cobertura médica constituían costos empresariales que impulsaban cierta redistribución. La transición hacia estructuras informales implica que una porción creciente del valor generado no se canaliza hacia trabajadores protegidos sino hacia formas de compensación más volátiles y desprotegidas.
La precarización y el deterioro simultáneo de los salarios reales generan dinámicas de empobrecimiento que se autoperpetúan. Trabajadores con menores ingresos y sin cobertura médica tienen menor capacidad de consumo, lo que a su vez presiona sobre la demanda agregada. Simultáneamente, la ausencia de protecciones incentiva comportamientos de riesgo empresarial: empleadores enfrentan menores restricciones para ajustar plantillas, modificar condiciones de trabajo o exigir mayor intensidad laboral. En el largo plazo, esta estructura tiende a generar ciclos de inestabilidad donde los trabajadores carecen de suficiente seguridad económica para planificar inversiones en formación o bienes de consumo duradero. Los efectos acumulativos de estos procesos van más allá de estadísticas puntuales y se traducen en transformaciones de la estructura social.
Las perspectivas sobre las consecuencias de esta reconfiguración laboral divergen según posiciones analíticas distintas. Algunos analistas sostienen que esta informalización refleja una insuficiente creación de empleo de calidad en el sector privado formal y demanda intervenciones de política pública dirigidas a reducir costos no salariales de la contratación formal. Otros enfatizan que la precarización constituye una erosión de derechos conquistados históricamente y que requiere fortalecimiento de mecanismos de protección, inspección laboral y extensión de beneficios sociales a trabajadores informales. Un tercer grupo señala que estas transformaciones responden a dinámicas globales de flexibilización laboral que afectan a múltiples economías y que políticas aisladas resultan insuficientes sin coordinación internacional. Lo que permanece indiscutible es que el mercado de trabajo argentino experimentó cambios estructurales significativos en los últimos años, con implicancias que se proyectarán sobre las próximas décadas.
